El Bufete Mas y Calvet vuelve a ser reconocido en Best Lawyers in Spain® 2027 con diez abogados distinguidos
12 noviembre, 2026El incidente de nulidad de actuaciones: cuando el recurso no repara

Pedro Tenorio Sánchez Of Counsel externo Honorífico del Bufete Más y Calvet y Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid.
En este artículo Pedro Tenorio Sánchez Of Counsel externo Honotífico del Bufete Más y Calvet y Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid), analiza analiza las deficiencias del incidente de nulidad de actuaciones en España como mecanismo para reparar vulneraciones de derechos fundamentales en última instancia. El autor sostiene que, al ser resuelto por el mismo órgano que dictó la resolución y vincularse a un recurso de amparo restrictivo, este sistema vulnera el derecho a un recurso efectivo garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Imagine que un tribunal dicta una sentencia en última instancia que vulnera uno de sus derechos fundamentales. No hay recurso ordinario que interponer. La ley le ofrece un remedio: el incidente de nulidad de actuaciones. Pero ese remedio lo resuelve el mismo órgano que dictó la sentencia. ¿Puede eso considerarse un recurso efectivo? La respuesta, a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es que en determinados supuestos no lo es. Y las consecuencias para quien litiga en España son relevantes.
1. El sistema diseñado en 2007 y lo que prometió
La Ley Orgánica 6/2007 reformó en profundidad nuestro modelo de tutela constitucional. Los tribunales ordinarios asumirían la tutela primaria de los derechos fundamentales, y el Tribunal Constitucional se reservaría para los asuntos de especial trascendencia. Un elemento esencial de esa tutela ordinaria fue el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): un remedio contra las lesiones causadas por resoluciones judiciales firmes frente a las que ya no cabe ningún otro recurso.
El problema se señaló por algunos desde el primer momento: la competencia para resolver el incidente la atribuye el propio precepto «al mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza». El órgano que causó la lesión es el mismo que debe declararla y repararla. La reforma amplió el incidente al tiempo que objetivó el recurso de amparo: desde entonces, el recurrente debe justificar la especial trascendencia constitucional del asunto, y esa justificación es condición de admisión. El amparo se convirtió en un recurso de protección objetiva del orden constitucional, no de tutela individual garantizada. El incidente quedó como el único cauce de reparación individual en la inmensa mayoría de los casos.
2. Lo que reconoció el Tribunal Constitucional
La STC 112/2019, de 3 de octubre, contiene una declaración que el propio Tribunal no podría desmentir: tras la reforma de 2007, el recurso de amparo «ya no garantiza en todo caso la tutela de los derechos fundamentales». Y añade: «En este momento este cauce procesal es el incidente de nulidad de actuaciones que regula el art. 241.1 LOPJ». Es decir, el Tribunal Constitucional ha puesto en el incidente toda la carga de la tutela primaria frente a las lesiones causadas en única o última instancia.
Esta sentencia también modificó la doctrina precedente —iniciada en la STC 39/2003— según la cual el incidente debía interponerse en todo caso como requisito del amparo. A partir de 2019, el incidente no es necesario cuando la resolución lesiva fue recurrida y el recurso fue inadmitido por razones no imputables a la parte. El reconocimiento implícito es importante: durante más de quince años, los justiciables tuvieron que recorrer un trámite de utilidad práctica dudosa para acceder a un amparo que, además, se inadmitía en la inmensa mayoría de los casos.
3. Estándar europeo: lo que el artículo 13 del Convenio exige
El artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza a toda persona cuyos derechos hayan sido violados el derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) fijó el contenido de este derecho en la STEDH de 26 de octubre de 2000, asunto Kudła c. Polonia (§ 157): el recurso debe ser efectivo «tanto en la práctica como en Derecho». Debe servir para impedir la violación o su continuación, o para proporcionar una reparación adecuada. Y —esto es decisivo— la efectividad no se presume de la existencia normativa del remedio: debe acreditarse con la práctica, y la carga de hacerlo recae sobre el Estado.
La STEDH de 25 de marzo de 1983, asunto Silver y otros c. Reino Unido (§ 113) añadió que la instancia no tiene que ser necesariamente judicial, pero que sus facultades y garantías importan para medir la efectividad del recurso. En esa misma sentencia el Tribunal consideró que un remedio no ofrecía independencia suficiente a efectos del artículo 13 porque el resolutor «sería en realidad juez y parte» (§ 116). El supuesto era administrativo, pero el criterio es claro: cuando el autor del acto impugnado es el mismo que resuelve la impugnación, la efectividad del remedio queda comprometida.
Este criterio conecta con la jurisprudencia del TEDH sobre la imparcialidad objetiva de los tribunales. En la STEDH de 26 de octubre de 1984, asunto De Cubber c. Bélgica (§§ 24-26), el Tribunal afirmó que, en el plano objetivo, «incluso las apariencias pueden revestir importancia»: la justicia no solo debe ser impartida, sino también parecerlo. Lo determinante es la confianza que los tribunales han de inspirar en los justiciables. Que el mismo órgano que dictó la resolución resuelva si esa resolución es nula no cumple ese estándar en los supuestos en que no existe ninguna otra instancia revisora.
4. Pronunciamientos contra España
La STEDH de 20 de enero de 2015, asunto Arribas Antón c. España, es el precedente más citado a la hora de defender que el sistema español es compatible con el Convenio. Pero lo que esa sentencia dice, leído con precisión, no cierra la cuestión. El Tribunal declaró que el filtro de admisión del amparo —la exigencia de acreditar la especial trascendencia constitucional— no es desproporcionado (§ 50). Para llegar a esa conclusión valoró un dato que conviene subrayar: que el asunto había sido examinado por dos instancias judiciales distintas antes del amparo (§ 50). La sentencia no examinó si el incidente de nulidad, como tal, constituye un recurso efectivo: la queja del artículo 13 fue declarada admisible pero no llegó a resolverse (§ 57 y punto 3 del fallo). El Tribunal no avaló el incidente. Avaló el filtro del amparo en un caso en que ya había existido un doble examen por órganos distintos.
La STEDH de 15 de diciembre de 2022, asunto Olivares Zúñiga c. España, condenó a España al pago de 9.600 euros porque exigir el incidente de nulidad no era previsible a la luz del artículo 241.1 LOPJ. El Tribunal observó que la propia norma solo prevé el incidente cuando no cabe ningún otro recurso, que la demandante pudo razonablemente entender que, inadmitida la casación, el incidente ya no era accesible, y que el Tribunal Constitucional había reconocido en la STC 112/2019 que la exigencia anterior generaba incertidumbre. La condena no se basó en que el incidente sea inidóneo, sino en que su exigencia era imprevisible. Pero confirma algo de fondo: el sistema ha funcionado en la práctica como un filtro de acceso y no como un mecanismo de reparación.
5. Por qué el sistema no satisface el Convenio en determinados supuestos
La conclusión que se defiende es la siguiente. No se afirma que el incidente de nulidad sea siempre inútil. Se afirma que el sistema español de tutela no satisface las exigencias de los artículos 6.1 y 13 del Convenio en el supuesto específico en que concurren tres circunstancias: la lesión se produce en la última resolución del proceso; el incidente es el único cauce disponible y lo resuelve el mismo órgano; y el amparo posterior está objetivado, de modo que acreditar la lesión individual no garantiza el examen del fondo.
En ese supuesto, el justiciable puede recorrer íntegramente la vía interna sin obtener respuesta de fondo de un órgano distinto del que causó la lesión. El TEDH ha admitido que la combinación de varios remedios puede bastar (Kudła, § 157; Silver, § 113). Lo que no ha admitido es que la suma de remedios que individualmente no reparan pueda hacerlo. Y en Kudła (§§ 158-160) dejó claro que la carga de demostrar la efectividad recae sobre el Estado, con ejemplos de la práctica interna: una lista de remedios en abstracto no es suficiente.
6. Vía de diálogo que antes no existía: Protocolo n.º 16
España ratificó el Protocolo n.º 16 al Convenio, que entró en vigor para nuestro país el 1 de noviembre de 2025. Ha designado como órganos habilitados al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo. El Protocolo les permite solicitar al TEDH una opinión consultiva sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación del Convenio, en el marco de un asunto pendiente. La opinión no es vinculante, pero abre un canal de diálogo judicial que antes no existía.
La pregunta que sería pertinente formular no es si el artículo 241.1 LOPJ es contrario al Convenio, sino algo más concreto: si los artículos 6.1 y 13, leídos conjuntamente, exigen un remedio efectivo cuando la reparación de una lesión causada en última instancia se confía al mismo órgano que la dictó, y el acceso al amparo posterior está condicionado por la especial trascendencia constitucional. El Tribunal Constitucional está en condiciones jurídicas de formular esa pregunta. Si lo hace, el diálogo con Estrasburgo podría aclarar un problema que lleva dos décadas pendiente.
7. Lo que esto significa para quien litiga
La consecuencia práctica es doble. Primero: el incidente debe interponerse cuando la lesión nace directamente de la resolución que cierra el proceso, porque su omisión compromete la admisión del amparo. No interponerlo tiene un coste procesal cierto. Segundo: la argumentación ante el TEDH gana consistencia si se construye sobre el efecto acumulado del sistema —el incidente sin instancia revisora superior y el amparo objetivado— y se dirige, conjuntamente, desde los artículos 6.1 y 13 del Convenio. Arribas Antón no cerró esa vía. Olivares Zúñiga confirmó que España puede ser condenada cuando el sistema no funciona como promete. Y la STC 112/2019 puso por escrito que el incidente es hoy el único cauce de tutela en determinados supuestos. Esa declaración del propio Tribunal Constitucional es el argumento más sólido para cuestionar ante Estrasburgo que ese cauce sea suficiente.
Pedro Tenorio Sánchez
D. Pedro Tenorio, Of Counsel externo de nuestra firma Bufete Mas y Calvet.
El Catedrático aporta una vasta experiencia en el ámbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disolución el 5 de marzo de 2024, desempeñó el rol de Of Counsel en el Despacho Ramón Rodríguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dejó una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jurídicas.
Actualmente es Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, posición que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011.
Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional de España del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011.

- El incidente de nulidad de actuaciones: cuando el recurso no repara
- El Bufete Mas y Calvet vuelve a ser reconocido en Best Lawyers in Spain® 2027 con diez abogados distinguidos
- Duelo sin exposición: datos personales e imagen de las víctimas en las tragedias colectivas
- Modificación de las obligaciones de las fundaciones y asociaciones para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Las aportaciones del Bufete Mas y Calvet al Derecho espacial, recogidas en el último Boletín Observatorio Jurídico Aeroespacial de AEDAE

