{"id":9516,"date":"2025-11-27T08:00:00","date_gmt":"2025-11-27T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=9516"},"modified":"2025-12-29T10:46:36","modified_gmt":"2025-12-29T09:46:36","slug":"la-diferente-intensidad-del-control-sobre-el-derecho-al-recurso-canon-del-tribunal-constitucional-espanol-frente-al-estandar-europeo-de-proporcionalidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/la-diferente-intensidad-del-control-sobre-el-derecho-al-recurso-canon-del-tribunal-constitucional-espanol-frente-al-estandar-europeo-de-proporcionalidad\/","title":{"rendered":"La diferente intensidad del control sobre el derecho al recurso: canon del Tribunal Constitucional espa\u00f1ol frente al est\u00e1ndar europeo de proporcionalidad"},"content":{"rendered":"\n

Por Pedro Tenorio<\/a><\/strong> Of Counsel del Bufete M\u00e1s y Calvet<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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El canon con el que nuestro Tribunal Constitucional (TC) revisa las inadmisiones de recursos (art. 24.1 CE) es, con car\u00e1cter general, menos incisivo que el que aplica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (art. 6.1 CEDH), a pesar de que el Convenio fija, en principio, est\u00e1ndares \u201cm\u00ednimos\u201d. El TEDH ha sostenido una lectura material y proporcional del derecho al recurso, en tanto que el TC ha consolidado un control externo y deferente \u2014centrado en comprobar la ausencia de arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error patente\u2014, descartando el principio pro actione<\/em> cuando est\u00e1 en juego el acceso a medios impugnatorios. Entre nosotros, desde mediados de los noventa, el canon constitucional para el acceso al recurso se \u201cdisoci\u00f3\u201d del propio de acceso a la jurisdicci\u00f3n; el primero qued\u00f3 reducido a un test de motivaci\u00f3n y no arbitrariedad, mientras que el segundo que segu\u00eda aplicando el principio pro actione[1]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n\n\n\n

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Introducci\u00f3n.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La tensi\u00f3n se advierte en varias condenas a Espa\u00f1a \u2014SSTEDH de 28 de octubre de 1998, asunto P\u00e9rez de Rada Cavanilles c. Espa\u00f1a; de 25 de enero de 2000, asunto<\/em> Miragall Escolano c. Espa\u00f1a<\/em>; de 9 de noviembre de 2004, asunto S\u00e1ez Maeso c. Espa\u00f1a<\/em>; de 7 de junio de 2007, asunto Salt Hiper, SA c. Espa\u00f1a<\/em> y de 15 de diciembre de 2009, asunto Llavador Carretero c. Espa\u00f1a<\/em>\u2014 que orbitan, con matices, sobre un mismo eje: el formalismo excesivo con el que se han aplicado exigencias de admisibilidad. La secuencia muestra c\u00f3mo, en Estrasburgo, las \u201cformas\u201d no son un fin, sino medios sometidos a ponderaci\u00f3n con la efectividad del derecho, mientras que, en Madrid, el escrutinio constitucional suele detenerse en la lectura estricta de la legalidad procesal por el Tribunal Supremo. Est\u00e1ndar llamado a ser \u201cm\u00ednimo\u201d ha funcionado como un est\u00e1ndar de correcci\u00f3n de la pr\u00e1ctica interna.<\/p>\n\n\n\n

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II. Canon del Tribunal Constitucional: control externo que tolera el rigorismo formal<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La jurisprudencia del TC distingue con nitidez entre acceso a la jurisdicci\u00f3n y acceso a los recursos. El primero activa la protecci\u00f3n directa del art. 24.1 CE; el segundo se concibe como un derecho de configuraci\u00f3n legal. Ese marco condiciona el test de control: cuando el amparo se dirige contra decisiones de inadmisi\u00f3n de recursos (salvo en el \u00e1mbito penal por imperativo del art. 14.5 PIDCP), la revisi\u00f3n constitucional se limita a verificar si existe causa legal, si la decisi\u00f3n est\u00e1 motivada y si no incurre en arbitrariedad, manifiesta irrazonabilidad o error f\u00e1ctico patente (s\u00edntesis can\u00f3nica recogida por la doctrina). El TC, adem\u00e1s, subraya que debe extremar su deferencia cuando el \u00f3rgano autor de la decisi\u00f3n es el Tribunal Supremo, titular de la funci\u00f3n de interpretar la legalidad ordinaria con valor complementario del ordenamiento (art. 1.6 CC)[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Ese canon \u201cexterno\u201d\u2014no propiamente sustantivo\u2014ha convivido con alg\u00fan titubeo. Tras S\u00e1ez Maeso<\/em>, la STC 248\/2005, de 10 de octubre, acogi\u00f3 una lectura pr\u00f3xima a la europea y estim\u00f3 el amparo por formalismo desproporcionado (FJ 3), en l\u00ednea con la idea de que la forma no puede vaciar el derecho de acceso al recurso. Pero apenas dos semanas despu\u00e9s, la STC 265\/2005, de 24 de octubre, rechaz\u00f3 el amparo en un supuesto que a\u00f1os m\u00e1s tarde dar\u00eda lugar a una condena en Llavador Carretero<\/em>, apoy\u00e1ndose en que la decisi\u00f3n del Tribunal Supremo estaba razonada y no era arbitraria. El voto particular del Magistrado Garc\u00eda-Calvo advirti\u00f3 ya entonces un formalismo exacerbado y una desproporci\u00f3n relevante entre defecto y consecuencia (VP, STC 265\/2005). Esa misma t\u00f3nica de autocontenci\u00f3n reaparece en la STC 17\/2007, que reconoci\u00f3 la indudable semejanza con el patr\u00f3n europeo, pero mantuvo, pese a ello, la negativa a corregir la inadmisi\u00f3n por el cauce constitucional (FJ 2).<\/p>\n\n\n\n

En suma, el TC ha mantenido, con una excepci\u00f3n, un canon \u2014arbitrariedad, irracionalidad o error patente\u2014 que tolera m\u00e1rgenes amplios de rigorismo formal, siempre que la resoluci\u00f3n est\u00e9 razonada y la causa legal exista. De ah\u00ed la fricci\u00f3n con el canon europeo.<\/p>\n\n\n\n

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III. El est\u00e1ndar del TEDH: la proporcionalidad como ant\u00eddoto del formalismo excesivo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El TEDH no desconoce la legitimidad de las formas. Antes bien, su jurisprudencia insiste en que los plazos y requisitos persiguen fines de buena administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica, pero no pueden convertirse en barreras que frustren la esencia del derecho de acceso a un tribunal. En STEDH de 9 de noviembre de 2004, S\u00e1ez Maeso c. Espa\u00f1a<\/em>, el Tribunal afirm\u00f3 que est\u00e1n implicados el principio de la seguridad jur\u00eddica y el derecho a la protecci\u00f3n efectiva por los jueces y tribunales, y que la interpretaci\u00f3n excesivamente rigurosa de las normas de admisibilidad vulnera el art. 6.1 cuando, de facto, impide el examen de fondo; la combinaci\u00f3n de admisi\u00f3n inicial, inadmisi\u00f3n a\u00f1os despu\u00e9s y ausencia de tr\u00e1mite de alegaciones o subsanaci\u00f3n fue decisiva para apreciar la violaci\u00f3n (\u00a7\u00a7 28-31).<\/p>\n\n\n\n

La l\u00ednea se refuerza con STEDH de 7 de junio de 2007, Salt Hiper, SA c. Espa\u00f1a<\/em>. All\u00ed, el TEDH tom\u00f3 nota de que el Tribunal Supremo hab\u00eda admitido el recurso y, tras casi cinco a\u00f1os, lo hab\u00eda declarado inadmisible por motivos formales sin permitir alegar; esa secuencia destruye la relaci\u00f3n de proporcionalidad entre la finalidad leg\u00edtima del requisito y la consecuencia aplicada (\u00a7\u00a7 16-20). En otras palabras: el formalismo, al menos opera tard\u00edamente y sin ofrecer posibilidades reales de correcci\u00f3n, deviene desproporcionado respecto del sacrificio del derecho.<\/p>\n\n\n\n

El mismo patr\u00f3n se observa en STEDH de 15 de diciembre de 2009, Llavador Carretero c. Espa\u00f1a<\/em>. El TEDH record\u00f3 que la situaci\u00f3n era sustancialmente an\u00e1loga a S\u00e1ez Maeso<\/em> y enfatiz\u00f3 que el modo en que el demandante hab\u00eda articulado su casaci\u00f3n no imped\u00eda al Tribunal Supremo ejercer su funci\u00f3n; el demandante identific\u00f3 la decisi\u00f3n, su fecha de notificaci\u00f3n y el motivo de casaci\u00f3n, enumerando las disposiciones infringidas. Eran las circunstancias temporales y procedimentales \u2014admisi\u00f3n previa, retraso y falta de audiencia\u2014 las que, combinadas, hac\u00edan desproporcionada la inadmisi\u00f3n (\u00a7\u00a7 21-22).<\/p>\n\n\n\n

En este punto cobra relieve una decisi\u00f3n m\u00e1s reciente DTEDH de 26 de junio de 2025, Gil Sanju\u00e1n c. Espa\u00f1a<\/em>, que recuerda la sentencia de 26 de mayo de 2020 en la que el TEDH declar\u00f3 que la inadmisi\u00f3n de la casaci\u00f3n por el Tribunal Supremo, por incumplimiento de una exigencia formal precisada en una resoluci\u00f3n posterior a la preparaci\u00f3n, equivali\u00f3 a \u201cexcessive formalism involving an unreasonable and particularly strict application of procedural formalities\u201d (as\u00ed, literalmente, \u00a7 5, Gil Sanju\u00e1n<\/em>, Dec.). La reparaci\u00f3n adecuada era la reapertura de actuaciones, precisamente para evitar que la sanci\u00f3n formal neutralizara el acceso al control de legalidad. La forma cuenta, pero solo hasta donde sea compatible con el n\u00facleo efectivo del derecho.<\/p>\n\n\n\n

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IV. Recepci\u00f3n parcial y retorno al canon m\u00ednimo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La recepci\u00f3n entre nosotros de esta l\u00ednea europea fue inmediata pero no se consolid\u00f3: la STC 248\/2005 se hizo eco de S\u00e1ez Maeso<\/em> y de su l\u00f3gica de proporcionalidad para desautorizar una inadmisi\u00f3n casacional por formalismo, con una argumentaci\u00f3n que \u2014sin proclamar un cambio de canon\u2014 oper\u00f3 materialmente como un examen de adecuaci\u00f3n entre defecto y consecuencia (FJ 3). Pero la STC 265\/2005 \u2014sobre un supuesto que el TEDH reconducir\u00e1 a\u00f1os despu\u00e9s en Llavador Carretero<\/em>\u2014 regres\u00f3 al enfoque externalista, resaltando que la decisi\u00f3n del Supremo no era arbitraria. El voto particular ya apuntaba el problema: si la desproporci\u00f3n es el vicio, la clave no es la (escasa) motivaci\u00f3n, sino la intensidad del sacrificio del derecho frente a la finalidad del requisito (VP, STC 265\/2005). Esa misma l\u00f3gica late en la STC 17\/2007, que, aun reconociendo la similitud con S\u00e1ez Maeso<\/em>, no reconstruy\u00f3 la ponderaci\u00f3n exigida por Estrasburgo (FJ 2). El resultado \u00fatil fue que el est\u00e1ndar europeo sigui\u00f3 sirviendo para corregir ex post lo que el amparo no correg\u00eda internamente, a pesar del mandato del art. 10.2 CE.<\/p>\n\n\n\n

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Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

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La evoluci\u00f3n posterior del TEDH \u2014que culmina en la referencia reciente a Gil Sanju\u00e1n<\/em>\u2014 reitera que el n\u00facleo del art. 6.1 CEDH no es compatible con una pr\u00e1ctica en la que se produce, primero, una aceptaci\u00f3n del recurso por el Tribunal Supremo y, luego, una inadmisi\u00f3n tard\u00eda por un defecto que ni imped\u00eda comprender la pretensi\u00f3n ni fue suscitado a tiempo con oportunidad de subsanaci\u00f3n. De ah\u00ed que las SSTEDH<\/em> insistan no solo en la naturaleza del defecto, sino en la tramitaci\u00f3n concreta: admisi\u00f3n previa, cambio de criterio sin explicaci\u00f3n suficiente, ausencia de audiencia del recurrente o aplicaci\u00f3n retroactiva de pautas jurisprudenciales. El mensaje es invariable: un orden procesal leg\u00edtimo debe operar con previsibilidad, coherencia temporal y efectividad del derecho de acceso. Cualquier otra cosa es, en palabras de Gil Sanju\u00e1n<\/em>, \u201cunreasonable and particularly strict application of procedural formalities\u201d (\u00a7 5, Dec.).<\/p>\n\n\n\n

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V. Conclusi\u00f3n: cerrar la brecha entre \u201cm\u00ednimo europeo\u201d y tutela constitucional<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El contraste entre ambos c\u00e1nones es hoy n\u00edtido. El canon del TC nace de una premisa institucional \u2014la deferencia a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en especial, al Tribunal Supremo\u2014 que transforma el amparo en un control de lesiones muy evidentes (arbitrariedad, irracionalidad, error patente). El canon del TEDH, por su parte, es un control sustantivo, que impone ponderar si la restricci\u00f3n formal guarda una proporci\u00f3n razonable con el fin protegido. Uno y otro responden a l\u00f3gicas distintas: el primero evita convertirse en \u201ctercera instancia\u201d; el segundo garantiza que las formas no vac\u00eden el derecho. El problema es que esa diferencia de intensidades ha generado una asimetr\u00eda pr\u00e1ctica: en no pocas ocasiones, el \u201cm\u00ednimo europeo\u201d protege m\u00e1s que nuestro est\u00e1ndar constitucional.<\/p>\n\n\n\n

A la vista del art. 10.2 CE, la conclusi\u00f3n se impone: no se trata de \u201ceuropeizar\u201d la casaci\u00f3n, sino de armonizar el canon de amparo con el n\u00facleo del art. 6.1 CEDH tal y como lo ha ido perfilando el TEDH. La experiencia muestra que, cuando el TC se ha asomado a esa l\u00f3gica \u2014como en 2005\u2014, el resultado es m\u00e1s coherente con un proceso justo que no hace de la forma una trampa temporal. La proporcionalidad permite distinguir entre formalidades ordenadoras del proceso y formalismos enervantes. En ese tr\u00e1nsito, la referencia a S\u00e1ez Maeso<\/em>, Salt Hiper<\/em>, Llavador Carretero<\/em> y, m\u00e1s recientemente, Gil Sanju\u00e1n<\/em> ofrece un panorama claro: advertir cu\u00e1ndo el defecto impide realmente enjuiciar y cu\u00e1ndo lo que impide juzgar es, m\u00e1s bien, la arquitectura procedimental que el propio sistema ha construido en su contra.<\/p>\n\n\n\n

Ese canon europeo de proporcionalidad plantea una cuesti\u00f3n que aqu\u00ed dejamos abierta: \u00bfqu\u00e9 decir de las inadmisiones de recursos en las que la parquedad de la motivaci\u00f3n no permite hacer un enjuiciamiento de la proporcionalidad?<\/p>\n\n\n\n

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