Coronavirus: medidas laborales y fiscales para empresas

Desde que se anunciara el estado de alarma el pasado viernes 13 de marzo, se esperaba que el Gobierno ampliara un paquete de medidas económicas para ayudar a las empresas a paliar el impacto económico de la epidemia del coronavirus. Finalmente, se inyectarán hasta 200.000 millones de euros, de los cuales 117.000 millones de euros serán de origen público y el resto corresponderá a recursos privados. Estas son algunas de las medidas laborales y fiscales más relevantes.

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Previamente se había aprobado el decreto-ley de medidas urgentes aprobadas el jueves 12 de marzo, que contemplaba una inyección de 18.225 millones e incluía el aplazamiento y fraccionamiento de hasta 30.000 euros en deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, siempre que la solicitud se presente antes del 30 mayo. Las organizaciones que lo hagan, tienen la opción de devolver el dinero a los tres meses y no abonar intereses.

También se podrá solicitar el aplazamiento de retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, que se podría traducir en una importante inyección de liquidez a pymes y autónomos.

Las iniciativas con mayor impacto las recoge el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. A continuación, destacamos un resumen de las medidas para ayudar a las empresas afectadas por el coronavirus:

Medidas laborales

• Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de suspensión de contrato o reducción de jornada se considerarán de fuerza mayor cuando estén causados de forma directa por las medidas para reducir la epidemia, por contagio de la plantilla o por aislamiento preventivo y se resolverán en un máximo de 7 días.
• El Presidente del Gobierno anunció que las empresas que inicien un ERTE y reincorporen a los empleados quedarán exoneradas la cuota empresarial en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
• Se impulsará el teletrabajo como medida prioritaria de flexibilidad laboral y se facilitará la adaptación o reducción de jornada a los trabajadores que cuiden a familiares por el cierre de centros educativos o residencias. Todas estas medidas requerirán de asesoramiento legal en el ámbito laboral adaptado a las circunstancias concretas de cada empresa.
• Los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) podrán percibir la prestación contributiva por desempleo aunque no cumplan con el periodo mínimo de cotización. El tiempo que se consuma de paro no se les descontará y no computará el tiempo de percepción de la prestación en el periodo máximo establecido para percibirlo.
• A ello se suma la medida anunciada previamente sobre las bajas de los trabajadores en aislamiento preventivo o contagiados, que se consideran incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo. Estas personas perciben, desde el día siguiente al de la baja laboral, el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración.

Avales públicos

Se creará una línea de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros para paliar los problemas de liquidez en el tejido empresarial, en las que el Estado será el garante de las operaciones. También anunció líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras.

Liquidez para el turismo y la hostelería

Ya se había anunciado previamente una línea específica de crédito del ICO de 400 millones de euros para empresas y autónomos del sector turístico. Las empresas que hayan recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa podrán aplazar su reembolso. Se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística, con un coste estimado de 45 millones de euros.

Otras medidas por el coronavirus

• Se reformará la normativa sobre inversiones exteriores para evitar que las empresas cotizadas del selectivo español y de sectores estratégicos puedan quedar bajo el control de empresas de fuera de la UE, como consecuencia de la caída del valor de sus acciones.
• Se establece una moratoria en el pago de las hipotecas para quienes hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia de la crisis del coronavirus.
• Se destinarán 17.000 millones a los colectivos más vulnerables.
• Se agiliza la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos. Se aprobó el aplazamiento de las cotizaciones, aunque podrían anularse durante el periodo que dure el Estado de alarma.

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