Por Efrén Díaz Díaz

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Efrén Díaz Díaz, responsable del área de tecnología y espacial del Bufete Mas y Calvet, en el presente artículo analiza desde una perspectiva jurídico-crítica el debate emergente en España y en el ámbito de la Unión Europea sobre la fijación de los 16 años como edad mínima para acceder a plataformas de redes sociales.

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Resumen

A partir del marco normativo vigente —integrado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Reglamento de Servicios Digitales (DSA)— se examina la eficacia real de la prohibición etaria como instrumento de protección, sus limitaciones técnicas de implementación y los riesgos de vulneración de los derechos fundamentales del menor. El análisis propone un enfoque de corresponsabilidad regulatoria distribuida entre plataformas, familias y Estado, articulado sobre los principios del interés superior del menor, la privacidad por diseño y la alfabetización digital como verdadera herramienta de tutela.

1. Introducción: el menor en el ecosistema digital

La presencia de menores de edad en plataformas de redes sociales constituye hoy uno de los fenómenos sociales y jurídicos más complejos de nuestra era, con consecuencias difíciles de determinar para los actuales nativos digitales y para las generaciones venideras.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2024, el 94,5% de los jóvenes españoles de entre 10 y 15 años utiliza Internet de forma habitual, y más del 70% de los adolescentes de 12 y 13 años dispone de perfil activo en al menos una plataforma de red social, pese a que la edad mínima declarada por dichas plataformas se fija en 13 años en aplicación del marco norteamericano derivado de la Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Este desfase entre la realidad sociológica y el marco normativo formal constituye el punto de partida del debate que interesa analizar. No se pretende fijar una posición en términos ideológicos a favor o en contra de la restricción etaria, sino ofrecer un análisis técnico-jurídico riguroso que permita evaluar la aptitud, proporcionalidad y viabilidad efectiva de la elevación de la edad mínima de acceso a redes sociales hasta los 16 años, medida que han adoptado o que están evaluando activamente varios Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, Francia —que la aprobó mediante Ley núm. 2023-566 de 19 de mayo de 2023— y Noruega.

El análisis se estructura en torno a cuatro ejes: 1) el marco jurídico multinivel aplicable; 2) los problemas técnicos de verificación de edad; 2) los conflictos con derechos fundamentales del menor; y 2) las alternativas regulatorias orientadas a una tutela efectiva y proporcional. A lo largo de estos ejes se prestará atención al papel que corresponde a cada actor del ecosistema digital: legisladores, autoridades de supervisión, plataformas tecnológicas, familias y, en última instancia, los propios menores como titulares de derechos.

2. Marco jurídico multinivel: de Bruselas a Madrid

2.1          El RGPD y la edad de consentimiento digital

El Reglamento (UE) 2016/679, conocido como RGPD, introdujo en su artículo 8 la figura de la «edad de consentimiento digital», y estableció un rango normativo que permite a los Estados miembros fijar el umbral entre los 13 y los 16 años para el tratamiento lícito de datos personales de menores en el contexto de servicios de la sociedad de la información ofrecidos directamente a niños.

1. Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años.

2. El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible.

3. El apartado 1 no afectará a las disposiciones generales del Derecho contractual de los Estados miembros, como las normas relativas a la validez, formación o efectos de los contratos en relación con un niño.

Esta disposición es de capital importancia por cuanto reconoce implícitamente que la edad de madurez digital no es uniforme en el contexto europeo, abriendo así un espacio de diversidad normativa que, paradójicamente, puede generar arbitraje regulatorio entre jurisdicciones.

España ejerció esta facultad de margen de apreciación nacional a través del artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y fijó dicha edad en 14 años, con el sistema de consentimiento parental por debajo de ese umbral, un año por encima de la edad mínima de los 13 años en redes sociales como Meta:

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

La propuesta de elevarla a 16 años, actualmente en tramitación parlamentaria, exigiría una modificación de este precepto legal.

Conviene precisar, sin embargo, que el artículo 8 del RGPD se refiere exclusivamente al consentimiento para el tratamiento de datos personales, no a la edad de acceso a plataformas digitales como categoría más amplia. La distinción es jurídicamente relevante: una cosa es que un menor de 16 años no pueda consentir válidamente el tratamiento de sus datos y otra distinta que se le prohíba directamente el acceso a la plataforma. La primera medida opera en el plano del Derecho de protección de datos; la segunda, en el plano del Derecho de las comunicaciones electrónicas y, potencialmente, en el de la libertad de expresión e información.

2.2          El Reglamento de Servicios Digitales (DSA): un cambio de paradigma

El Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales (Digital Services Act, DSA), representa la reforma más sustantiva del entorno normativo digital europeo desde la Directiva de Comercio Electrónico de 2000. Su entrada en vigor plena en febrero de 2024 ha transformado las obligaciones de las grandes plataformas —denominadas plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP, por sus siglas en inglés)— en materia de protección de usuarios vulnerables, con especial incidencia en los menores.

El artículo 28 del DSA prohíbe expresamente a las plataformas accesibles a menores presentar publicidad basada en perfiles de usuarios menores de edad, así como utilizar sus datos para actividades de elaboración de perfiles con fines publicitarios. El artículo 35 impone la obligación de adoptar medidas de mitigación de riesgos sistémicos para los menores, mientras que el artículo 45 establece la posibilidad de adoptar códigos de conducta sectoriales. Estas disposiciones, de aplicación obligatoria para plataformas como Instagram, TikTok o YouTube, configuran un régimen de debida diligencia reforzada que algunos expertos han calificado como constitucionalización del espacio digital.

«Las plataformas de muy gran tamaño deberán evaluar anualmente los riesgos sistémicos que plantean sus sistemas de recomendación y adoptar medidas de mitigación razonables, proporcionadas y eficaces, teniendo especialmente en cuenta el interés superior de los menores» (artículo 35.1.d DSA).

2.3          La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas

La Directiva (UE) 2018/1808, que modifica la Directiva 2010/13/UE sobre servicios de comunicación audiovisual (AVMSD), amplía el ámbito de aplicación de las obligaciones de protección de menores a las plataformas de intercambio de vídeos, al exigir que adopten medidas adecuadas para proteger a los menores de contenidos perjudiciales para su desarrollo físico, mental o moral. España transpuso esta directiva a través del Real Decreto-ley 4/2021 y, posteriormente, mediante la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

El artículo 100 de esta ley establece las obligaciones específicas de los prestadores del servicio de plataforma para el intercambio de vídeos en materia de protección de menores:

La autoridad audiovisual competente pondrá en marcha actuaciones dirigidas a fomentar la producción y emisión de programas especialmente recomendados para menores de edad, adaptados a su edad, madurez y lenguaje que promuevan su desarrollo y bienestar integral.

Se incluyen sistemas de control parental, mecanismos de notificación de contenidos ilícitos y sistemas de verificación de edad para contenidos sujetos a restricción. La arquitectura normativa resultante configura, pues, un sistema de obligaciones escalonadas en función del tipo de plataforma, el carácter del contenido y la edad del usuario.

2.4          El Derecho comparado europeo: el experimento francés y australiano

La Ley francesa de 19 de mayo de 2023 sobre protección de menores en el espacio digital constituye hasta la fecha el ejemplo más avanzado de regulación etaria en el ámbito europeo. Dicha norma establece que los menores de 15 años —edad de consentimiento digital fijada en Francia desde 2018— no podrán acceder a redes sociales sin el consentimiento parental, cuya verificación recae sobre las propias plataformas. El Conseil d’État y el Conseil Constitutionnel validaron la constitucionalidad de la medida, si bien con importantes matizaciones relativas a la proporcionalidad de las técnicas de verificación de identidad.

Australia fue más lejos con la Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024, que elevó la edad mínima de acceso a redes sociales a 16 años, e impuso multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos a las plataformas que no adopten medidas razonables para hacer cumplir dicha restricción. Este precedente ha suscitado un intenso debate global sobre el modelo de enforcement y sobre si la responsabilidad debe recaer principalmente en las plataformas, en los padres o en el propio Estado a través de sistemas de identidad digital.

3. Los límites técnicos de la verificación de edad

3.1          El estado de la técnica: entre la eficacia y la privacidad

El principal problema práctico que a nuestro juicio plantea cualquier sistema de verificación de edad online reside en la tensión estructural entre dos mandatos normativos aparentemente contradictorios: la obligación de verificar la edad del usuario para cumplir la normativa protectora del menor y la prohibición de tratar datos de identidad con mayor alcance del estrictamente necesario en aplicación del principio de minimización de datos (artículo 5.1.c RGPD). Esta antinomia ha sido denominada por la doctrina anglosajona como el “age assurance paradox”.

Los sistemas de verificación de edad disponibles en la actualidad pueden clasificarse en tres grandes categorías: 1) sistemas basados en declaración propia o consentimiento parental, que presentan una eficacia mínima ante usuarios determinados a falsear su edad; 2) sistemas basados en la verificación de documentos de identidad o tarjetas de crédito, que resuelven el problema de la eficacia a costa de crear bases de datos masivas de información sensible; y 3) sistemas de estimación de edad mediante inteligencia artificial y análisis biométrico, como el reconocimiento facial, que plantean serios problemas bajo el RGPD en tanto que implican el tratamiento de datos biométricos de categoría especial (artículo 9 RGPD).

El Reino Unido, a través de su Age Appropriate Design Code (Children’s Code) de 2021, supervisado por el Information Commissioner’s Office (ICO), ha optado por un enfoque de “anonimización compatible”, al admitir sistemas que verifican el rango etario sin revelar la identidad exacta del usuario.

En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en noviembre de 2023 un documento orientativo sobre sistemas de verificación de edad que concluía que ninguno de los modelos existentes ofrece actualmente una solución técnica plenamente compatible con los principios del RGPD.

3.2          El efecto sustitución y el riesgo de exclusión digital

Un argumento recurrente en la literatura especializada sobre restricciones de acceso digital a menores es el denominado “efecto sustitución”: la constatación empírica de que la prohibición formal de acceso a una plataforma no elimina el deseo de acceso del menor, sino que lo redirige hacia canales menos regulados y potencialmente más peligrosos. Estudios longitudinales realizados en el contexto de la regulación australiana apuntan a que hasta un 65% de los menores afectados por restricciones de acceso utiliza herramientas de evasión —como VPN, cuentas falsas o la utilización de dispositivos de terceros— para acceder igualmente a las plataformas restringidas. Así se agrava el problema del acceso de menores a redes sociales, en lugar de mitigarlo o resolverlo.

Este fenómeno tiene una doble consecuencia jurídica de primera magnitud: por un lado, vacía de eficacia real la prohibición normativa, y termina por convertir la ley en una declaración simbólica de intenciones; por otro, traslada a los menores al espacio de la irregularidad formal, privándoles de los mecanismos de protección que sí operan en las plataformas reguladas —herramientas de reporte de contenidos, cuentas con configuración de privacidad reforzada, acceso a recursos de ayuda en situaciones de ciberbullying o autolesión—.

3.3          La identidad digital soberana como alternativa estructural

En este contexto técnico-normativo, cobra especial relevancia el debate sobre la identidad digital soberana (Self-Sovereign Identity, SSI) como infraestructura que permitiría al usuario acreditar su rango etario sin revelar su identidad completa.

El Reglamento (UE) 2024/1183, relativo al establecimiento del Marco Europeo de Identidad Digital (eIDAS 2.0), contempla expresamente la creación de “carteras de identidad digital europeas” que permitirán a los ciudadanos gestionar sus atributos de identidad —incluida la edad verificada— de forma selectiva y bajo su propio control.

Su plena implementación, prevista para 2026, podría ofrecer una solución técnicamente compatible con el RGPD para los sistemas de verificación de edad.

4. Tensiones con los derechos fundamentales del menor

4.1          El menor como titular autónomo de derechos fundamentales

Una de las premisas frecuentemente omitidas en el debate político sobre la restricción de acceso a redes sociales es que los menores no son meros objetos de protección jurídica, sino sujetos titulares de derechos fundamentales propios y autónomos.

El artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), de 1989, vinculante para España desde su ratificación en 1990, consagra el principio del interés superior del menor como consideración primordial en todas las medidas que les afecten, incluso cuando dichas medidas emanen del poder legislativo.

El Comité de los Derechos del Niño ha interpretado sistemáticamente este principio en el sentido de que las restricciones a los derechos del niño deben ser necesarias, proporcionales y estar orientadas a su verdadero bienestar, no a la mera conveniencia administrativa o a la tranquilidad social de los adultos.

4.2          La libertad de expresión e información del menor

El artículo 20.1.a) y d) de la Constitución Española reconoce el derecho a expresarse libremente y a recibir información veraz, sin distinguir en razón de la edad del titular. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reconocido en múltiples pronunciamientos que las restricciones de acceso a plataformas digitales constituyen injerencias efectivas en el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sujetas al triple test de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es un enfoque diferente y más amplio que el de entender la limitación de acceso por parte del menor como una ventaja e, incluso, como una protección garantizada.

Una prohibición general de acceso a redes sociales para todos los menores de 16 años, sin distinción por tipo de plataforma, funcionalidades o perfil concreto del usuario, plantea serias dudas de superación de dicho test de proporcionalidad. La medida podría ser formalmente legal (cumpliría el requisito de base legal al derivar de una norma con rango de ley aprobada por el parlamento legítimo), pero su necesidad y proporcionalidad en sentido estricto son más discutibles, dado que existen medidas alternativas menos restrictivas —como el diseño seguro por defecto, la restricción funcional o el control parental reforzado— igualmente orientadas a proteger a los menores de los riesgos digitales identificados.

4.3          El derecho al libre desarrollo de la personalidad en el entorno digital

Las plataformas digitales y las redes sociales constituyen hoy para los adolescentes un espacio central de socialización, construcción identitaria y desarrollo de la personalidad. La exclusión formal de los menores de 13 a 15 años de estos espacios podría, paradójicamente, generar un efecto de aislamiento social, con la consecuencia directa de afectar a su bienestar emocional y a su participación en los procesos de formación de la opinión pública en la esfera digital.

Este argumento no es meramente sociológico: tiene traducción jurídica directa en el artículo 10 de la Constitución —libre desarrollo de la personalidad— y en el artículo 16 de la CDN, que reconoce el derecho del niño a su privacidad y a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada.

La Observación General núm. 25 del Comité de los Derechos del Niño (2021), dedicada específicamente a los derechos de la infancia en relación con el entorno digital, subraya que los Estados tienen la obligación positiva de garantizar que los menores, considerados sujetos de derecho y no sólo objetos a proteger, puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece el mundo digital, sin que las medidas de protección se conviertan en obstáculos desproporcionados a su participación en la vida social y cultural contemporánea.

5. HACIA UN MODELO DE CORRESPONSABILIDAD REGULATORIA DISTRIBUIDA

5.1          La responsabilidad primaria de las plataformas: Privacy by Design y Safety by Default

Si hay un principio que el previo análisis permite enunciar con solidez es que la responsabilidad de garantizar entornos digitales seguros para los menores no puede —ni debe— recaer exclusivamente en las familias o en el Estado.

El modelo de “responsabilidad responsable” (accountability) del RGPD, desarrollado en su artículo 24, y las obligaciones del DSA configuran un sistema en el que las plataformas son responsables activas de diseñar sus servicios de forma que minimicen los riesgos para los usuarios vulnerables.

El principio de privacidad por diseño (Privacy by Design), establecido en el artículo 25 del RGPD, y su correlato de “seguridad por defecto” (Safety by Default), consagrado en el artículo 28.2 del DSA para plataformas accesibles a menores, exigen que las configuraciones más protectoras sean las predeterminadas, sin necesidad de que el usuario —o su progenitor— las active expresamente.

Esto implica, en la práctica, que plataformas como Instagram o TikTok deberían configurar por defecto las cuentas de usuarios menores con las máximas restricciones de privacidad, sin publicidad comportamental, sin sistemas de recomendación algorítmica orientados al engagement infinito y con acceso restringido a contenidos para adultos.

5.2          El papel del Estado: regulación basada en riesgos, no en edades

El paradigma regulatorio más coherente con los principios del constitucionalismo democrático no es el de la prohibición etaria uniforme, sino el de la regulación basada en riesgos (Risk-Based Regulation), ya consagrado en el DSA.

Bajo este modelo, la intensidad de las obligaciones impuestas a las plataformas se gradúa en función de los riesgos sistémicos identificados —adicción, violencia, contenido sexual, ciberbullying, trastornos de conducta alimentaria— y no en función de la mera pertenencia del usuario a un grupo de edad.

Este enfoque permitiría 1) imponer restricciones severas a funcionalidades específicamente dañinas —sistemas de recomendación infinita, notificaciones push nocturnas, métricas de popularidad como los “me gusta” visibles— sin prohibir el acceso general a la plataforma; 2) exigir el rediseño de interfaces orientadas a la explotación psicológica de usuarios menores; y 3) articular mecanismos de supervisión y sanción efectivos, asignando recursos de inspección proporcionados a la dimensión de los riesgos detectados.

5.3          La educación digital como pilar irrenunciable

Ninguna solución regulatoria será eficaz, a nuestro juicio, sin el complemento de una robusta política de educación digital en el sistema educativo formal. La alfabetización mediática y la competencia digital crítica —ya reconocidas como competencias clave en el marco europeo de competencias digitales (DigComp 2.2)— deben formar parte del currículo obligatorio desde la educación primaria.

La Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) apunta en esta dirección al establecer el fomento de las competencias digitales y la formación en el uso seguro de Internet como objetivos transversales del sistema educativo, aunque su implementación efectiva continúa siendo desigual y fragmentaria, de modo que se agrava el problema en lugar de generar soluciones.

Las familias, asimismo, juegan un papel insustituible como primera instancia de educación y de mediación en el acceso digital de los menores. Sin embargo, la corresponsabilidad familiar presupone que las familias dispongan de los recursos, la formación y el acompañamiento institucional necesarios para ejercer ese rol de tutela digital. La brecha de competencia digital entre adultos y menores —frecuentemente más pronunciada en entornos socioeconómicos desfavorecidos— constituye, en este sentido, un factor de desigualdad estructural que cualquier política regulatoria debe tomar en consideración.

5.4          Propuesta de un marco regulatorio integral

Con base en el estudio precedente, cabría proponer un marco regulatorio articulado en cinco ejes complementarios:

• Eje 1 — Diseño seguro por mandato legal: Imposición a las plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOP) de la obligación de implementar configuraciones de máxima protección para cuentas de menores, incluida la expresa prohibición de publicidad conductual, sistemas de recomendación algorítmica agresiva y métricas de popularidad visibles para usuarios menores de 18 años.
• Eje 2 — Verificación de edad proporcional: Desarrollo, bajo la supervisión de la AEPD y en el marco del eIDAS 2.0, de sistemas de acreditación de rango etario que no impliquen la creación de bases de datos de identidad centralizadas, al aplicar el principio de privacidad diferencial.
• Eje 3 — Regulación funcional diferenciada: Sustitución de la prohibición de acceso por la restricción de funcionalidades específicas de riesgo, con un catálogo revisable anualmente por las autoridades de supervisión en colaboración con la comunidad científica y educativa.
• Eje 4 — Supervisión y sanción efectiva: Dotación de recursos humanos y técnicos suficientes a la AEPD y a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para ejercer una supervisión proactiva de las obligaciones del DSA, con capacidad sancionadora realmente disuasoria.
• Eje 5 — Educación digital sistémica: Incorporación obligatoria de la alfabetización mediática crítica, la gestión de la privacidad y la salud digital en el currículo de educación primaria y secundaria, con formación específica para familias y docentes.

• CONCLUSIONES

El debate sobre la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años revela, en el fondo, una tensión más profunda y estructural: la dificultad de los sistemas jurídicos tradicionales para responder a los desafíos de un entorno digital en permanente transformación.

La respuesta legislativa de elevar la edad mínima puede resultar políticamente comprensible —e incluso aparentemente legítima como señal normativa— pero jurídicamente insuficiente, técnicamente problemática y potencialmente contraproducente en términos de protección real del menor, más considerado como objeto a proteger que como sujeto de derechos fundamentales.

El análisis desarrollado en el presente estudio permitiría enunciar las siguientes conclusiones:

1. La prohibición etaria uniforme no supera con holgura el test de proporcionalidad exigido por el sistema europeo de derechos fundamentales, debido a la existencia de medidas alternativas menos restrictivas y potencialmente más eficaces.
2. Los sistemas de verificación de edad disponibles presentan una tensión estructural con los principios del RGPD que no está plenamente resuelta, y cuya solución técnica más prometedora —la identidad digital soberana del eIDAS 2.0— no estará operativa de forma generalizada hasta 2027-2028.
3. El modelo del DSA, basado en la responsabilidad activa de las plataformas y en la regulación de riesgos sistémicos, ofrece un marco jurídicamente más idóneo que la prohibición etaria generalizada para abordar los daños digitales específicos sobre los menores.
4. La eficacia de cualquier medida regulatoria queda condicionada en la práctica a su complemento con políticas robustas de educación digital y apoyo a las familias, sin las cuales el fenómeno del acceso irregular continuará vaciando de contenido real las restricciones formales.
5. El menor debe ser reconocido como sujeto activo del proceso regulatorio como titular de derechos fundamentales, no como mero destinatario pasivo de protección. Las consultas públicas y los mecanismos de participación juvenil en el diseño de las normas que les afectan no son solo un imperativo democrático, sino una exigencia derivada del artículo 12 de la CDN.

En definitiva, la protección efectiva de los menores en el entorno digital no parece conseguirse con una sola prohibición, por bien intencionada que sea. Se podría conseguir con un ecosistema regulatorio coherente, técnicamente solvente y pedagógicamente acompañado, principalmente por su familia, que coloque al menor —con todos sus derechos, no solo con sus vulnerabilidades— en el centro del sistema.

Autor

Efrén Díaz Díaz

Abogado, Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra.

Máster Internacional Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información (Universidad San Pablo CEU).

Asociado Senior. Responsable de las Áreas de Tecnología y Derecho Espacial del Bufete Mas y Calvet (Madrid).

Autor del Código Geoespacial del Boletín Oficial del Estado (BOE) de España.

Secretario General de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial.

Miembro del Consejo Asesor de la Sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid

Miembro del Grupo de Trabajo de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).

Experto INSPIRE Maintenance and Implementation en la Infrastructure for Spatial Information in the European Community (European Comission).

“EU Data Spaces” Working Group. ISO/TC 211, Geographic information. Spain Member (CIB Resolution 2022-27)

Vocal del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 148 de Información Geográfica Digital de UNE.

Profesor en Programas Máster de la Universidad de Navarra.

Perfil en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/efrendiaz/