{"id":8803,"date":"2025-02-13T10:23:58","date_gmt":"2025-02-13T09:23:58","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=8803"},"modified":"2025-02-13T13:11:54","modified_gmt":"2025-02-13T12:11:54","slug":"doble-instancia-penal-jurisdiccion-militar-y-posible-condena-del-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-a-nuestro-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/doble-instancia-penal-jurisdiccion-militar-y-posible-condena-del-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-a-nuestro-pais\/","title":{"rendered":"Doble instancia penal, jurisdicci\u00f3n militar y posible condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a nuestro pa\u00eds."},"content":{"rendered":"\n
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El derecho a la doble instancia penal y la revisi\u00f3n de la sentencias absolutorias en apelaci\u00f3n sin inmediaci\u00f3n han sido cuestiones relacionadas con numerosas condenas del TEDH a nuestro pa\u00eds en los \u00faltimos 20 a\u00f1os (largos) y, en consecuencia, han sido cuestiones en las que la jurisprudencia de nuestros tribunales y nuestro legislador se ha esforzado en ajustarse a las exigencias de los tratados internacionales ratificados por Espa\u00f1a y a sus \u00f3rganos de garant\u00eda, concretamente al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)<\/strong><\/a> y al TEDH<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, hay un vac\u00edo en nuestra legislaci\u00f3n que puede provocar nuevas condenas del TEDH a nuestro pa\u00eds. Nos referimos a la implantaci\u00f3n de la segunda instancia penal en el \u00e1mbito de la jurisdicci\u00f3n militar.<\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n se puede encontrar tratada breve, pero concienzuda y brillantemente en dos trabajos del Fiscal Pozo Vilches<\/a><\/strong>: \u201c La implantaci\u00f3n de la segunda instancia penal\u201c, en Diario La Ley, n\u00famero 9763<\/a><\/strong>, Secci\u00f3n Tribuna, 4 de enero de 2021, Wolters Kluwer y \u201cLa reforma de la jurisdicci\u00f3n militar ante la futura ley de enjuiciamiento criminal\u201c, Diario La Ley, n\u00famero 9872, Secci\u00f3n Tribuna, 16 de junio de 2021, Wolters Kluwer.<\/p>\n\n\n\n

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Por Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Of Counsel del Bufete M\u00e1s y Calvet.<\/p>\n\n\n\n

Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional. UNED. Madrid.<\/p>\n\n\n\n

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  1. Origen del derecho a la doble instancia penal y criterio de nuestros Altos Tribunales.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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    La doble instancia penal entre nosotros no es una exigencia expl\u00edcita de la Constituci\u00f3n, m\u00e1xime atendido que  el Tribunal Constitucional considera el derecho a los recursos judiciales como un derecho de configuraci\u00f3n legal, lo que deja un amplio campo de decisi\u00f3n al legislador. La doble instancia penal es una exigencia del art 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP), de 19 de diciembre de 1966, ratificado por Espa\u00f1a en 1977, a pesar de lo cual, entre nosotros, la Ley de enjuiciamiento criminal, solo establec\u00eda la doble instancia en los delitos de menor gravedad.<\/p>\n\n\n\n

    En un primer momento, nuestro Tribunal Supremo (SSTS de 23 de octubre de 1999 y de 29 de septiembre de 2000, entre otras) y nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 42\/1982, de 5 de julio, FJ 2 y 37\/1988, de 3 de marzo, entre otras) consideraron que en nuestro sistema se cumpl\u00edan las exigencias del art. 14.5 PIDCP por medio del recurso de apelaci\u00f3n (para las sentencias dictadas por \u00f3rganos judiciales unipersonales) y del recurso de casaci\u00f3n (para sentencias de instancia dictadas por \u00f3rganos judiciales colegiados).<\/p>\n\n\n\n

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    1. Comunicaci\u00f3n del a\u00f1o 2000 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos, respuesta de nuestros Altos Tribunales y reacci\u00f3n del legislador.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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      Despu\u00e9s, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Comunicaci\u00f3n 701\/1996, de 20 de julio de 2000, caso Ces\u00e1reo G\u00f3mez V\u00e1zquez c. Espa\u00f1a<\/em> (y al menos en otros 5 dict\u00e1menes posteriores) consider\u00f3 que nuestro pa\u00eds incumpl\u00eda el art. 14.5 PIDCP, al no permitir que los fallos condenatorios fueran revisados \u201c\u00edntegramente\u201d en el recurso de casaci\u00f3n, sino solo con restricciones en la cognici\u00f3n, ante el Tribunal Supremo.<\/p>\n\n\n\n

      Aunque el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional siguieron sosteniendo que nuestro sistema de casaci\u00f3n, debidamente interpretado (un resumen de los requisitos de esta interpretaci\u00f3n se encuentra en la STS, de 29 de septiembre de 2000) cumpl\u00eda lo requerido en el art. 14.5 PIDCP (puede constatarse en la STS, de 18 de julio de 2015, que cita otras sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en particular, las SSTC 80\/2003, de 28 de abril y 26\/2006, de 16 de enero), el legislador acab\u00f3 interviniendo<\/strong> mediante  la Ley Org\u00e1nica 19\/2003, de 23 de diciembre, que modific\u00f3 la LOPJ con el objeto de generalizar la doble instancia.<\/p>\n\n\n\n

      Expresamente se dice en la Exposici\u00f3n de Motivos que con ello \u201cse pretende resolver la controversia surgida como consecuencia de la Resoluci\u00f3n de 20 de julio de 2000 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU, en la que se mantuvo que el actual sistema de casaci\u00f3n espa\u00f1ol vulneraba el PIDCP\u201d.<\/p>\n\n\n\n

      Pero para implantar la doble instancia penal no bastaba modificar la estructura org\u00e1nica del Poder Judicial, sino que era necesario cambiar la regulaci\u00f3n del proceso en Ley de Enjuiciamiento criminal. A este prop\u00f3sito la Disposici\u00f3n Final 2\u00aa de la LO 19\/2003 daba al gobierno un plazo de 1 a\u00f1o para remitir a las Cortes \u201clos proyectos de ley procedentes para adecuar las leyes de procedimiento a las disposiciones modificadas por esta ley\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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      Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

      El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

      Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

      Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

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      1. Tard\u00eda e incompleta reforma de la LECrim, a pesar de la ratificaci\u00f3n del Protocolo 7 al CEDH.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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        La reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal no llegar\u00eda hasta la ley 41\/ 2015, de 5 de octubre.<\/p>\n\n\n\n

        Y ello a pesar de que el Protocolo n\u00famero 7 al CEDH, de 22 de noviembre de 1984, hab\u00eda sido ratificado por Espa\u00f1a y hab\u00eda entrado en vigor en nuestro pa\u00eds el 1 de diciembre de 2009, Protocolo que en su art. 2.1 recoge el derecho a la doble instancia penal: \u201ctoda persona declarada culpable de una infracci\u00f3n penal por un tribunal tendr\u00e1 derecho a que la declaraci\u00f3n de culpabilidad o la condena sea examinada por un \u00f3rgano jurisdiccional superior…\u201d<\/p>\n\n\n\n

        Adem\u00e1s, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 2015 dej\u00f3 pendiente la doble instancia en el proceso penal militar. As\u00ed pues, en nuestra jurisdicci\u00f3n militar no se ha implantado entre nosotros la doble instancia penal. Veamos la doctrina del Tribunal Supremo al respecto.<\/p>\n\n\n\n

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