
El incidente de nulidad de actuaciones: cuando el recurso no repara
16 noviembre, 2026Si tu empresa no cotiza por ti y sufres un accidente, ¿quién paga tu baja? El Supremo aclara cuándo responde la empresa

En este artículo Luis Jiménez-Arellano, responsable del área laboral del Bufete Mas y Calvet, explica la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) n.º 781/2026, de 6 de octubre (rcud 1074/2025, ECLI:ES:TS:2026:4209). El sistema protege primero al trabajador y discute después quién paga. Con esta premisa de fondo, el Tribunal Supremo ha resuelto un conflicto habitual en los tribunales laborales: determinar quién asume los gastos médicos y la prestación de un accidente de trabajo cuando la empresa acumula impagos con la Seguridad Social. Te explicamos qué dice exactamente la ley y cómo te afecta este fallo si sufres un percance laboral.
Qué ha ocurrido y por qué importa
Imagina que trabajas para una empresa que, sin que tú lo sepas, lleva varios meses sin pagar las cuotas de la Seguridad Social. Un día sufres un accidente laboral y tienes que coger la baja. ¿Cobrarás? ¿Y quién acabará pagando la factura: ¿la mutua, la Seguridad Social o la empresa incumplidora?
El Tribunal Supremo ha respondido a esta última pregunta en una reciente sentencia de 6 de octubre de 2026. Su conclusión es clara: cinco meses de impago de cuotas, por sí solos, no bastan para trasladar a la empresa la responsabilidad de pagar las prestaciones de un accidente de trabajo. Hace falta demostrar algo más: que la empresa ha roto de forma voluntaria y seria su relación con la Seguridad Social.
La buena noticia para el trabajador es que este debate no pone en riesgo su baja: la prestación se le paga igualmente. Lo que se discute es quién la soporta al final.
Contexto: el caso y la norma aplicable
Un trabajador sufrió un accidente de trabajo el 14 de junio de 2017 y estuvo de baja (incapacidad temporal) en varios tramos hasta el 13 de octubre de ese año. La empresa tenía asegurados los riesgos profesionales con una Mutua colaboradora con la Seguridad Social.
Se comprobó que la empresa no había pagado las cuotas de diciembre de 2016 a abril de 2017, es decir, cinco meses, con una deuda de 15.427,39 euros. La Mutua pagó al trabajador 7.514,10 euros de prestación por incapacidad temporal y 224,75 euros de gastos sanitarios, y después pidió que la empresa se lo devolviera, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como responsable subsidiario si la empresa era insolvente.
El INSS rechazó la petición. Sin embargo, un Juzgado de lo social de Barcelona y, después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dieron la razón a la Mutua. El INSS recurrió ante el Supremo.
La regla legal
La Ley General de la Seguridad Social (artículo 167) prevé que, cuando la empresa incumple sus obligaciones de afiliación, alta o cotización, puede quedar obligada a pagar las prestaciones. Pero también dispone que las entidades gestoras y las mutuas adelanten el pago a los trabajadores en los casos previstos, quedando después en su lugar para reclamar a quien corresponda. Además, en los accidentes, sean o no de trabajo, no se exige haber cotizado un tiempo mínimo para cobrar la baja (artículo 172.b).
La duda, por tanto, no era si el trabajador debía cobrar, sino si un impago de cinco meses era lo bastante grave para que la empresa tuviera que devolver lo adelantado.
Qué dice el Tribunal Supremo
El Supremo estima el recurso del INSS, anula las sentencias anteriores y desestima la demanda de la Mutua. Sus ideas principales son estas:
No todo impago convierte a la empresa en responsable. La responsabilidad empresarial exige un incumplimiento grave, que revele una actitud de resistencia o rebeldía frente a la obligación de cotizar. Cinco meses de descubierto, sin más, no son suficientes para apreciar esa gravedad. Entre cinco meses y un año hay una franja que debe valorarse caso por caso, según la duración, la continuidad, la proporción respecto del tiempo total de aseguramiento y las demás circunstancias. Un impago puede bastar por sí solo cuando alcanza un periodo verdaderamente significativo. El tribunal recuerda casos anteriores con 34 meses o cuatro años sin cotizar, calificados como incumplimientos manifiestos. La prueba importa. La Mutua alegó que el trabajador llevaba poco tiempo en la empresa y que esta no volvió a cotizar hasta su baja en octubre de 2017, pero esos datos no figuraban en los hechos probados y el Supremo no pudo tenerlos en cuenta.
Consecuencia práctica: es la Mutua, y no la empresa, quien asume el coste de la baja y de la asistencia sanitaria en este caso.
Qué significa esto para los trabajadores y sus familias
Su baja está protegida. Aunque la empresa no esté al corriente de sus cuotas, la Mutua o la entidad gestora debe adelantar la prestación por accidente de trabajo. El conflicto sobre quién paga se resuelve después, entre instituciones y empresa. No necesita haber cotizado un mínimo. En caso de accidente, la ley no exige periodo previo de cotización. La sentencia afecta sobre todo a mutuas, INSS y empresas: aclara cuándo puede la Mutua recuperar lo pagado y cuándo no. Por lo que conviene vigilar la vida laboral. Consultar periódicamente el informe de vida laboral y las bases de cotización permite detectar impagos a tiempo y aportar pruebas si llega un conflicto.
Conclusión
La STS 781/2026 refuerza una idea sencilla: el sistema protege primero al trabajador y discute después quién paga. Al mismo tiempo, evita que cualquier retraso en las cuotas se convierta automáticamente en una condena a la empresa, y exige demostrar un incumplimiento serio y voluntario.

Luis Jiménez-Arellano, es abogado y actualmente lidera el área de Derecho Laboral del Bufete Mas y Calvet.
Colabora con varios medios de comunicación en la redacción de artículos y reportajes de temática laboral.
Desde 2020 ha sido econocido en The Best Lawyers in Spain®, en la categoría Labor and Employment Law
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