{"id":9598,"date":"2025-12-29T10:33:57","date_gmt":"2025-12-29T09:33:57","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=9598"},"modified":"2026-01-01T11:57:39","modified_gmt":"2026-01-01T10:57:39","slug":"principio-de-transparencia-algoritmica-democracia-digital-o-electronica-y-sts-1119-2025-de-11-de-septiembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/principio-de-transparencia-algoritmica-democracia-digital-o-electronica-y-sts-1119-2025-de-11-de-septiembre\/","title":{"rendered":"Principio de transparencia algor\u00edtmica, democracia digital o electr\u00f3nica y STS 1119\/2025, de 11 de septiembre"},"content":{"rendered":"\n

Por Pedro Tenorio<\/a><\/strong> Of Counsel del Bufete M\u00e1s y Calvet<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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La STS objeto de este trabajo se refiere al derecho de fundaci\u00f3n determinada a conocer el algoritmo conforme al cual se valoran las solicitudes del bono social el\u00e9ctrico<\/strong>. Como dijo nuestro Tribunal Constitucional <\/a>(citado por la Sentencia que resumimos en el FD Sexto) en la STC 16\/2004, de 23 de febrero, FJ 3, los derechos consagrados en nuestra Constituci\u00f3n tienen tambi\u00e9n que protegerse frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnol\u00f3gicamente avanzada, porque si no ser\u00edan te\u00f3ricos o ilusorios. De esta manera surge, con motivo de la actividad administrativa automatizada, el llamado principio de \u201ctransparencia algor\u00edtmica\u201d que impone a las Administraciones p\u00fablicas obligaciones de informaci\u00f3n p\u00fablica para facilitar el acceso de los ciudadanos, en mayor o menor medida, a las caracter\u00edsticas fundamentales de los algoritmos empleados en la toma de decisiones o c\u00f3digo fuente, como una manifestaci\u00f3n del principio de transparencia, consagrado constitucionalmente en el art\u00edculo 105 b) CE (STS 1119\/2025, FD sexto<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

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I. Introducci\u00f3n: administraci\u00f3n algor\u00edtmica y exigencias democr\u00e1ticas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La progresiva incorporaci\u00f3n de sistemas automatizados de toma de decisiones en la actividad de la Administraci\u00f3n p\u00fablica exige la actualizaci\u00f3n de los conceptos cl\u00e1sicos del Derecho p\u00fablico. La Administraci\u00f3n ya no decide \u00fanicamente a trav\u00e9s de actos humanos formalizados en resoluciones motivadas, sino que, cada vez con mayor frecuencia, se apoya en aplicaciones inform\u00e1ticas que traducen normas jur\u00eddicas en reglas algor\u00edtmicas capaces de producir efectos jur\u00eddicos directos sobre los ciudadanos. Este fen\u00f3meno, que algunos denominan administraci\u00f3n algor\u00edtmica<\/em>, obliga a adaptar los instrumentos tradicionales de control, garant\u00eda y legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto se inscribe la STS 1119\/2025, de 11 de septiembre, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que tiene gran relevancia en la construcci\u00f3n jurisprudencial del denominado principio de transparencia algor\u00edtmica. La sentencia resuelve el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la Fundaci\u00f3n Ciudadana Civio, frente a la negativa de la Administraci\u00f3n a facilitar el c\u00f3digo fuente de la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica BOSCO, utilizada para determinar de forma automatizada si los solicitantes cumplen los requisitos para ser beneficiarios del bono social el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n

El inter\u00e9s de la Sentencia trasciende el concreto objeto litigioso. La decisi\u00f3n se proyecta sobre cuestiones de gran relevancia: alcance del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, legitimidad democr\u00e1tica de los sistemas automatizados de decisi\u00f3n y papel de la sociedad civil organizada \u2014y, en particular, de las fundaciones\u2014 en la fiscalizaci\u00f3n del poder p\u00fablico en la era digital.<\/p>\n\n\n\n

II. Litigio: acceso al algoritmo BOSCO y funci\u00f3n c\u00edvica del reclamante<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El origen del proceso se sit\u00faa en septiembre de 2018, cuando la Fundaci\u00f3n Ciudadana Civio, organizaci\u00f3n independiente y sin \u00e1nimo de lucro dedicada a la vigilancia del funcionamiento de las instituciones p\u00fablicas, solicit\u00f3 a trav\u00e9s del Portal de Transparencia diversa informaci\u00f3n relativa a la aplicaci\u00f3n telem\u00e1tica BOSCO. Dicha aplicaci\u00f3n permite a las empresas comercializadoras comprobar, de manera automatizada, si una persona cumple los requisitos legales para ser considerada consumidora vulnerable y acceder al bono social el\u00e9ctrico.<\/p>\n\n\n\n

La solicitud comprend\u00eda cuatro elementos: la especificaci\u00f3n t\u00e9cnica de la aplicaci\u00f3n, los resultados de las pruebas funcionales, el c\u00f3digo fuente del programa y cualquier otro entregable que permitiera conocer su funcionamiento. Tras el silencio administrativo y la posterior reclamaci\u00f3n ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), este \u00faltimo estim\u00f3 parcialmente la solicitud, pero excluy\u00f3 el acceso al c\u00f3digo fuente por considerar que estaba amparado por la propiedad intelectual.<\/p>\n\n\n\n

Las sucesivas sentencias del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.\u00ba 8 y de la Audiencia Nacional confirmaron esa exclusi\u00f3n, a\u00f1adiendo argumentos relativos a la seguridad p\u00fablica y a la protecci\u00f3n de datos sensibles. Frente a ello, la Fundaci\u00f3n Civio interpuso recurso de casaci\u00f3n, denunciando una interpretaci\u00f3n expansiva y desproporcionada de los l\u00edmites del art\u00edculo 14.1 de la Ley 19\/2013, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno (LTAIBG).<\/p>\n\n\n\n

Tal vez convenga destacar que el reclamante no es un beneficiario individual del bono social, sino una fundaci\u00f3n c\u00edvica que act\u00faa en defensa del inter\u00e9s general, con la finalidad de verificar que el algoritmo utilizado por la Administraci\u00f3n reproduce fielmente los par\u00e1metros legales y no introduce sesgos, errores o desviaciones normativas. Esta circunstancia pudo pesar en la ponderaci\u00f3n que realiza el Tribunal Supremo.<\/p>\n\n\n\n

III. Transparencia algor\u00edtmica y democracia digital<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En su fundamento jur\u00eddico sexto, la STS 1119\/2025 realiza una aportaci\u00f3n de especial relevancia doctrinal. Partiendo de la doctrina constitucional seg\u00fan la cual los derechos fundamentales deben protegerse frente a los riesgos de una sociedad tecnol\u00f3gicamente avanzada \u2014recordando la STC 16\/2004\u2014, el Tribunal afirma que el uso de decisiones automatizadas por la Administraci\u00f3n activa el principio de transparencia algor\u00edtmica como manifestaci\u00f3n espec\u00edfica del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica del art\u00edculo 105.b) CE.<\/p>\n\n\n\n

La transparencia algor\u00edtmica exige que los ciudadanos puedan conocer, al menos en sus elementos esenciales, c\u00f3mo funcionan los algoritmos que inciden en el reconocimiento de derechos o en la imposici\u00f3n de cargas. No se trata de un mero deber t\u00e9cnico de informaci\u00f3n, sino de una exigencia constitucional derivada del principio democr\u00e1tico. De ah\u00ed que la sentencia conecte este principio con una noci\u00f3n m\u00e1s amplia de democracia digital o electr\u00f3nica, entendida como aquella que impone a los poderes p\u00fablicos la obligaci\u00f3n de explicar de forma comprensible los procesos automatizados de decisi\u00f3n, permitiendo su fiscalizaci\u00f3n social y jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n

En este punto, el Tribunal no se limita a una declaraci\u00f3n program\u00e1tica. Define con precisi\u00f3n los conceptos de algoritmo y c\u00f3digo fuente, destacando que este \u00faltimo constituye la traducci\u00f3n del algoritmo al lenguaje de programaci\u00f3n y, por tanto, el soporte material que permite verificar si la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica es fiel a la normativa que debe aplicar.<\/p>\n\n\n\n

IV. El derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica como derecho constitucional operativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uno de los aspectos m\u00e1s relevantes de la sentencia es la caracterizaci\u00f3n del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Para el Tribunal Supremo, este derecho no es ya un mero principio rector de la actuaci\u00f3n administrativa, sino un derecho constitucional ejercitable, inseparable del Estado democr\u00e1tico y de Derecho. Su relevancia se intensifica cuando la Administraci\u00f3n utiliza tecnolog\u00edas que, por su opacidad inherente, pueden dificultar el control ciudadano y judicial.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia insiste en que los l\u00edmites al derecho de acceso \u2014propiedad intelectual, seguridad p\u00fablica u otros\u2014 deben interpretarse de forma restrictiva y ponderada, conforme al art\u00edculo 14.2 LTAIBG. No cabe, por tanto, una exclusi\u00f3n autom\u00e1tica del c\u00f3digo fuente por el solo hecho de estar protegido por derechos de autor, m\u00e1xime cuando el titular de esos derechos es una Administraci\u00f3n p\u00fablica y el software se utiliza para el ejercicio de potestades p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

V. Ponderaci\u00f3n de intereses: propiedad intelectual, seguridad y control democr\u00e1tico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En los fundamentos jur\u00eddicos s\u00e9ptimo y octavo, la Sala aborda de manera sistem\u00e1tica los l\u00edmites invocados por la Administraci\u00f3n. Reconoce que el c\u00f3digo fuente de BOSCO es un programa de ordenador protegido por la normativa de propiedad intelectual, pero subraya que ello no agota el an\u00e1lisis. El algoritmo constituye, en la pr\u00e1ctica, una traducci\u00f3n inform\u00e1tica de normas jur\u00eddicas que determinan el acceso a un derecho social destinado a combatir la pobreza energ\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n

En la ponderaci\u00f3n de intereses, el Tribunal tiene en consideraci\u00f3n el inter\u00e9s leg\u00edtimo de la Fundaci\u00f3n Ciudadana Civio, cuya actividad de vigilancia institucional cumple una funci\u00f3n an\u00e1loga a la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido a las organizaciones de la sociedad civil en materia de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica (caso Magyar Helsinki Bizotts\u00e1g c. Hungr\u00eda<\/em>). La Fundaci\u00f3n act\u00faa, as\u00ed, como un sujeto cualificado de control democr\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

Frente a los riesgos alegados en materia de seguridad p\u00fablica, la sentencia destaca que el acceso solicitado no incluye datos personales y que existen mecanismos t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos para minimizar eventuales riesgos, como la sujeci\u00f3n del acceso a condiciones espec\u00edficas. Adem\u00e1s, se invocan normas recientes del Derecho de la Uni\u00f3n Europea y del ordenamiento de origen interno que promueven la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas algor\u00edtmica.<\/p>\n\n\n\n

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Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

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VI. Respuesta a la cuesti\u00f3n de inter\u00e9s casacional y alcance de la doctrina<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Sala sintetiza su decisi\u00f3n y su doctrina en el fundamento jur\u00eddico noveno: el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica adquiere especial relevancia cuando se emplean sistemas automatizados de decisi\u00f3n que afectan al reconocimiento de derechos sociales, y puede exigir, en determinados casos, el acceso al c\u00f3digo fuente del algoritmo utilizado.<\/p>\n\n\n\n

Aplicando esta doctrina al caso concreto, el Tribunal Supremo reconoce expresamente el derecho de la Fundaci\u00f3n Ciudadana Civio a acceder al c\u00f3digo fuente de la aplicaci\u00f3n BOSCO, con la finalidad de comprobar que las operaciones dise\u00f1adas para la concesi\u00f3n del bono social se ajustan al marco normativo aplicable. En consecuencia, estima el recurso de casaci\u00f3n y declara contraria a Derecho la resoluci\u00f3n del CTBG que deneg\u00f3 dicho acceso.<\/p>\n\n\n\n

VII. Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La STS 1119\/2025 tiene gran relevancia en nuestra jurisprudencia sobre transparencia, tecnolog\u00eda y democracia. Al articular el principio de transparencia algor\u00edtmica y vincularlo a la democracia digital, el Tribunal Supremo da un paso importante en la adaptaci\u00f3n de los conceptos de derecho p\u00fablico para afrontar las novedades de la administraci\u00f3n automatizada.<\/p>\n\n\n\n

Tal vez tambi\u00e9n convenga destacar el reconocimiento del papel de una fundaci\u00f3n c\u00edvica como sujeto legitimado para activar mecanismos de control democr\u00e1tico en defensa del inter\u00e9s general. La sentencia reafirma que la legitimidad del poder p\u00fablico no puede descansar en la opacidad de los algoritmos, sino en su sometimiento efectivo al control jur\u00eddico y social.<\/p>\n\n\n\n

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