{"id":8294,"date":"2024-08-07T09:24:22","date_gmt":"2024-08-07T07:24:22","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=8294"},"modified":"2024-08-07T11:07:50","modified_gmt":"2024-08-07T09:07:50","slug":"recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional-en-el-ambito-del-derecho-a-la-presuncion-de-inocencia-art-24-2-ce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional-en-el-ambito-del-derecho-a-la-presuncion-de-inocencia-art-24-2-ce\/","title":{"rendered":"Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el \u00e1mbito del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia (art 24.2 CE)."},"content":{"rendered":"\n
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Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional<\/a> en el \u00e1mbito del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia (art 24.2 CE). De la lectura de la STC 96\/2024<\/a>, de 3 de julio (incluyendo los Votos particulares que la complementan) parece desprenderse que se incrementan las posibilidades de que un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que denuncie vulneraci\u00f3n del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia (art 24.2 CE), prospere.<\/p>\n\n\n\n

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Algunos datos num\u00e9ricos.<\/h3>\n\n\n\n
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La primera sentencia del Tribunal Constitucional,que declar\u00f3 vulnerado el derecho a la presunci\u00f3n de inocencia y que anul\u00f3 simult\u00e1neamente una Sentencia del Tribunal Supremo fue la n\u00famero 175\/1985, de 17 de diciembre.\u00a0 Desde entonces hasta la STC 98\/2024, de 3 de julio, nuestro Tribunal Constitucional ha declarado vulnerado el referido derecho fundamental (y anulado simult\u00e1neamente una Sentencia del Tribunal Supremo) en 55 casos. Entre la STC 170\/2006, de 5 de junio,\u00a0y la STC 172\/2016, de 17 de octubre (10 a\u00f1os largos) solamente hay una Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional del tipo que venimos comentando, se trata de la STC 12\/2011, de 28 de febrero. En los \u00faltimos 18 a\u00f1os (desde la STC 170\/2006, de 5 de junio, hasta la STC 98\/2024, de 3 de julio), solo encontramos 18 casos, 5 de ellos en 2024 (4 de ellos relacionados con los casos relativos a los EREs). En toda la historia del Tribunal Constitucional, el a\u00f1o que m\u00e1s sentencias de dicho tribunal han declarado vulnerado el derecho a la presunci\u00f3n de inocencia y anulado simult\u00e1neamente, una sentencia del Tribunal Supremo,\u00a0ha sido 2024: 5 sentencias, cuatro de las cuales en asuntos relativos a los EREs.<\/p>\n\n\n\n

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Objeto.<\/h3>\n\n\n\n
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El recurso de amparo resuelto en la STC 96\/2024 se dirigi\u00f3 contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que conden\u00f3 al demandante en amparo como autor de un delito de prevaricaci\u00f3n administrativa del art. 404 del C\u00f3digo penal en concurso medial con un delito continuado del malversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos del art. 432 de dicho c\u00f3digo, entre otras penas, a la de siete a\u00f1os y un d\u00eda de prisi\u00f3n; contra la Sentencia del Tribunal Supremo que desestim\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n presentado contra la resoluci\u00f3n anterior, y contra el Auto del Tribunal Supremo que inadmiti\u00f3 el incidente de nulidad actuaciones promovido frente a la sentencia dictada en casaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La resoluciones dictadas en este proceso de amparo, han sido dictadas en el marco de la denominada \u201cpieza espec\u00edfica\u201d del caso \u201cEREs\u201c, en la que fueron condenados diversos miembros del gobierno y de la administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda, por haber intervenido, a lo largo de casi 10 a\u00f1os, en el dise\u00f1o y\/o ejecuci\u00f3n de un sistema ilegal de concesi\u00f3n de ayudas socio laborales.  Seg\u00fan el Tribunal Supremo, este conjunto de decisiones hizo posible la distribuci\u00f3n ilegal de subvenciones por importe de cerca de 700 millones de euros.<\/p>\n\n\n\n

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Resumen del Fallo.<\/h3>\n\n\n\n
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El Tribunal Constitucional otorg\u00f3 en la sentencia que nos ocupa el amparo, entre otras razones, por considerar que se hab\u00eda vulnerado el derecho a la presunci\u00f3n de inocencia del demandante en amparo (art. 24.2 CE).<\/p>\n\n\n\n

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Doctrina acerca del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia (art 24.2 CE).<\/h3>\n\n\n\n
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El recurso fue admitido a tr\u00e1mite, entre otras razones, \u201cporque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal\u201d [STC 155\/2009, FJ 2 a)].<\/p>\n\n\n\n

Pero esto no quiere decir que nuestro Tribunal Constitucional se haya propuesto innovar o cambiar su doctrina acerca del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia (art 24.2 CE). El Tribunal recoge en el apartado 7.3 de sus Fundamentos Jur\u00eddicos, a lo largo de tres p\u00e1ginas,  la doctrina respecto del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia, en unos t\u00e9rminos que no son discutidos,  por los Votos particulares.<\/p>\n\n\n\n

Por supuesto, el Tribunal recoge que se trata del derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo v\u00e1lidas, as\u00ed como otros puntos consolidados.<\/p>\n\n\n\n

Pero pone el acento en una exigencia que aparece en la STC 72\/2024, de 7 de mayo, FJ 4 b), (que se invoca \u201cpor todas\u201d: \u201cla sentencia penal condenatoria ha de exteriorizar en su razonamiento las pruebas relevantes tomadas en consideraci\u00f3n y la existencia de una conexi\u00f3n fundada entre las pruebas y la declaraci\u00f3n  de hechos probados; conexi\u00f3n que debe ser aplicaci\u00f3n razonada de las reglas de la l\u00f3gica, ciencia y experiencia, de modo que sea posible realizar un juicio externo sobre las que llevan al juzgador a considerar alcanzada la convicci\u00f3n de culpabilidad m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

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Incluso al hablar del enjuiciamiento de la queja (en el apartado 7.4 de los Fundamentos Jur\u00eddicos) se se\u00f1ala que la misi\u00f3n del tribunal constitucional consiste: \u201c\u00fanicamente [en] controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato f\u00e1ctico que de ella resulta, porque el recurso de amparo no es un recurso de apelaci\u00f3n, ni este Tribunal, una tercera instancia\u201c (STC 137\/2005, de 23 de mayo, FJ 2).<\/p>\n\n\n\n

Sin formular expresamente cr\u00edtica al resumen de la doctrina que hace la mayor\u00eda, el Voto particular del magistrado Tolosa Tribi\u00f1o y de la magistrada Espejel Jorquera, aporta una cita de doctrina del Tribunal Constitucional que avala la discrepancia de dichos magistrados:  el examen de la vulneraci\u00f3n del derecho a la presunci\u00f3n de inocencia <<\u201cha de partir de la radical falta de competencia de esta jurisdicci\u00f3n de amparo para la valoraci\u00f3n de la actividad probatoria practicada en un proceso penal y para la evaluaci\u00f3n de dicha valoraci\u00f3n conforme a criterios de calidad o de oportunidad \u201c [entre otras, SSTC 111\/2008, de 22 de septiembre, FJ 3 a) y 68\/2010, de 18 de octubre, FJ 4], advirtiendo que esta supervisi\u00f3n externa que hemos de realizar para apreciar la razonabilidad del expresado discurso, ha de ser \u201cextraordinariamente cautelosa\u201c, pues, en rigor, \u201cla funci\u00f3n de este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino el control externo del razonamiento l\u00f3gico seguido para llegar a \u00e9l\u201c (STC 66\/2009, de 9 de marzo, FJ 6)>><\/p>\n\n\n\n

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Aplicaci\u00f3n de la doctrina al caso.<\/h3>\n\n\n\n
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El Tribunal Constitucional, en la aplicaci\u00f3n de la doctrina al caso, va m\u00e1s all\u00e1 de los confines de su propia jurisprudencia. No se limita a un control externo de la motivaci\u00f3n, sino que fija c\u00f3mo se deber\u00eda haber motivado, a la luz del material probatorio, el juicio de autor\u00eda y del dolo y, puesto que su postura no coincide con la de las Sentencias revisadas, considera vulnerado el derecho a la presunci\u00f3n de inocencia.<\/p>\n\n\n\n

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Esto podr\u00eda considerarse un cambio de doctrina impl\u00edcito.<\/h3>\n\n\n\n
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Los Votos particulares que complementan la Sentencia del Tribunal Constitucional, lo consideran incumplimiento de la propia doctrina del Tribunal. El Voto particular del magistrado Tolosa Tribi\u00f1o y de la magistrada Espejel Jorquera, sostiene que la Sentencia de la mayor\u00eda del Tribunal \u201casume una posici\u00f3n de Tribunal revisor de la valoraci\u00f3n de la prueba [\u2026,] selecciona unos pocos p\u00e1rrafos en que examina \u00fanicamente una parte de la extensa prueba practicada y materializa su propio juicio inferencial para descartar la acreditaci\u00f3n de la autor\u00eda y del dolo\u201d. El Voto particular que form\u00f3 la magistrada Segoviano Astaburuaga, lo expresa diciendo, entre otras cosas, que \u201cel fundamento \u00faltimo para estimar el recurso de amparo respecto de este particular [es] un d\u00e9ficit o la inexistencia de motivaci\u00f3n sobre un juicio de autor\u00eda que no es el asumido o establecido en la resoluciones impugnadas, sino alternativo a estas \u201c. El Voto particular del magistrado Enr\u00edquez Sancho se\u00f1ala que el Tribunal Constitucional \u201cse erige en tribunal de instancia, formulando su propio juicio de valoraci\u00f3n probatoria\u201d. Para el magistrado Arnaldo Alcubilla, la sentencia de la mayor\u00eda \u201cincurre en un claro exceso de jurisdicci\u00f3n, al suplantar a los \u00f3rganos judiciales del orden penal en la funci\u00f3n que constitucionalmente les corresponde\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Conclusi\u00f3n.<\/h3>\n\n\n\n
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La STC 96\/2004 ensancha el cauce del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de vulneraci\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia, constituyendo un antecedente en que el Tribunal Constitucional sustituye a la jurisdicci\u00f3n ordinaria en la versi\u00f3n que esta \u00faltima haya formulado del juicio de autor\u00eda y acerca del dolo del delito cometido, llevando a cabo un incisivo an\u00e1lisis de la motivaci\u00f3n de la Sentencia revisada.<\/p>\n\n\n\n

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