Colegios, centros educativos y de ocio: obligaciones de protección integral a la infancia

28 junio, 2021

El pasado 25 de junio entró en vigor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo objetivo es garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida. ¿Qué implicaciones tendrá para colegios, centros educativos y de ocio o clubes deportivos para niños y adolescentes? Contacta con nuestros abogados si necesitas asesoramiento específico sobre esta novedad.

Aunque los centros escolares, entidades deportivas y de ocio no son los únicos a los que la Ley se refiere, nos centramos en estos dos sujetos para destacar algunas de las obligaciones. Lo primero a destacar es que la Ley define algunos conceptos fundamentales. Son los siguientes:

Violencia. Es toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital.
Buen trato. El que, respetando los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños y adolescentes.
Entorno seguro. Lo define como “aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente de protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital.”

Por un lado, la Ley Orgánica analizada será de aplicación a todos los menores de edad que se encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia, así como a los menores de nacionalidad española en el exterior.

Por otro, las obligaciones establecidas en la Ley serán exigibles a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúen o se encuentren en territorio español.

Formación sobre protección integral a la infancia

La norma sobre protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia también regula la formación especializada de los profesionales que tengan un contacto habitual con menores de edad y recoge la necesaria cooperación y colaboración entre las administraciones públicas. Para ello, crea la Conferencia Sectorial de la infancia y la adolescencia, y establece la necesidad de llevar a cabo la colaboración público-privada.

Esta formación especializada y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia para los profesionales que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad, y que será promovida y garantizada por las administraciones públicas, comprenderá como mínimo:

La educación en la prevención y detección precoz de toda forma de violencia a la que se refiere esta Ley.
Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de violencia.
La formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de Internet, incluyendo cuestiones relativas al uso intensivo y generación de trastornos conductuales.
El buen trato a los niños, niñas y adolescentes.
La identificación de los factores de riesgo.
Los mecanismos para evitar la victimización secundaria.
El impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes.
Además de lo anterior, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar que el personal docente y educador recibe formación específica en materia de educación inclusiva.

Será necesario estar al corriente de los programas de formación inicial y continua destinados estos profesionales que publicarán propias administraciones públicas implicadas.

Obligaciones comunes

De tal manera, y en la línea de regular la sensibilización, prevención y detección precoz de la violencia infantil, se establecen distintas obligaciones, siendo las obligaciones comunes a los centros educativos y de ocio son las siguientes:

Modificar los protocolos de prevención de abusos para incluir esta cautela por parte de los centros educativos (colegios, asociaciones, clubes, etc.) y monitorizar su cumplimiento.
Formación de los profesionales que se dediquen al trabajo con menores.
Garantizar, como hasta ahora, la tenencia de los certificados negativos de antecedentes penales sexuales de todos los profesionales que traten con menores.
Se configura un deber de comunicación cualificado para quienes por su cargo, profesión o actividad tienen encomendada la atención y asistencia a menores de edad.

Obligaciones para colegios y centros educativos

Nombrar un «Coordinador de bienestar y protección» en todos los centros educativos.
Establecer el Plan de Convivencia y ajustarlo a las nuevas exigencias, así como actualizar los Códigos de conducta que estén en vigor.
Prever y organizar actividades en las que el personal del centro, el alumnado, los padres (progenitores; en colaboración con las asociaciones de padres y madres) y la comunidad educativa, puedan llevar a cabo la adquisición de habilidades, sensibilización y formación en los citados ámbitos, así como la promoción del buen trato y resolución pacífica de los conflictos que puedan surgir.
Difundir e informar a toda la comunidad educativa de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas.

Obligaciones para entidades de ocio y deporte con menores

Aplicar los protocolos de actuación elaborados por las administraciones públicas en el ámbito deportivo y de ocio.
Nombrar un «Delegado de protección» en las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con menores (clubes, asociaciones, etc.).

Asesoramiento legal a colegios y entidades de ocio

En el Bufete Mas y Calvet contamos con especialistas en cumplimiento normativo de colegios, centros educativos, clubes, entidades de deporte y ocio que trabajan con menores de edad. Podemos ofrecer servicios específicos o bien asesoramiento integral para ofrecer mayor seguridad jurídica a los centros educativos y de formación de niños y adolescentes. Contacta con nosotros y nuestro equipo de abogados realizará un diagnóstico multidisciplinar sobre las áreas de cumplimiento de tu organización.