Nuevos delitos que pueden cometer las empresas con la reforma del Código Penal

A partir de mañana, miércoles 13 de marzo, entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero, por la que se modificará el Código Penal. Esta Ley Orgánica afectará de lleno a delitos comisibles por la persona jurídica y pone en valor la seguridad que supone contar con un plan de compliance penal adaptado a la realidad de cada empresa y de su sector. Esta novedad legal tiene dos efectos:

• Transpone cuatro Directivas pendientes con incidencia penal en distintas materias, como son el abuso de mercado,  la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión y la protección del euro y otras monedas frente a la falsificación.

• Completa la regulación de determinados delitos, adaptándolos a directrices de carácter internacional, como son el régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos, y la regulación de los delitos de corrupción, reparando las grietas que la actual regulación presentaba.

NUEVOS DELITOS Y AMPLIACIÓN DE OTROS EXISTENTES

De manera muy sintética, Cristina Sterling Stubbe, abogada del Bufete Mas y Calvet y especialista en compliance penal, aclara que las modificaciones en el Código Penal afectarán a la tipificación y a la punición de los siguientes delitos que pueden cometer las empresas:

Tráfico de órganos humanos

• En respuesta al incremento del riesgo, la nueva redacción es mucho más extensa y detallada, precisando la delimitación y definición de las conductas típicas.

Manipulación de cotizaciones en los mercados

• Incorpora la utilización de internet y de tecnologías de la información y comunicación.
• Amplía el objeto de protección a los contratos de contado sobre materias primas relacionadas con instrumentos y a los índices de referencia.
• Incrementa las sanciones.
• Agrava las penas atendiendo a la autoría (empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades rectoras de mercados regulados o centros de negociación).

Abuso de información privilegiada

• Tipifica nuevas formas de comisión del hecho delictivo.
• Define quién se entiende que tiene acceso a información privilegiada
• También agrava las penas atendiendo a la autoría (empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades rectoras de mercados regulados o centros de negociación).

Corrupción (en su vertiente privada y pública)

En este caso, se han colmado vacíos que la legislación actual presentaba:

• Incorpora nuevas conductas en la definición de la tipicidad que conforma la corrupción en el ámbito privado: la corrupción en los negocios.
• Amplía el concepto de funcionario público que debe tenerse en cuenta en los delitos de cohecho (que afecta también a la malversación)
• Precisa la responsabilidad de funcionarios extranjeros en el tráfico de influencias.

Malversación

• Incluye el delito de malversación cometido por personas jurídicas que por cualquier motivo gestionen recursos públicos o de cualquier otro modo estén encargados del erario público.

Terrorismo

• Extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo, que hasta ahora solo se preveía para los delitos de financiación del terrorismo.

Falsificación de moneda

• Amplía las sanciones a las personas jurídicas cuando sean responsables penales de este tipo de hechos delictivos.
• Precisa los supuestos de protección penal de la moneda en las fases previas a su puesta oficial en circulación.
• Amplia la protección penal del euro y de cualquier moneda extranjera cuando la falsificación afecta a las fronteras de la Unión Europea.

Las novedades que trae esta reforma del Código Penal (ampliación del delito de malversación y otros, la ampliación de las conductas típicas, el endurecimiento de las sanciones, etc.) suponen un reto para las empresas y ponen en valor los planes de compliance penal, que controlan y limitan los riesgos legales. Los planes de prevención penal son una herramienta estratégica para que las personas jurídicas desempeñen sus funciones con los mecanismos de control adecuados, que aporten seguridad y transparencia a su actividad en un contexto marcado por un endurecimiento legal.

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