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Por Rocío Hevia-Aza

El ingreso en prisión activa un procedimiento jurídico complejo y plenamente regulado, sustentado en la Constitución, la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. Un marco normativo que organiza la vida en prisión y condiciona aspectos clave como la clasificación, los permisos o la progresión de grado. Rocio Hevia-Aza, abogada del área penal del Bufete Mas y Calvet, analiza en este artículo con un enfoque riguroso y práctico, todo lo que se necesita saber sobre el proceso de ingreso en prisión y las claves que pueden marcar la diferencia en el futuro del interno.

Cuando una persona se ve obligada a ingresar en prisión —ya sea como consecuencia del cumplimiento de una medida cautelar de prisión provisional o de una pena impuesta en sentencia firme— puede ser de gran utilidad conocer con antelación, en la medida de lo posible, el proceso de ingreso en prisión y, más aún, los derechos y deberes inherentes a la condición de interno, a fin de enfrentar esta compleja nueva situación vital de la manera más serena posible.

Tal es la importancia de conocer esta nueva realidad que resulta esencial entender que, una vez en prisión, se activa un auténtico procedimiento jurídico regulado por la Constitución, la Ley Orgánica General Penitenciaria (en adelante, “LOGP”) y el Reglamento Penitenciario (en adelante “RP”), que condicionará el día a día del interno y sus posibilidades reales de acceder a la libertad antes del cumplimiento íntegro de la pena —en el caso de que ya haya sido impuesta en sentencia firme—.

Entrevistas iniciales con profesionales del centro.

En los primeros días, el interno no solo “entra en un módulo”: pasa por una fase de observación y clasificación en la que es entrevistado por distintos profesionales del centro (jurista, psicólogo, trabajador social, educador, médico). Estas entrevistas sirven para valorar su situación personal, familiar y económica para diseñar un primer esbozo de programa individualizado de tratamiento, que será clave más adelante para permisos, tercer grado y libertad condicional.

La LOGP y el RP prevén que la clasificación inicial se haga atendiendo a la personalidad del interno, su historial delictivo, el medio al que va a retornar y las posibilidades de reinserción social (arts. 63 y 72 LOGP, arts. 102 y ss. RP). Es decir, en estas primeras entrevistas ya se siembra buena parte de la estrategia penitenciaria: cómo se explica el delito, la actitud frente a la víctima o la disposición a participar en programas específicos (drogas, violencia de género, etc.) tendrá impacto real en la evolución posterior.

Comunicaciones y visitas.

Una de las primeras garantías del interno es mantener el contacto con el exterior. La LOGP reconoce expresamente el derecho a comunicarse de forma periódica, oral y escrita, con familiares, amigos y representantes de organismos, salvo los casos de incomunicación judicial y la imposición de límites por seguridad, tratamiento o buen orden del establecimiento (arts. 51 y 52 LOGP).

Las comunicaciones telefónicas se efectuarán, en función de las circunstancias de cada establecimiento, garantizando una frecuencia mínima de cinco llamadas por semana; su duración vendrá determinada en las normas de régimen interior del centro penitenciario, no siendo inferior a cinco minutos.

El importe de la llamada será satisfecho por el interno, salvo cuando se trate de la comunicación a su familia y abogado su ingreso en un centro penitenciario, así como su traslado a otro centro en el momento del ingreso.

Su intervención o suspensión sólo puede realizarse cuando existan razones fundadas para creer que los internos están perpetrando algún delito, que esté atentando contra la seguridad del establecimiento o que se esté propagando noticias falsas que perjudiquen al buen orden del centro.

En el caso de las comunicaciones con abogados y procuradores, rige un régimen reforzado de confidencialidad, que solo puede restringirse en supuestos muy tasados y con control judicial.

Las visitas son una modalidad específica de comunicación que la LOGP contempla para los internos que no pueden disfrutar de permisos de salida, especialmente las visitas familiares e íntimas (art. 53 LOGP). Se clasifican en:

Las regulares se desarrollan con medidas de control (a través de mamparas o con vigilancia directa), suelen tener una duración aproximada de 20 a 40 minutos y se limitan a un determinado número de familiares o allegados por pase.
Las especiales o “vis a vis” permiten encuentros más prolongados y reservados con familiares cercanos, pareja o hijos menores, y suelen concederse con una periodicidad mensual o bimensual, en función del centro y de la situación penitenciaria del interno. Su autorización depende, en todo caso, del comportamiento del interno, de su clasificación penitenciaria y de la valoración que realice el Equipo Técnico.

Cabe destacar que el mantenimiento de relaciones familiares estables es considerado un factor positivo en la evaluación de su evolución penitenciaria, tanto a efectos de tratamiento como de permisos y, en su caso, de progresión de grado.

Puede suceder que el comportamiento del interno durante estas visitas (introducción de objetos prohibidos, negativa a cumplir las indicaciones del personal, incidentes disciplinarios…) termine en la incoación de un expediente sancionador. Dichas sanciones pueden pesar negativamente en la concesión de permisos, en la progresión a tercer grado o en la futura libertad condicional, de modo que la “vida familiar” en prisión, aunque necesaria, también debe cuidarse desde una perspectiva técnico‑jurídica.

Información, quejas y recursos.

El sistema penitenciario garantiza al interno el derecho a formular peticiones y quejas ante la Administración y ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (arts. 49 y 50 LOGP). Mediante las instancias, el interno puede solicitar información, pedir cambios de módulo, acceso a actividades o denunciar irregularidades en el funcionamiento del centro.

Cuando lo que está en juego es un derecho fundamental o una sanción disciplinaria, entra en escena el Juez de Vigilancia Penitenciaria (art. 76 LOGP), pudiendo revisar decisiones de Instituciones Penitenciarias y entrevistarse directamente con el interno. Además, las comunicaciones dirigidas al Defensor del Pueblo u otros órganos de control no pueden ser censuradas por el centro, lo que ofrece una vía adicional de protección.

Permisos y beneficios penitenciarios.

Los permisos ordinarios de salida (art. 47 LOGP y art. 154 RP) se conceden, previa valoración del Equipo Técnico, a internos en segundo o tercer grado que hayan cumplido al menos una cuarta parte de la condena, mantengan buena conducta y no presenten un riesgo relevante de fuga o reincidencia. La duración máxima es de siete días por permiso y el límite anual suele ser de 36 días en segundo grado y 48 en tercero, como preparación para la vida en libertad.

El trabajo penitenciario y la participación en programas de tratamiento también se valoran como elementos de beneficio penitenciario, en el sentido de favorecer permisos, progresiones de grado y, en general, decisiones más favorables dentro de la ejecución. Aunque las antiguas redenciones de penas han quedado prácticamente superadas, hoy se da especial relevancia al aprovechamiento del tratamiento y al cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito.

Tercer grado y libertad condicional: juez de Vigilancia Penitenciaria.

El tercer grado supone el acceso a un régimen de semilibertad, normalmente en centros abiertos o Centros de Inserción Social, y se basa en la evolución del interno, la naturaleza del delito y su integración social (arts. 72 y ss. LOGP y arts. 100 y ss. RP). La clasificación y progresión a tercer grado pueden ser revisadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a través de los recursos previstos en el art. 76 LOGP.

La libertad condicional (arts. 90 y 91 CP) se configura como una suspensión del resto de la pena de prisión, condicionada al cumplimiento de requisitos como: clasificación en tercer grado, buena conducta, pronóstico individualizado y favorable de reinserción y cumplimiento, con carácter general, de las tres cuartas partes de la condena. El Juez de Vigilancia Penitenciaria es quien acuerda la concesión, pudiendo, en determinadas modalidades, adelantarla a las dos terceras partes o incluso a la mitad de la pena para penados primarios con condenas no superiores a tres años.

Rocío Hevia-Aza es abogada, colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid desde 2024.

Es también licenciada en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad por la Universidad CEU San Pablo (2023).

Ha realizado prácticas profesionales en el sector legal, especializándose en Derecho Penal, más concretamente en delitos económicos, área que integra actualmente en el despacho.

Se incorpora al Bufete Mas y Calvet en 2023.

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CONCLUSIÓN

En conclusión, no se debe olvidar que los internos que desarrollan su vida en un centro penitenciario también forman parte de la sociedad y tienen derecho a una vida digna, toda vez que la finalidad de la pena y de la actividad penitenciaria es la reeducación y la reinserción social de los privados de libertad (art. 1 LOGP y art. 2 RP).

Debe tenerse en cuenta, además, que el regreso a la vida en libertad no es automático ni sencillo. La experiencia demuestra que, tras períodos prolongados de internamiento, muchas personas encuentran dificultades reales para readaptarse a la sociedad, retomar vínculos familiares y acceder al mercado laboral. Por ello, la estancia en prisión no debería concebirse como un simple paréntesis punitivo, sino como una etapa que ha de ser cuidadosamente orientada al tratamiento y a la reinserción, de modo que la persona presa pueda salir en las mejores condiciones posibles para desarrollar un proyecto de vida en libertad y alejado del delito.