{"id":8872,"date":"2025-03-12T08:30:00","date_gmt":"2025-03-12T07:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=8872"},"modified":"2025-03-12T01:29:34","modified_gmt":"2025-03-12T00:29:34","slug":"procedencia-del-incidente-de-nulidad-actuaciones-previo-al-recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/procedencia-del-incidente-de-nulidad-actuaciones-previo-al-recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional\/","title":{"rendered":"Procedencia del incidente de nulidad actuaciones previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional."},"content":{"rendered":"\n

Por Pedro Tenorio<\/a><\/strong> Of Counsel del Bufete M\u00e1s y Calvet<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n

1. Introducci\u00f3n.<\/strong> Seg\u00fan la Memoria de 2023 de nuestro Tribunal Constitucional (la \u00faltima publicada en su sitio web), en ese a\u00f1o, el 53 % de los 11.415 recursos de amparo inadmitidos lo fueron por razones de fondo. Los dem\u00e1s, un 47 %, lo fueron por motivos que podemos reconducir a la defectuosa presentaci\u00f3n. M\u00e1s concretamente, el 10,6 % fueron inadmitidos por falta de agotamiento de la v\u00eda judicial previa y el 2,3 % por extemporaneidad.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Nos aventuramos a suponer que este elevado el n\u00famero de recursos presentados con falta de agotamiento de la v\u00eda judicial previa (m\u00e1s la no despreciable cantidad de extempor\u00e1neos) estar\u00e1n relacionados con las dudas que plantea la procedencia del incidente de unidad actuaciones previo al recurso de amparo. Vamos a referirnos a un aspecto de esta cuesti\u00f3n, que sigue apareciendo aludida en sentencias de nuestro Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n

2. Procedencia del incidente de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ procede o no en funci\u00f3n de la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo. Conforme a esta, nuestro Tribunal Constitucional debe reparar una vulneraci\u00f3n de derecho fundamental, solo en defecto de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. Es decir, solo se puede acudir a \u00e9l con una vulneraci\u00f3n de derecho fundamental que la jurisdicci\u00f3n ordinaria ha tenido ocasi\u00f3n de reparar. En consecuencia, en principio, si la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental es atribuible solo a la \u00faltima resoluci\u00f3n reca\u00edda en la v\u00eda judicial previa, proceder\u00e1 interponer incidente de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo.<\/p>\n\n\n\n

3. ATC 200\/2010, de 21 de diciembre.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Llevando la idea anterior a sus \u00faltimas consecuencias, el ATC 200\/2010, de 21 de diciembre, fij\u00f3 una doctrina f\u00e1cil de entender y de aplicar. El referido ATC se\u00f1al\u00f3 que el incidente en unidad de actuaciones era exigible del recurrente en amparo, que achacaba la lesi\u00f3n a la sentencia dictada en casaci\u00f3n por el Tribunal Supremo, a pesar de que los hechos del caso y el derecho vulnerado ven\u00edan siendo debatidos \u201cya desde la primera instancia\u201d. (En el caso enjuiciado, el Juzgado de Primera Instancia hab\u00eda desestimado la demanda que denunciaba vulneraci\u00f3n del derecho al honor, la Audiencia Provincial hab\u00eda desestimado el recurso de apelaci\u00f3n; pero el Tribunal Supremo hab\u00eda estimado la demanda por intromisi\u00f3n ileg\u00edtima del derecho al honor).<\/p>\n\n\n\n

4. Revisi\u00f3n posterior de la doctrina del ATC 100\/2010: STC 216\/2013, de 19 de diciembre.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La doctrina del ATC 200\/2010, de 21 de diciembre, no se aplic\u00f3 en la STC 176\/2013, de 21 de octubre, razonando en esta \u00faltima el Tribunal Constitucional, en el FJ 3, que el incidente de nulidad de actuaciones \u201caun cuando pudiera ser formalmente procedente, resultaba materialmente in\u00fatil, porque comportaba pedirle al \u00f3rgano judicial que se retractara de lo que ya hab\u00eda resuelto\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En la STC 216\/2013, de 19 de diciembre, el Tribunal Constitucional va a dar un paso m\u00e1s, revisando expl\u00edcitamente la doctrina del ATC 200\/2010. En efecto, dice el FJ 2 de la STC 216\/2013, que \u201cla conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el ATC 200\/2010\u2026 debe ser revisada\u201d. El requisito del agotamiento de la v\u00eda judicial previa, dir\u00e1 el Tribunal, \u201cresponde\u2026 a la finalidad de preservar el car\u00e1cter subsidiario del recurso de amparo, evitando que el acceso a esta jurisdicci\u00f3n constitucional se produzca per saltum<\/em>, es decir, sin brindar a los \u00f3rganos judiciales, la oportunidad de pronunciarse y, en su caso, remediar la lesi\u00f3n invocada como fundamento del recurso de amparo constitucional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pero, a diferencia del ATC 200\/2010, esta doctrina se aplica de la siguiente manera: \u201cde modo que, en supuestos como el que ahora nos ocupa, basta comprobar que los \u00f3rganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los derechos fundamentales, luego invocados amparo constitucional, para estimar cumplido el mencionado requisito\u201d\u2026 \u201cEl asunto pas\u00f3 por tres instancias judiciales, en cada una de las cuales hubo ocasi\u00f3n de examinar las alegadas lesiones de derechos fundamentales y se decidi\u00f3 en consecuencia\u201d. (STC 206\/2013, FJ 2).<\/p>\n\n\n\n

Es cierto, dice el Tribunal Constitucional, (FJ 2 de la STC 206\/2013) que \u201cla vulneraci\u00f3n del derecho se produjo en la \u00faltima sentencia\u201d, pero el incidente de nulidad actuaciones \u201c consistir\u00eda en la pretensi\u00f3n de una reconsideraci\u00f3n sobre el fondo de la resoluci\u00f3n con argumentos semejantes, a los ya empleados en la v\u00eda judicial\u201d\u2026\u201cAun cuando el incidente de nulidad de actuaciones pudiera ser formalmente procedente, resultaba materialmente in\u00fatil\u201d.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n


Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

5. Precisi\u00f3n importante.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Esta doctrina de la STC 216\/2013 se aplicar\u00e1 posteriormente, por ejemplo, en las SSTC 19\/2014, de 10 de febrero, 18\/2015, de 16 de febrero o 21\/2021, de 15 de febrero.<\/p>\n\n\n\n

Es importante la precisi\u00f3n que se hace en el FJ 2 de la STC 18\/2015, de 16 de febrero, donde que se se\u00f1ala que la doctrina de la STC 216\/2013 est\u00e1 \u201cespec\u00edficamente referida a aquellos supuestos en que la eventual lesi\u00f3n de derechos sustantivos<\/u><\/em><\/strong> ha sido ponderada\u2026 en tres instancias judiciales diferentes\u201d (subrayado, negrita y cursiva nuestros).<\/p>\n\n\n\n

En la STC 21\/2021, de 15 de febrero, FJ 8, sentencia que declara vulnerada la garant\u00eda de no autoincriminaci\u00f3n como manifestaci\u00f3n espec\u00edfica de los derechos a la defensa y a la presunci\u00f3n de inocencia (art. 24.2 CE) se se\u00f1ala que se trata de un aspecto de estos derechos \u201cque ha sido objeto de debate procesal en dos ocasiones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

6. Conclusi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La adecuada interpretaci\u00f3n del requisito del agotamiento de la v\u00eda judicial previa debe hacerse teleol\u00f3gicamente: se trata de que el Tribunal Constitucional act\u00fae solo en defecto de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, preservando as\u00ed el car\u00e1cter subsidiario del recurso de amparo. Esta exigencia no debe convertirse en una carga desproporcionada para el recurrente ni en un obst\u00e1culo formalista que impida el acceso a la justicia constitucional. <\/p>\n\n\n\n

La evoluci\u00f3n de la doctrina desde el ATC 200\/2010 hasta la STC 216\/2013 ha aclarado que el incidente de nulidad de actuaciones no es un requisito absoluto, sino que debe ponderarse en funci\u00f3n de si la posible lesi\u00f3n de derechos fundamentales ya ha sido examinada y valorada en las resoluciones de la v\u00eda ordinaria previa. As\u00ed, en casos en los que se ha ofrecido una oportunidad para su debate y resoluci\u00f3n, la exigencia del incidente de nulidad puede resultar innecesaria y materialmente in\u00fatil, como estableci\u00f3 el Tribunal en la STC 18\/2015. <\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, la STC 21\/2021 ha reforzado la idea de que el an\u00e1lisis del agotamiento de la v\u00eda judicial previa debe considerar no solo el n\u00famero de instancias en que se ha discutido la cuesti\u00f3n, sino tambi\u00e9n la naturaleza del derecho vulnerado y las circunstancias del caso concreto. En este sentido, la garant\u00eda de no autoincriminaci\u00f3n, como manifestaci\u00f3n del derecho de defensa, es un ejemplo de c\u00f3mo ciertos derechos requieren un enfoque m\u00e1s flexible en la aplicaci\u00f3n del requisito de agotamiento, especialmente cuando la lesi\u00f3n ha sido objeto de debate en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

En definitiva, la interpretaci\u00f3n del Tribunal Constitucional ha evolucionado hacia un criterio m\u00e1s flexible y finalista, evitando la aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica del requisito del incidente de nulidad de actuaciones cuando su interposici\u00f3n carece de sentido pr\u00e1ctico. Con ello, se refuerza la tutela de los derechos fundamentales sin desvirtuar el principio de subsidiariedad que rige el recurso de amparo.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n