{"id":8982,"date":"2025-05-06T10:31:25","date_gmt":"2025-05-06T08:31:25","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=8982"},"modified":"2025-06-03T01:18:46","modified_gmt":"2025-06-02T23:18:46","slug":"cuestionamiento-del-derecho-administrativo-sancionador-por-la-stedh-de-29-de-abril-de-2025-asunto-avagyan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/cuestionamiento-del-derecho-administrativo-sancionador-por-la-stedh-de-29-de-abril-de-2025-asunto-avagyan\/","title":{"rendered":"Cuestionamiento del Derecho Administrativo sancionador por la STEDH de 29 de abril de 2025, asunto Avagyan"},"content":{"rendered":"\n

Por Pedro Tenorio<\/a><\/strong> Of Counsel del Bufete M\u00e1s y Calvet<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Las elevadas sanciones que imponen los entes p\u00fablicos llegan a ser noticia. El 29 de julio de 2024, la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y de la Competencia<\/a><\/strong> impon\u00eda la m\u00e1s alta sanci\u00f3n de su historia a la empresa Booking.com, varias multas por una cuant\u00eda total de 413,23 millones de euros por abuso de posici\u00f3n dominante (la Audiencia Nacional suspender\u00eda cautelarmente la sanci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

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1. Introducci\u00f3n. Elevadas sanciones impuestas por los entes p\u00fablicos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El 22 de noviembre de 2024 anunciaba el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030<\/a><\/strong> multas por un total de 178,9 millones de euros a las compa\u00f1\u00edas Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volatea por pr\u00e1cticas abusivas (como cobrar por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompa\u00f1ar a personas dependientes). El 18 de enero de 2022 era noticia que la Audiencia de Madrid hab\u00eda absuelto a un magnate de acero de nuestro pa\u00eds de una multa de 1190 millones de euros por fraude fiscal. En definitiva, la potestad sancionadora de la Administraci\u00f3n p\u00fablica, no solo es temible para los ciudadanos corrientes, sino incluso para los grandes empresarios y empresas.<\/p>\n\n\n\n

Son muchos los entes p\u00fablicos que pueden imponer multas muy elevadas. Adem\u00e1s de la omnipresente Agencia Tributaria (AEAT)<\/a><\/strong> cabe mencionar a la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), (que vigila el cumplimiento del derecho de la competencia, el establecimiento de precios abusivos, acuerdos colusorios, etc. y que impone sanciones a empresas energ\u00e9ticas, de telecomunicaciones o constructoras por importantes cuant\u00edas); la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos (AEPD)<\/a><\/strong>, (que se ocupa de las infracciones de la normativa de protecci\u00f3n de datos y que impone multas importantes a grandes tecnol\u00f3gicas por uso indebido de datos personales); la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ( que se ocupa de las infracciones en los mercados financieros, la manipulaci\u00f3n del mercado o el abuso de informaci\u00f3n privilegiada e impone tambi\u00e9n importantes sanciones a bancos o sociedades de inversi\u00f3n); el Banco de Espa\u00f1a<\/a><\/strong>, (que supervisa el sistema bancario y que impone sanciones elevadas a entidades financieras por malas pr\u00e1cticas con clientes o por incumplimientos regulatorios); la Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social, (que se ocupa del Derecho laboral, la seguridad en el trabajo o la contrataci\u00f3n fraudulenta e impone sanciones por ejemplo por uso excesivo de contratos temporales o impago de cotizaciones. A ello hay que a\u00f1adir los Ministerios competentes en las diferentes \u00e1reas econ\u00f3micas como industria, consumo o transici\u00f3n ecol\u00f3gica, que imponen sanciones en sectores espec\u00edficos, medioambiente, consumo, energ\u00eda, transporte, pudiendo traerse a colaci\u00f3n las sanciones del Ministerio de Consumo a empresas por publicidad enga\u00f1osa o cl\u00e1usulas abusivas. Y no olvidemos que tambi\u00e9n existen autoridades auton\u00f3micas y locales, que pueden sancionar a empresas dentro de sus competencias, como consumo o medioambiente a nivel regional, pi\u00e9nsese en las multas de las Comunidades Aut\u00f3nomas por contaminaci\u00f3n o en materia urban\u00edstica.<\/p>\n\n\n\n

2. Aplicaci\u00f3n matizada de las garant\u00edas constitucionales en el procedimiento administrativo sancionador.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por eso, entre otras razones, constituye doctrina reiterada de nuestro Tribunal Constitucional<\/a><\/strong> (por ejemplo, SSTC 89\/1995, de 6 de junio, FJ 4 o 45\/1997, de 11 de marzo) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (as\u00ed, por ejemplo, Sentencias del TEDH de 8 de junio de 1976 -asunto Engel y otros<\/em>-, de 21 de febrero de 1984 -asunto \u00d6zt\u00fcrk<\/em>-, de 28 de junio de 1984 -asunto Cambell y Fell<\/em>-, de 22 de mayo de 1990 -asunto Weber<\/em>-, de 27 de agosto de 1991 -asunto Demicoli<\/em>-, de 24 de febrero de 1994 -asunto Bendenoun<\/em>-), la de que los principales principios y garant\u00edas constitucionales del orden penal y del proceso penal han de observarse, con ciertos matices, en el procedimiento administrativo sancionador.<\/p>\n\n\n\n

Nuestro legislador ha procurado ajustar la regulaci\u00f3n del procedimiento administrativo sancionador a las exigencias constitucionales y ha procedido a actualizarlo no hace muchos a\u00f1os. La regulaci\u00f3n vigente se encuentra en la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan y en la Ley 40\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, como hemos dicho, hay matices diferenciales entre el Derecho penal y el procesal penal, de una parte, y el Derecho administrativo y procedimiento administrativo sancionadores, de otra. El TEDH, nuestro Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Supremo y nuestro legislador han ido estableciendo y matizando las analog\u00edas y diferencias. En particular, el 30 de junio de 2020, en la Sentencia Sachetti, el TEDH extendi\u00f3 la garant\u00eda de la doble instancia de jurisdicci\u00f3n al \u00e1mbito del procedimiento administrativo sancionador.<\/p>\n\n\n\n

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Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

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3. Cuestionamiento de la situaci\u00f3n por la STEDH Avagyan.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

 Algo an\u00e1logo podr\u00eda haber sucedido, seg\u00fan determinada interpretaci\u00f3n, con la STEDH de 29 de abril de 2025, asunto Avagyan<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

La referida sentencia del TEDH aborda la condena impuesta a Mariya Avagyan por publicar en su cuenta de Instagram comentarios cr\u00edticos respecto a la existencia de casos de COVID-19 en su regi\u00f3n, Krasnodar, durante los primeros meses de la pandemia. Con aproximadamente 2.600 seguidores, su publicaci\u00f3n expresaba escepticismo sobre la transparencia de los datos oficiales, insinuando que no se hab\u00edan confirmado casos positivos y que podr\u00eda haber intereses econ\u00f3micos detr\u00e1s de la narrativa estatal.<\/p>\n\n\n\n

Fue sancionada con una multa administrativa de 30.000 rublos por difundir informaci\u00f3n \u201cdeliberadamente falsa\u201d con base en el art\u00edculo 13.15(9) del C\u00f3digo de Infracciones Administrativas ruso. El Tribunal de Estrasburgo concluy\u00f3 que dicha condena vulner\u00f3 el art\u00edculo 10 del Convenio (libertad de expresi\u00f3n), al considerar que sus comentarios formaban parte del debate p\u00fablico leg\u00edtimo sobre la gesti\u00f3n de la pandemia. Destac\u00f3 que los tribunales rusos no demostraron la falsedad intencionada de sus afirmaciones ni el riesgo real de perjuicio, y que la reacci\u00f3n estatal fue desproporcionada, con un efecto amedrentador sobre la libre expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Pero lo que aqu\u00ed nos interesa es que el TEDH declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 6 \u00a71 del Convenio, relativo al derecho a un juicio justo ante un tribunal imparcial. La Corte identific\u00f3 una \u201cdeficiencia estructural\u201d en el proceso: la ausencia de una parte acusadora en el procedimiento administrativo. Esta omisi\u00f3n implic\u00f3 que el juez asumiera, de facto, el rol de fiscal, comprometiendo as\u00ed la imparcialidad judicial y vulnerando el principio de contradicci\u00f3n. No se respet\u00f3 la presunci\u00f3n de inocencia, ya que se traslad\u00f3 indebidamente a la demandante la carga de probar la veracidad de sus comentarios, en lugar de exigir a la acusaci\u00f3n que demostrara su falsedad consciente y su car\u00e1cter da\u00f1ino.<\/p>\n\n\n\n

En efecto, el TEDH concluy\u00f3, en lo que aqu\u00ed nos interesa, que el procedimiento nacional no ofreci\u00f3 las garant\u00edas procesales m\u00ednimas y la violaci\u00f3n del art\u00edculo 6 \u00a71 del Convenio. Destaquemos puntos sustanciales de la Sentencia:<\/p>\n\n\n\n

– En el \u00a71 de la Sentencia se recoge que la demandante dijo que se viol\u00f3 el art. 6 \u00a71 del convenio ya que \u201cno tuvo un juicio justo al no haber habido parte acusadora en el procedimiento administrativo en su contra.\u201d<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n

– En el \u00a78 se dice que \u201cel juez de paz declar\u00f3 a la demandante responsable de difundir informaci\u00f3n falsa, concretamente de afirmar que no hab\u00eda infecci\u00f3n por coronavirus en la regi\u00f3n de Krasnodar. La sentencia se bas\u00f3 en un informe policial sobre una infracci\u00f3n administrativa, una copia impresa de los comentarios de la demandante en Instagram y su declaraci\u00f3n a la polic\u00eda como pruebas\u201d. Como ratio decidendi la sentencia dice que: \u201cAnte el tribunal, [la demandante] no present\u00f3 ninguna prueba que refutara la existencia de la infecci\u00f3n por coronavirus (COVID-2019) en Krasnodar y en la regi\u00f3n de Krasnodar\u2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n

– En el \u00a736 el TEDH observa la existencia de \u201cuna deficiencia estructural del procedimiento: la ausencia de una parte acusadora en el juicio, en el que el tribunal asume la funci\u00f3n de fiscal. El Tribunal ha considerado anteriormente que esta disposici\u00f3n puede menoscabar el car\u00e1cter contradictorio del procedimiento y comprometer la imparcialidad judicial (v\u00e9anse, entre otras fuentes, Karelin c. Rusia, n\u00fam. 926\/08, \u00a7\u00a7 51-65, 20 de septiembre de 2016; Makarashvili y otros contra Georgia, nos. 23158\/20, 31365\/20 y 32525\/20, \u00a7\u00a7 60-63, 1 de septiembre de 2022; y Figurka contra Ucrania, no. 28232\/22, \u00a7 29, 16 de noviembre de 2023). En el presente caso, este defecto estructural signific\u00f3 que ninguna de las partes tuvo que demostrar los elementos constitutivos del delito, lo que llev\u00f3 a los tribunales a trasladar esta carga al demandante\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Es dif\u00edcil determinar el alcance de esta STEDH. No describe la Sentencia con suficiente detalle la regulaci\u00f3n del procedimiento sancionador seguido y su control por los tribunales para determinar si es factible formular alguna comparaci\u00f3n con los nuestros y por tanto si esta jurisprudencia afecta a nuestro procedimiento administrativos sancionador y a los procedimientos pendientes. Nuestro procedimiento administrativo sancionador es considerablemente garantista. Pero el tenor literal de algunos pasajes de la sentencia puede plantear dudas.<\/p>\n\n\n\n

De modo que habr\u00eda que estudiar si nuestra regulaci\u00f3n de alguno de los procedimientos administrativos sancionadores podr\u00eda dar lugar a vulneraci\u00f3n del art. 6 del CEDH y si en los procedimientos administrativos en curso se puede justificar, en alg\u00fan punto, una similitud con lo ocurrido en el caso Avagyan,<\/em> porque en tal caso, se podr\u00eda denunciar vulneraci\u00f3n del art. 6 CEDH.<\/p>\n\n\n\n

4. Recapitulaci\u00f3n y conclusi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Sentencia del TEDH del 29 de abril de 2025, asunto Avagyan<\/em>, cuestiona el procedimiento sancionador administrativo cuando no garantiza adecuadamente el derecho a un juicio justo. Aunque entre nosotros existen m\u00faltiples \u00f3rganos que imponen importantes sanciones, nuestro sistema intenta ajustarse a las exigencias constitucionales. Sin embargo, el TEDH identific\u00f3 una \u201cdeficiencia estructural\u201d en el caso ruso: la falta de una parte acusadora, lo que compromete la imparcialidad del tribunal. Esta situaci\u00f3n podr\u00eda tener ecos en nuestro ordenamiento si existiera alg\u00fan procedimiento similar. El caso plantea si en Espa\u00f1a se respeta plenamente el art\u00edculo 6 del Convenio. Aunque nuestra normativa es garantista, cabe analizar si podr\u00eda haber procedimientos sancionadores que incurran en defectos an\u00e1logos. Si se detectara esa similitud, cabr\u00eda una revisi\u00f3n cr\u00edtica de nuestra pr\u00e1ctica administrativa. La sentencia reabre el debate sobre el equilibrio entre eficacia sancionadora y derechos fundamentales. En definitiva, aunque nuestro sistema difiere del ruso, se impone una reflexi\u00f3n sobre la imparcialidad y la contradicci\u00f3n procesal en sanciones administrativas. Esta jurisprudencia del TEDH podr\u00eda influir indirectamente en reformas futuras y en procedimientos en curso. La protecci\u00f3n de derechos exige atenci\u00f3n continua en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica nacional.<\/p>\n\n\n\n

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