{"id":9261,"date":"2025-09-17T08:00:00","date_gmt":"2025-09-17T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=9261"},"modified":"2025-09-16T23:27:06","modified_gmt":"2025-09-16T21:27:06","slug":"el-incidente-de-nulidad-de-actuaciones-como-garantia-ordinaria-de-los-derechos-fundamentales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/el-incidente-de-nulidad-de-actuaciones-como-garantia-ordinaria-de-los-derechos-fundamentales\/","title":{"rendered":"El incidente de nulidad de actuaciones como garant\u00eda ordinaria de los derechos fundamentales"},"content":{"rendered":"\n

Por Pedro Tenorio<\/a><\/strong> Of Counsel del Bufete M\u00e1s y Calvet<\/a><\/strong> Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia (Madrid). Exletrado del Tribunal Constitucional<\/p>\n\n\n\n

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El incidente de nulidad de actuaciones, tal como hoy se configura, responde a una evoluci\u00f3n legislativa y jurisprudencial que hunde sus ra\u00edces en la necesidad de preservar la tutela judicial efectiva consagrada en el art\u00edculo 24 de nuestra Constituci\u00f3n. El incidente tuvo una regulaci\u00f3n originaria en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, siendo eliminado en la ley 34\/1984, de 6 de agosto, como reacci\u00f3n a su uso abusivo.<\/p>\n\n\n\n

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I. G\u00e9nesis legislativa y fundamento constitucional del incidente de nulidad de actuaciones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

En este marco, la STC 185\/1990, de 15 de noviembre, que resolvi\u00f3 una cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad autoplanteada por nuestro Tribunal Constitucional sin declarar la inconstitucionalidad del antiguo art. 240 LOPJ, reconoc\u00eda impl\u00edcitamente la necesidad de una reforma legal que habilitara un cauce ordinario de revisi\u00f3n judicial ante lesiones de derechos fundamentales ya consolidadas en resoluciones firmes. El legislador acogi\u00f3 este mandato mediante la Ley Org\u00e1nica 5\/1997, cuyo objetivo expl\u00edcito fue reforzar la subsidiariedad del amparo, otorgando a los tribunales ordinarios la posibilidad de revisar sus propias decisiones en caso de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales y que reform\u00f3 el art\u00edculo 240 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial (LOPJ).<\/p>\n\n\n\n

La raz\u00f3n \u00faltima de esta reforma resid\u00eda en una preocupaci\u00f3n de fondo: la ausencia de medios ordinarios para remediar ciertas vulneraciones de derechos fundamentales procesales una vez firme la resoluci\u00f3n judicial. Esta laguna dejaba al recurso de amparo constitucional como \u00fanica v\u00eda de protecci\u00f3n, debilitando su naturaleza subsidiaria y sobrecargando al Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n

II. Evoluci\u00f3n normativa y ampliaci\u00f3n del \u00e1mbito del incidente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Desde su reintroducci\u00f3n en 1997, el incidente de nulidad ha sido objeto de sucesivas reformas que han ido ensanchando su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n e intentando afinar su articulaci\u00f3n procesal. La Ley Org\u00e1nica 13\/1999, de 14 de mayo, la Ley1\/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (art. 228 LEC) y, sobre todo, la Ley Org\u00e1nica 19\/2003, trasladaron el precepto al actual art\u00edculo 241 de la LOPJ, al tiempo que consolidaban su procedencia frente a vulneraciones de derechos fundamentales siempre que no fueran susceptibles de recurso ordinario ni extraordinario.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, la reforma m\u00e1s importante se produce con la Ley Org\u00e1nica 6\/2007, de 24 de mayo, que cambi\u00f3 profundamente el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, introduciendo el requisito de la \u201cespecial trascendencia constitucional\u201d como presupuesto de admisi\u00f3n. Este nuevo enfoque, que prioriza la dimensi\u00f3n objetiva del amparo sobre su finalidad reparadora, hizo imperativo reforzar a\u00fan m\u00e1s los mecanismos de protecci\u00f3n ordinaria de los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, el legislador extendi\u00f3 el \u00e1mbito del incidente de nulidad de actuaciones, permitiendo que pueda fundarse en cualquier vulneraci\u00f3n de los derechos reconocidos en el art\u00edculo 53.2 CE, y no s\u00f3lo en la indefensi\u00f3n procesal o en la incongruencia del fallo, como anteriormente. Esta ampliaci\u00f3n normativa no s\u00f3lo refuerza el car\u00e1cter subsidiario del amparo, sino que convierte a los \u00f3rganos judiciales ordinarios en garantes primarios de los derechos fundamentales, al tiempo que intenta compensar el inevitable retraimiento del Tribunal Constitucional hacia un modelo de control m\u00e1s abstracto.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de este dise\u00f1o te\u00f3rico ambicioso, la doctrina advierte que su eficacia real ha encontrado l\u00edmites pr\u00e1cticos importantes, concretamente por la exigencia acumulativa de que la vulneraci\u00f3n no haya podido denunciarse antes de recaer resoluci\u00f3n firme y que \u00e9sta no sea susceptible de recurso. Este doble filtro restringe significativamente la operatividad del incidente, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales sustantivos, cuya eventual lesi\u00f3n suele haberse alegado ya durante el proceso.<\/p>\n\n\n\n

III. Interpretaci\u00f3n jurisprudencial del incidente: entre formalidad y finalidad<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La interpretaci\u00f3n de la procedencia del incidente ha sido oscilante, especialmente en lo relativo a los derechos fundamentales sustantivos.<\/p>\n\n\n\n

Inicialmente, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se mostraron proclives a exigir el planteamiento del incidente como presupuesto de admisibilidad del recurso de amparo, incluso en aquellos procesos en los que la controversia principal giraba ya en torno a derechos como el honor, la intimidad o la libertad de expresi\u00f3n. Esta l\u00ednea, que se plasma en decisiones como el ATC 200\/2010, de 21 de diciembre, o el ATS 653\/2011, de 10 de enero, con voto particular de Roca Fr\u00edas, fue objeto de fuertes cr\u00edticas doctrinales y cont\u00f3 incluso con votos particulares discrepantes.<\/p>\n\n\n\n

La jurisprudencia comenz\u00f3 a virar progresivamente en 2012, con las SSTC 17\/2012, de 13 de febrero, y 23\/2012, de 27 de febrero, que exim\u00edan del planteamiento del incidente cuando la lesi\u00f3n del derecho fundamental ya hab\u00eda sido objeto de debate y resoluci\u00f3n durante todo el iter procesal. Este cambio de criterio se consolid\u00f3 definitivamente con la STC 216\/2013, de 19 de diciembre, en la que el Pleno del Tribunal Constitucional revis\u00f3 expresamente la doctrina anterior y admiti\u00f3 que, en tales supuestos, la finalidad del principio de subsidiariedad ya se encontraba debidamente cumplida.<\/p>\n\n\n\n

Este enfoque m\u00e1s finalista permite evitar un uso meramente formalista del incidente y refuerza su funcionalidad real, evitando que se convierta en una carga procesal vac\u00eda o incluso en una causa artificiosa de inadmisi\u00f3n del amparo. En suma, la doctrina constitucional m\u00e1s reciente tiende a valorar si la jurisdicci\u00f3n ordinaria ha tenido una oportunidad razonable de pronunciarse sobre la lesi\u00f3n alegada, en lugar de exigir mec\u00e1nicamente el uso del incidente de nulidad en todos los casos.<\/p>\n\n\n\n

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Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

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IV. Instrumento de eficacia condicionada<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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El incidente de nulidad de actuaciones deber\u00eda cumplir una funci\u00f3n relevante al permitir la reparaci\u00f3n de vulneraciones que surgen ex novo en resoluciones judiciales firmes, especialmente cuando afectan a derechos de defensa, motivaci\u00f3n o congruencia. Asimismo, su configuraci\u00f3n como medio previo al amparo contribuye a fortalecer el principio de subsidiariedad y deber\u00eda racionalizar la carga de trabajo del Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, la eficacia pr\u00e1ctica del incidente depende en gran medida de su interpretaci\u00f3n por parte de los tribunales ordinarios. Si \u00e9stos lo consideran una v\u00eda cerrada o extraordinaria, o si la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite se convierte en una barrera casi infranqueable, su capacidad para actuar como mecanismo efectivo de tutela disminuye sensiblemente.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, una utilizaci\u00f3n excesiva o poco rigurosa del incidente puede hacerlo degenerar en un instrumento ineficaz o incluso contraproducente si no se acierta a delimitar adecuadamente su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n. En especial, es dif\u00edcil evitar confusiones con otras figuras como el complemento o la aclaraci\u00f3n de resoluciones (arts. 215 LEC y 267.5 LOPJ), o con mecanismos como la audiencia al rebelde en el \u00e1mbito social.<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1\u00e1dase a esta complejidad del agotamiento de la v\u00eda judicial previa al recurso de amparo que tambi\u00e9n ha reca\u00eddo jurisprudencia del TEDH respecto del agotamiento de recursos internos que contempla el incidente de nulidad de actuaciones: DTEDH de 14 de junio de 2011.<\/p>\n\n\n\n

Todo esto se advirti\u00f3 muy pronto por la doctrina, junto a otra dificultad que lo ha convertido, con el paso de los a\u00f1os, en un instrumento in\u00fatil: con el incidente de nulidad de actuaciones se pretende que un \u00f3rgano judicial que en un momento determinado dicta una resoluci\u00f3n teniendo como par\u00e1metro de decisi\u00f3n, no solo la Constituci\u00f3n, sino todo el ordenamiento jur\u00eddico, 20 d\u00edas despu\u00e9s se convenza de que esa resoluci\u00f3n fue contraria a la Constituci\u00f3n. Como se ha se\u00f1alado[1]<\/a>, sobre pocos aspectos relativos a la regulaci\u00f3n del incidente de nulidad de actuaciones hay tanto consenso como sobre la inadecuaci\u00f3n de la norma que atribuye la competencia para resolverlo al propio \u00f3rgano judicial que dict\u00f3 la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, si bien la reforma de 2007 ha dotado al incidente de una mayor relevancia constitucional y un papel m\u00e1s importante en la arquitectura de garant\u00edas del sistema, su desarrollo pr\u00e1ctico hubiera exigido un compromiso firme por parte de los \u00f3rganos jurisdiccionales para que no se convirtiera en una v\u00eda residual o simb\u00f3lica.<\/p>\n\n\n\n

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Conclusiones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Una visi\u00f3n actual del incidente de nulidad de actuaciones como instrumento de tutela de los derechos fundamentales, que considere su evoluci\u00f3n legislativa, su dise\u00f1o normativo y su desarrollo jurisprudencial, muestra que esta figura procesal que deber\u00eda haber adquirido un relieve constitucional notable, en gran medida como consecuencia de la objetivaci\u00f3n del recurso de amparo, se ha convertido en un instrumento in\u00fatil.<\/p>\n\n\n\n

El incidente de nulidad de actuaciones se configura hoy como un cauce necesario, pero nunca suficiente, para garantizar una reparaci\u00f3n efectiva de vulneraciones que no han podido ser corregidas en instancias anteriores. Su existencia te\u00f3ricamente refuerza el papel de la jurisdicci\u00f3n ordinaria como garante primario de los derechos fundamentales y contribuye a preservar el car\u00e1cter subsidiario del recurso de amparo, pero deja mucho que desear para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

En suma, se trataba de una figura con gran potencial, pero su efectividad ha sido decepcionante. Proponemos que se estudie sustituirlo, en la medida de lo posible, por un amparo judicial ante una sala del Tribunal Supremo. Esa nueva v\u00eda habr\u00e1 de superar los problemas actuales del incidente de nulidad de actuaciones: la dificultad de su admisi\u00f3n y su delimitaci\u00f3n respecto de otras figuras como el complemento o la aclaraci\u00f3n de resoluciones o con mecanismos como la audiencia del rebelde en el \u00e1mbito social. Pero sobre todo, al atribuir la competencia para resolver a un \u00f3rgano judicial distinto al que dicta la resoluci\u00f3n discutida se pone una premisa importante para que el control sea efectivo.<\/p>\n\n\n\n

En Madrid, a 11 de septiembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

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[1]<\/a> Bellido Penad\u00e9s, R., \u201cEl incidente de nulidad de actuaciones como medio de tutela de derechos fundamentales\u201d, en Revista General de Derecho Constitucional<\/em>, n\u00fam. 25, 2017.<\/p>\n\n\n\n

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