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José María de Pablo, socio del Bufete Mas y Calvet y responsable de su área penal, participó el 23 de octubre de 2026 en la V Jornada Estado de Derecho, celebrada bajo el título «El Estado de derecho: la actualidad a examen», organizada por el Foro Judicial Independiente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y reunió a profesionales de la judicatura, la Fiscalía, la abogacía y el periodismo para analizar algunos de los principales desafíos que afronta el Estado de derecho.
La acción popular, bajo la lupa
¿Dónde termina la participación ciudadana en la defensa de la legalidad y dónde empieza el riesgo de instrumentalizar la justicia con fines políticos? Esta es una de las cuestiones centrales que se abordaron el pasado 23 de octubre en Madrid durante la V Jornada Estado de Derecho, en el tercer panel de la jornada titulado «La acción popular bajo la lupa».
Este panel contó con la participación de José María de Pablo Hermida, socio del Bufete Mas y Calvet y responsable de su área penal, e Ignacio Stampa Fuente, fiscal de la Sección de Crimen Organizado y Delincuencia Grave de la Fiscalía Provincial de Madrid. La mesa estuvo moderada por Fernando Portillo Rodrigo, magistrado de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Melilla.
El debate abordó una cuestión fundamental para el funcionamiento de la justicia: cómo preservar la acción popular como mecanismo de participación ciudadana y al mismo tiempo evitar que pueda utilizarse con fines partidistas o ajenos a la defensa de la legalidad.
La acción popular no debe desaparecer. En eso coincidieron el fiscal Ignacio Stampa y el responsable del área penal del Bufete Mas y Calvet José María de Pablo Hermida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ambos creen que no puede suprimirse, pero discrepan sobre las reformas.
José María de Pablo: la acción popular no debe desaparecer, pero necesita límites
Durante su intervención, José María de Pablo defendió que la acción popular no debe suprimirse y sostuvo que su eliminación exigiría una reforma constitucional. Sin embargo manifestó una posición crítica con su funcionamiento actual y reclamó una regulación que impida su utilización con fines ajenos a la persecución legítima de los delitos.
A su juicio la actuación de las acusaciones populares es casi siempre «o innecesaria o perjudicial». Cuando las ejercen partidos políticos, buscan «hundir al enemigo político», y da igual que sea inocente o culpable.
El artículo 125 de la Constitución Española reconoce la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la acción popular, en la forma y respecto de aquellos procesos penales que determine la ley. Esta previsión constitucional constituye uno de los puntos de partida del debate sobre el alcance y los límites de esta figura.
A juicio de De Pablo, el problema aparece cuando la acusación popular deja de responder a un interés legítimo en la persecución de delitos y se convierte en un instrumento de confrontación política. Advirtió que cuando la ejercen partidos políticos, puede utilizarse para perjudicar al adversario, independientemente de que los hechos denunciados terminen dando lugar a una condena.
Para ilustrar las consecuencias personales de los procedimientos prolongados, el socio de Mas y Calvet puso como ejemplo la pieza 7 del caso Púnica. Según expuso, su cliente, un exalcalde, fue absuelto dieciocho años después de los hechos.
Su reflexión fue contundente: «¿Quién le devuelve esos años?». La pregunta trasciende el debate procesal. Un procedimiento penal puede tener consecuencias personales, profesionales y reputacionales que una resolución absolutoria no siempre consigue reparar. La presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva y las garantías procesales exigen prestar atención tanto al resultado judicial como a las condiciones en las que se desarrolla el proceso.
Las propuestas de reforma planteadas por el socio de Mas y Calvet
José María de Pablo expuso varias medidas para revisar el funcionamiento de la acción popular y reforzar las garantías procesales:
• Reforzar la independencia de la Fiscalía.
• Limitar la intervención de los partidos políticos.
• Exigir una vinculación con el bien jurídico protegido.
• Delimitar los delitos en los que pueda ejercerse.
• Revisar la aplicación de la doctrina Botín.
• Revisar el régimen de costas.
Estas medidas son propuestas formuladas por el abogado durante el debate.
Un debate esencial para el Estado de derecho
La acción popular cumple una función relevante en el sistema judicial español: permite que ciudadanos y organizaciones participen en la persecución de determinados delitos, en los términos previstos por la legislación. También puede actuar como contrapeso cuando se cuestiona la actuación de las instituciones encargadas de perseguirlos.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre esa participación ciudadana, la independencia de las instituciones, la persecución efectiva de los delitos y la protección de los derechos de las personas investigadas.
La intervención de José María de Pablo en la V Jornada Estado de Derecho puso el foco en una cuestión que merece una reflexión rigurosa: cómo evitar que una herramienta concebida para contribuir a la defensa de la legalidad termine utilizándose con objetivos ajenos a ella.
Proteger el Estado de derecho exige garantizar que los delitos puedan perseguirse y que la justicia se ejerza con responsabilidad, independencia y respeto a las garantías procesales.
Elena Marcos Bueno es Licenciada en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Comunicación Digital y Marketing por la Universidad Camilo José Cela.
Premio al Talento Digital 2021.
LinkedIn top Voice Consultoría 2024 y Comunicación 2023.
Actualmente cursando máster en Inteligencia Artificial.
Posee más de 20 años de experiencia en consultoría en el área de tecnología y desde 2023 es Directora de Comunicación en el Bufete Mas y Calvet.
Miembro de la Junta Directiva de PETEC y vocal de comunicación. Experta en Cultura organizacional, estrategia y comunicación corporativa y digital.
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