Las aportaciones del Bufete Mas y Calvet al Derecho espacial, recogidas en el último Boletín Observatorio Jurídico Aeroespacial de AEDAE
6 noviembre, 2026Modificación de las obligaciones de las fundaciones y asociaciones para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Área de economía social y entidades sin fin de lucro
En este artículo colaborativo de Cristina Sterling abogada del Bufete Mas y Calvet, con Fernando Moreno, socio del Bufete Mas y Calvet y Vicente Trelles del Área de Economía social y entidades sin ánimo de lucro, se analiza como el Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, marca un cambio de paradigma en la normativa española de prevención del blanqueo de capitales al sustituir el rígido e indiferenciado modelo de obligaciones, que asfixiaba a las entidades sin ánimo de lucro, por un sistema proporcional basado en el riesgo real. La reforma elimina la histórica obligación de identificar a los donantes a partir de los 100 euros —una traba burocrática desproporcionada para las pequeñas organizaciones— y alinea los umbrales de control con los estándares internacionales del GAFI y el resto del sistema financiero. De este modo la inmensa mayoría de las fundaciones y asociaciones españolas verán reducidas drásticamente sus cargas administrativas, permitiendo que los esfuerzos de supervisión se concentren exclusivamente en los escenarios verdaderamente expuestos a actividades ilícitas.
Menos burocracia versus atención prioritaria a las actividades de riesgo real.
I.- UN CAMBIO LARGAMENTE ESPERADO
Durante más de una década, cualquier fundación o asociación española, desde una gran organización internacional hasta una pequeña entidad cultural local, ha estado obligada a identificar y comprobar la identidad de toda persona que realizara una aportación de 100 euros o más, así como de quienes recibieran fondos o recursos de la entidad. Así lo exigía el antiguo artículo 42 del Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014.
La obligación se imponía de forma uniforme, con independencia de la dimensión de la entidad, la naturaleza de sus actividades o su nivel real de exposición al riesgo. En la práctica, una pequeña fundación o asociación con un ámbito de actuación local en España y una organización que realizase actividades en otros países declarados zonas de conflicto quedaban sometidas a las mismas exigencias documentales.
El Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, rompe con este planteamiento y sustituye el modelo de obligaciones generalizadas por un sistema basado en el riesgo. Su objetivo declarado es adaptar la normativa española a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), centrando las medidas preventivas allí donde el riesgo es realmente mayor.
En términos sencillos, se abandona la lógica de la «talla única» para adoptar un sistema proporcional a las circunstancias de cada entidad.
II.- LA PRINCIPAL NOVEDAD: DESAPARECE LA OBLIGACIÓN GENERAL DE IDENTIFICAR DONANTES DESDE 100 EUROS
La modificación más relevante consiste en la supresión de la disposición contenida en la anterior redacción del artículo 42.2 del Reglamento de la Ley, que obligaba a toda fundación o asociación a identificar y verificar la identidad de cualquier donante que aportara 100 euros o más.
En la nueva redacción del apartado 1 del citado artículo se limita la obligación de registrar y conservar determinada información sobre donantes y beneficiarios a supuestos mucho más concretos.
En lo sucesivo, para que esa obligación exista deberán concurrir simultáneamente tres requisitos:
- Que la entidad presente un riesgo inherente superior al medio según el análisis sectorial de riesgos, o que realice actividades en jurisdicciones con riesgo de financiación del terrorismo.
- Que la operación supere los 1.000 euros.
- Que los fondos no hayan sido canalizados a través de sujetos obligados, como entidades de crédito o entidades de pago.
En estos casos la entidad deberá proceder a la identificación formal del interviniente (ya sea donante o beneficiario), comprobar la titularidad real del mismo, y conservar durante el plazo de 10 años la documentación que acredite que se han cumplido estas obligaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones contractuales entre ambos.
Por otra parte, cuando la naturaleza de la actividad realizada impida razonablemente la identificación individual de cada donante, bastará con identificar el colectivo dl que proceden las donaciones y sus características generales.
III.- EL FIN DE UNA ANOMALÍA REGULATORIA
La exigencia de identificar donantes desde 100 euros constituía una singularidad difícilmente justificable dentro del propio sistema español de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Mientras una fundación debía solicitar y conservar documentación identificativa de quien realizaba una donación a partir de 100 euros, una entidad financiera no estaba obligada a efectuar una identificación formal equivalente en una operación ocasional de ese importe.
El desequilibrio resultaba especialmente llamativo si se comparaba con otros umbrales normativos, todos ellos situados en los 1.000 euros.
Piénsese en la prohibición de pagar en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera del art. 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, o en la medida normal de diligencia debida del propio art. 4.1 del Reglamento de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, consistente en identificar y comprobar, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros.
Las consecuencias prácticas eran evidentes: cargas administrativas especialmente gravosas para entidades pequeñas, dificultades en campañas de captación de fondos, problemas en colectas y eventos benéficos, o el rechazo o la incomprensión por parte de los donantes.
Como suele ocurrir, cuando la exigencia normativa no se ajusta a la realidad operativa de las entidades, su cumplimiento efectivo se resiente inevitablemente.
La reforma corrige en buena medida esta situación y acerca el régimen aplicable a las entidades sin fines lucrativos al resto del sistema preventivo.
IV.- UN NUEVO SISTEMA DE PREVENCIÓN ADAPTADO AL RIESGO REAL DE LA OPERACIÓN REALIZADA
La reforma distingue ahora entre dos grandes grupos de entidades.
A.- Entidades con actividad en jurisdicciones de riesgo de financiación de terrorismo o con riesgo superior al medio.
Estas entidades continúan sujetas a obligaciones reforzadas.
Deberán registrar y conservar información sobre determinados donantes y beneficiarios cuando concurran los requisitos previstos en el artículo 42.1 del Reglamento, y podrán ser objeto de actividades supervisoras por parte del SEPBLAC.
En estos casos, canalizar los fondos a través de entidades financieras adquiere una especial relevancia, ya que puede eliminar la obligación específica de registro prevista en dicho precepto.
B.- El resto de las fundaciones y asociaciones.
Para la inmensa mayoría de las entidades del sector, la reforma supone una reducción muy significativa de cargas administrativas.
La mayor parte de las fundaciones y asociaciones presentan niveles de riesgo medio-bajo o bajo, lo que encaja con el nuevo planteamiento normativo.
En consecuencia, para estas entidades la identificación y conservación de la documentación justificativa se remite a lo previsto en las normas contables, fiscales y sustantivas a las que están sujetas.
V.- OBLIGACIONES QUE DESAPARECEN
La reforma no se limita a eliminar el umbral de los 100 euros para la determinación de donantes y beneficiarios.
También desaparecen varias obligaciones que hasta ahora se imponían con carácter general:
- Los procedimientos específicos destinados a conocer la trayectoria y honorabilidad de las contrapartes y de sus gestores.
- Los sistemas de control de ejecución de actividades y de aplicación de los fondos que anteriormente exigía el Reglamento.
- La obligación específica de conservar durante diez años los documentos acreditativos de la aplicación de los fondos.
- La obligación de comunicación autónoma al SEPBLAC prevista en la antigua regulación.
- La obligación general de identificar a todos los beneficiarios de fondos o recursos de la entidad.
VI.- LO QUE SIGUE SIENDO OBLIGATORIO PARA TODAS LAS ENTIDADES
La reducción de cargas no significa la desaparición de todo control preventivo.
El nueva redacción del artículo 42 del Reglamento mantiene tres obligaciones que afectan a todas las fundaciones y asociaciones.
- Idoneidad de los órganos de gobierno
Las entidades deberán velar por que sus titulares reales, patronos, miembros de juntas directivas, tesoreros y demás responsables no hayan sido condenados por determinados delitos especialmente relevantes, entre ellos:
- Delitos patrimoniales.
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
- Delitos contra la Administración Pública.
- Delitos de falsedad.
- Delitos relacionados con la financiación del terrorismo.
Para ello podrán recabar certificados de antecedentes penales o establecer mecanismos internos que permitan controlar este riesgo.
- Colaboración y comunicación de indicios
Las entidades deberán colaborar con las autoridades competentes y comunicar posibles indicios de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos precedentes por los canales habilitados al efecto.
- Trazabilidad de los fondos
También deberán adoptar medidas para canalizar los fondos a través de sujetos obligados, especialmente entidades de crédito o de pago, cuando ello resulte posible y compatible con la actividad desarrollada.
VII.- RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
En aplicaciónde la nueva normativa es recomendable que las entidades afectadas adopten las siguientes medidas:
- Analizar y documentar si la entidad desarrolla actividades en jurisdicciones consideradas de riesgo de financiación del terrorismo o aquellas que, según el análisis sectorial de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, tengan un riesgo inherente superior al medio, con arreglo a la clasificación del artículo 12.3 del Reglamento (UE) 2024/162. (El ultimo análisis sectorial es del año 2025 y la lista de jurisdicciones de riesgo se ha publicado en junio de 2026).
- Revisar los protocolos internos de captación de fondos y eliminar, toda referencia al umbral de los 100 euros en la identificación de los donantes. Revisar igualmente las páginas web y cualquier restricción automática en pasarelas de pago para los donativos. No obstante, será necesario seguir pidiendo datos al donante que quiera un certificado para poder beneficiarse de las ventajas fiscales de los donativos, de acuerdo con el art 24 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, desarrollado en el art. 6 de su Reglamento.
- Incorporar comprobaciones de idoneidad y antecedentes en los procedimientos de nombramiento de patronos, directivos y tesoreros y ajustar los códigos de conducta de los Patronos a estos nuevos requisitos
- Canalizar la obtención de donativos y la concesión de ayudas dinerarias a través de entidades de crédito o de pago, siempre que la actividad que dé origen a ella lo hagan posible.
VIII.- CONCLUSIÓN
La reforma del artículo 42 del Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, operada a través del Real Decreto 813/2026, de 7 de octubre, supone un cambio de paradigma en cuanto a las obligaciones que deben cumplir las fundaciones y asociaciones. Frente a un sistema basado en obligaciones generalizadas y escasamente diferenciadas, en lo sucesivo se apuesta por concentrar los esfuerzos de supervisión respecto de las actividades en las que el riesgo es realmente mayor.
Para la mayoría de estas entidades el cambio se traducirá en una reducción significativa de cargas administrativas. Sin embargo, la reforma no elimina la cultura de cumplimiento del objetivo de la Ley, sino que reorienta las disposiciones de su Reglamento hacia criterios de proporcionalidad, trazabilidad de los movimientos dinerarios y gestión efectiva del riesgo inherente a determinadas actividades que realicen en cumplimiento de sus fines específicos.
En definitiva, esta exigencia de menor burocracia, se traduce en la asunción de una mayor responsabilidad por parte de las entidades afectadas en el cumplimiento de la Ley.
Para Cristina Sterling Stubbe, Abogado del Bufete Mas y Calvet, especialista en Derecho Procesal Civil: «Esta tarea debe de partir del compromiso del Consejo de la Administración de la entidad, pero su buen fin necesita implicar a la totalidad de su plantilla, tanto la dirección como los demás empleados quienes serán los que desde la primera fila podrán detectar los posibles incumplimientos e informar sobre ello. Para lograrlo, es fundamental que tengan los debidos conocimientos sobre la concreta materia (lo que implica su formación) e implantar una vía de comunicación para notificar una irregularidad»
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