{"id":9761,"date":"2026-03-31T08:27:00","date_gmt":"2026-03-31T06:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=9761"},"modified":"2026-03-31T09:19:48","modified_gmt":"2026-03-31T07:19:48","slug":"interpretacion-jurisprudencial-expansiva-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-doctrina-reciente-del-tribunal-supremo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/interpretacion-jurisprudencial-expansiva-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-la-doctrina-reciente-del-tribunal-supremo\/","title":{"rendered":"Interpretaci\u00f3n jurisprudencial expansiva del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica en la doctrina reciente del Tribunal Supremo"},"content":{"rendered":"\n

Por Pedro Tenorio<\/a><\/strong> Of Counsel del Bufete M\u00e1s y Calvet<\/a><\/strong> y Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional. Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia<\/a>. Madrid.<\/p>\n\n\n\n

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La sentencia del Tribunal Supremo 1119\/2025, de 11 de septiembre<\/a>, sobre el acceso de los particulares a los algoritmos de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, constituye un hito relevante en la construcci\u00f3n del denominado principio de transparencia algor\u00edtmica. Sin embargo, su verdadera significaci\u00f3n no puede comprenderse de manera aislada, sino que debe situarse dentro de una l\u00ednea jurisprudencial m\u00e1s amplia, tanto del propio Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, orientada a reforzar y expandir el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. En este sentido, la sentencia no inaugura una doctrina, sino que sistematiza y profundiza en una tendencia ya consolidada en nuestro ordenamiento.<\/p>\n\n\n\n

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I. Consolidaci\u00f3n jurisprudencial de un derecho expansivo de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En efecto, el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica ha experimentado una progresiva expansi\u00f3n, pasando de ser concebido como principio de actuaci\u00f3n administrativa a configurarse como un aut\u00e9ntico derecho subjetivo de los ciudadanos. Esta evoluci\u00f3n responde a la transformaci\u00f3n del modelo de Administraci\u00f3n p\u00fablica, cada vez m\u00e1s orientado hacia la transparencia, la rendici\u00f3n de cuentas y la participaci\u00f3n democr\u00e1tica. As\u00ed, la jurisprudencia ha ido reconociendo que el acceso a la informaci\u00f3n no es un elemento accesorio, sino una pieza estructural del Estado de Derecho.<\/p>\n\n\n\n

La STS 1119\/2025 se inserta en esta l\u00ednea expansiva al reforzar la idea de que el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica constituye un instrumento indispensable para el control de la actuaci\u00f3n administrativa, especialmente en contextos de creciente complejidad tecnol\u00f3gica. Lejos de restringir el alcance del derecho, el Tribunal Supremo reafirma su amplitud, subrayando que cualquier limitaci\u00f3n debe interpretarse de manera restrictiva y estar debidamente justificada.<\/p>\n\n\n\n

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II. Configuraci\u00f3n jur\u00eddica del derecho de acceso: entre principio y derecho subjetivo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Uno de los aspectos centrales de la STS 1119\/2025 es el an\u00e1lisis de la naturaleza jur\u00eddica del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, cuesti\u00f3n que aborda a partir de una s\u00f3lida base jurisprudencial. En particular, la sentencia recoge la doctrina de la STC 164\/2021, que reconoce en el art\u00edculo 105.b) de la Constituci\u00f3n una doble dimensi\u00f3n: por un lado, un principio objetivo que orienta la actuaci\u00f3n administrativa hacia la transparencia; por otro, un derecho subjetivo de los ciudadanos frente a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Este doble car\u00e1cter es esencial para comprender la posici\u00f3n del derecho en el sistema constitucional. No se trata solamente de un mandato dirigido al legislador o a la Administraci\u00f3n, sino de una facultad ejercitable por los ciudadanos, cuyo ejercicio no puede quedar al arbitrio de la Administraci\u00f3n. En este sentido, la jurisprudencia insiste en que las restricciones al ejercicio del derecho deben estar previstas en la ley y someterse a un juicio de proporcionalidad, excluyendo cualquier margen de discrecionalidad administrativa.<\/p>\n\n\n\n

Con anterioridad, la STS de 30 de marzo de 1999 hab\u00eda puesto de relieve la estrecha conexi\u00f3n del derecho de acceso con otros derechos fundamentales, como la libertad de informaci\u00f3n, la participaci\u00f3n pol\u00edtica y la tutela judicial efectiva. Esta interrelaci\u00f3n refuerza su importancia, al situarlo como un elemento clave en el funcionamiento democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la STS de 6 de junio de 2005 afirma con claridad que el derecho posee un contenido propio y efectivo, que ni el legislador ni la Administraci\u00f3n pueden desconocer. No obstante, la STS de 7 de febrero de 2023 introduce un matiz relevante al negar su car\u00e1cter de derecho fundamental, calific\u00e1ndolo como un derecho subjetivo de configuraci\u00f3n legal, situado fuera del \u00e1mbito del art\u00edculo 53.2 CE. Esta caracterizaci\u00f3n no supone una disminuci\u00f3n de su relevancia, sino una precisi\u00f3n sobre su r\u00e9gimen de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la STS de 29 de mayo de 2024 conecta el derecho de acceso con el principio de buena administraci\u00f3n reconocido en el art\u00edculo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea, destacando su car\u00e1cter de derecho de \u201ctercera generaci\u00f3n\u201d y su aplicabilidad directa en virtud de la fuerza normativa de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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III. L\u00edmites al derecho de acceso e interpretaci\u00f3n restrictiva de los mismos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Pese a su fuerza expansiva, el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica no es absoluto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce la existencia de l\u00edmites, fundamentalmente recogidos en la Ley 19\/2013 de transparencia. Entre ellos se encuentran la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad p\u00fablica, la investigaci\u00f3n de il\u00edcitos o la protecci\u00f3n de datos personales.<\/p>\n\n\n\n

Pero debe considerarse no solo la existencia de estos l\u00edmites, sino la forma en que deben aplicarse. Los l\u00edmites no operan autom\u00e1ticamente, sino que requieren una justificaci\u00f3n espec\u00edfica en cada caso, basada en una ponderaci\u00f3n de los intereses en conflicto. Esta exigencia impide que la Administraci\u00f3n instrumentalice los l\u00edmites a modo de una cl\u00e1usula general de exclusi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, el Tribunal Supremo ha reiterado que el solicitante de informaci\u00f3n no est\u00e1 obligado a motivar su solicitud, y que la ausencia de motivaci\u00f3n no puede justificar la denegaci\u00f3n de la solicitud. Adem\u00e1s, la invocaci\u00f3n de intereses privados no es raz\u00f3n suficiente para restringir el acceso a la informaci\u00f3n, salvo en supuestos excepcionales como las solicitudes abusivas.<\/p>\n\n\n\n

Especial importancia encontramos en la doctrina consolidada desde la STS de 16 de octubre de 2017, seg\u00fan la cual los l\u00edmites deben interpretarse de manera restrictiva. Esta l\u00ednea ha sido reiterada en numerosas sentencias posteriores, como las de 10 de marzo de 2020, 11 de junio de 2020, 19 de noviembre de 2020 y 29 de diciembre de 2020. En todas ellas se insiste en que la aplicaci\u00f3n de los l\u00edmites no puede tener como resultado vaciar de contenido el derecho.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la STS de 29 de mayo de 2023 rechaza expresamente el car\u00e1cter discrecional de la decisi\u00f3n administrativa sobre el acceso, subrayando que la decisi\u00f3n debe ajustarse estrictamente a los t\u00e9rminos previstos en la ley. Esta doctrina refuerza el control judicial sobre las decisiones administrativas en materia de transparencia.<\/p>\n\n\n\n

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IV. Reafirmaci\u00f3n del derecho en la jurisprudencia reciente: STS 1119\/2025 y su continuidad<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La STS 1119\/2025 no solo sistematiza la jurisprudencia anterior, sino que tambi\u00e9n la proyecta hacia el futuro. En su fundamento jur\u00eddico sexto, el Tribunal Supremo sintetiza la configuraci\u00f3n constitucional del derecho, remont\u00e1ndose incluso a la STC 18\/1981. En esta l\u00ednea, reafirma que se trata de un derecho constitucional<\/em> con contenido propio, cuyo ejercicio no puede ser diferido ni condicionado a la interposici\u00f3n de acciones procesales.<\/p>\n\n\n\n

Este planteamiento refuerza la autonom\u00eda del derecho de acceso, desvincul\u00e1ndolo de otras v\u00edas de tutela y consolid\u00e1ndolo como un instrumento directo de relaci\u00f3n entre la ciudadan\u00eda y la Administraci\u00f3n. Adem\u00e1s, la sentencia subraya su estrecha vinculaci\u00f3n con otros principios constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

La continuidad de esta l\u00ednea jurisprudencial se afirma con la posterior STS 931\/2026, de 3 de marzo, que mantiene la orientaci\u00f3n expansiva del derecho. Lejos de introducir restricciones, el Tribunal Supremo sigue profundizando en la l\u00f3gica pro acceso<\/em>, consolidando una interpretaci\u00f3n favorable al ciudadano.<\/p>\n\n\n\n

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Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

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V. Dimensi\u00f3n parlamentaria del derecho de acceso: STS 243\/2026<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La evoluci\u00f3n jurisprudencial alcanza un punto especialmente significativo con la STS 243\/2026, de 3 de marzo (rec. n\u00ba 1741\/2025), que aborda el derecho de acceso en el contexto parlamentario. El caso plantea la tensi\u00f3n entre el deber de secreto del Banco de Espa\u00f1a y el derecho de los diputados a acceder a informaci\u00f3n para el ejercicio de sus funciones.<\/p>\n\n\n\n

Frente al enfoque de la Audiencia Nacional, que hab\u00eda realizado una ponderaci\u00f3n cl\u00e1sica entre intereses, el Tribunal Supremo introduce un cambio de perspectiva. En lugar de ponderar, interpreta el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable, concluyendo que el deber de secreto no es oponible a las Cortes Generales, sino que \u00fanicamente permite modular la forma de acceso.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los aspectos m\u00e1s innovadores de la sentencia es la consideraci\u00f3n de los diputados individualmente como sujetos<\/em> incluidos en la noci\u00f3n de \u201cCortes Generales\u201d. El Tribunal fundamenta esta conclusi\u00f3n en la funci\u00f3n constitucional de los parlamentarios, el reconocimiento del art\u00edculo 109 CE y la necesidad de evitar que el acceso dependa de mayor\u00edas parlamentarias.<\/p>\n\n\n\n

Esta doctrina supone un refuerzo cualitativo del derecho de acceso, al distinguir entre diferentes tipos de solicitantes. As\u00ed, mientras que la STS 244\/2023 hab\u00eda avalado la reserva frente a particulares, la STS 243\/2026 reconoce un estatuto reforzado cuando el acceso a   la informaci\u00f3n se vincula al ejercicio de funciones constitucionales.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, la sentencia consolida la idea de que el derecho de acceso es un instrumento esencial para el logro del principio democr\u00e1tico, especialmente en su dimensi\u00f3n parlamentaria. Al limitar el alcance del secreto administrativo y reforzar el control parlamentario, el Tribunal Supremo reafirma el car\u00e1cter estructural de la transparencia en el Estado de Derecho.<\/p>\n\n\n\n

En conjunto, la jurisprudencia analizada revela una evoluci\u00f3n coherente hacia una interpretaci\u00f3n amplia y garantista del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, en la que la STS 1119\/2025 y la STS 243\/2026 ocupan un lugar destacado como expresiones de una misma l\u00f3gica garantista.<\/p>\n\n\n\n

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