{"id":8231,"date":"2024-07-17T09:00:00","date_gmt":"2024-07-17T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=8231"},"modified":"2024-11-06T09:27:00","modified_gmt":"2024-11-06T08:27:00","slug":"recurso-de-amparo-ante-del-tribunal-constitucional-en-el-ambito-del-derecho-a-la-legalidad-penal-art-25-1-ce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/recurso-de-amparo-ante-del-tribunal-constitucional-en-el-ambito-del-derecho-a-la-legalidad-penal-art-25-1-ce\/","title":{"rendered":"Recurso de amparo ante del Tribunal Constitucional en el \u00e1mbito del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE)"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Recurso de amparo ante del Tribunal Constitucional en el \u00e1mbito del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE)<\/strong> De una primera lectura de la STC 93\/2024, de 16 de junio (incluyendo los dos Votos particulares que la complementan) parece desprenderse que se incrementan las posibilidades de que un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que denuncie vulneraci\u00f3n del derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) prospere.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Por Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Of Counsel del Bufete Mas y Calvet<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional (UNED. Madrid)<\/a>. Exletrado del Tribunal Constitucional<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

1. Caso en cuesti\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

El recurso de amparo se dirigi\u00f3 contra una Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que conden\u00f3 a la demandante de amparo como autora de un delito continuado de prevaricaci\u00f3n previsto en el art. 404 del C\u00f3digo Penal, a la pena de nueve a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n especial, y contra la Sentencia del Tribunal Supremo que desestim\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n presentado contra la resoluci\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n

El delito de prevaricaci\u00f3n se comete cuando una autoridad o funcionario p\u00fablico, a sabiendas de su injusticia, \u201cdictare una resoluci\u00f3n arbitraria en un asunto administrativo\u201d (art. 404 CP).<\/p>\n\n\n\n

La Sentencia del Tribunal Supremo (en el Fundamento de Derecho titulado \u201cPreliminar\u201d) se\u00f1ala que el juicio no recoge hechos aislados, sino una actuaci\u00f3n muy compleja, integrada por un conjunto de decisiones, adoptadas por distintas autoridades administrativas, en un periodo de tiempo muy prolongado, pero dirigidas todas ellas a conseguir un \u00fanico prop\u00f3sito, el otorgamiento de subvenciones excepcionales, incumpliendo de forma absoluta, los requisitos establecidos en la normativa de subvenciones, dando lugar a la arbitrariedad en la dotaci\u00f3n de los fondos y en su aplicaci\u00f3n concreta. Este conjunto de decisiones hizo posible la distribuci\u00f3n ilegal de subvenciones por importe de cerca de 700 millones de euros durante un dilatado periodo de 10 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

2. Doctrina acerca de derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE)<\/h3>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Aunque de conformidad con el ATC 284\/2023, de 5 de junio, hay que se\u00f1alar que el recurso de amparo se admiti\u00f3 (junto a otro motivo de especial trascendencia constitucional) porque \u201cplantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal [STC 155\/2009, FJ 2a)]\u201d, no parece que el prop\u00f3sito de la Sentencia del Tribunal Constitucional sea cambiar o matizar su doctrina.<\/p>\n\n\n\n

En efecto, el FJ 3 de la STC 93\/2024 resume la doctrina constitucional sobre el derecho a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE), bas\u00e1ndose en sentencias anteriores, sin proponer innovaci\u00f3n o matiz novedoso alguno, y en t\u00e9rminos que no son discutidos por ninguno de los votos particulares.<\/p>\n\n\n\n

Intentando resumir, se\u00f1alemos que en definitiva, cabe hablar de aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica o extensiva in malam partem<\/em> vulneradora del principio de legalidad penal, cuando dicha aplicaci\u00f3n carezca hasta tal punto de razonabilidad, que resulte imprevisible para sus destinatarios,  sea por apartamiento del tenor literal del precepto, sea por la utilizaci\u00f3n de pautas valorativas extravagantes en relaci\u00f3n con los principios que inspiran el ordenamiento constitucional, sea por el empleo de criterios o modelos de interpretaci\u00f3n, no aceptados por la comunidad jur\u00eddica, comprobado todo ello, a partir de la motivaci\u00f3n expresada en las resoluciones recurridas (SSTC 137\/1997, de 21 de julio, FJ 7 y 13\/2003, de 28 de enero , FJ 3, entre otras muchas).<\/p>\n\n\n\n

En el apartado f del FJ 3 de la STC 93\/2024 se dice que la tarea del Tribunal Constitucional de fiscalizar la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la norma penal por parte de los juzgados y tribunales, \u201clabor aplicativa que les corresponde en exclusiva\u201d, no ata\u00f1e a \u201cla determinaci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n \u00faltima, en cuanto m\u00e1s correcta, de un enunciado penal, ni siquiera desde los par\u00e1metros que delimitan los valores y principios constitucionales (STC 129\/2008, FJ 3)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Es verdad que la STC 93\/2024, de 19 de junio, en el apartado 4.4 (rotulado \u201cenjuiciamiento de la queja de vulneraci\u00f3n del art. 25.1 CE\u201d), subapartado 4.4.1, dice que \u201cdesde la perspectiva constitucional no cabe considerar que las decisiones adoptadas en el procedimiento de elaboraci\u00f3n del proyecto de ley de presupuestos puedan ser calificadas como \u2018resoluciones\u2019 realizadas en \u2018asunto administrativo\u2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pero esto no quiere decir que el Tribunal pretenda innovar su doctrina, se\u00f1alando que ante la queja de vulneraci\u00f3n del derecho a la legalidad, haya de procederse a formular una interpretaci\u00f3n del tipo penal desde la perspectiva constitucional, pues a la hora de concluir con este apartado, lo que dice el Tribunal es que \u201cla interpretaci\u00f3n efectuada de los elementos t\u00edpicos, resoluci\u00f3n y asunto administrativo es imprevisible y por este motivo, lesiva ante el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE)\u201d. Es decir, la doctrina sobre la cuesti\u00f3n sigue teniendo como concepto fundamental el de la previsibilidad.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n


Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

3. Aplicaci\u00f3n de la doctrina al caso<\/h3>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

3.1. Lo que s\u00ed parece cierto es que, sin cambiar su doctrina, el Tribunal hace una aplicaci\u00f3n novedosa de la misma. No analiza la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del tipo penal por parte del Tribunal Supremo, sino que ofrece una interpretaci\u00f3n distinta.<\/p>\n\n\n\n

En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo, argumenta las razones por las que califica la conducta de la recurrente como delito de prevaricaci\u00f3n administrativa en las 90 p\u00e1ginas que van desde la p\u00e1gina 220 a la 310, a lo largo de 15 Fundamentos de Derecho, en el apartado VI de los Fundamentos de Derecho, que proporciona la interpretaci\u00f3n del tipo penal y la explicaci\u00f3n de la subsunci\u00f3n. Pues bien, a todo este texto no hace pr\u00e1cticamente referencia la Sentencia del Tribunal Constitucional. En cambio, este \u00faltimo Tribunal proporciona una interpretaci\u00f3n propia del concepto de \u201cresoluci\u00f3n\u201d que contiene el art. 404 del C\u00f3digo Penal, excluyendo las que no son definitivas y las que no producen efecto ad extra<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

De este modo, el Tribunal Constitucional hace su propia interpretaci\u00f3n de un elemento objetivo del tipo penal, que impone sobre la del Tribunal Supremo.<\/p>\n\n\n\n

3.2. Por otra parte, es interesante se\u00f1alar el an\u00e1lisis jurisprudencial que hace en su apartado 2.2 el Voto particular del magistrado Tolosa Tribi\u00f1o a la Sentencia del Tribunal Constitucional 93\/2024, que venimos comentando. Se\u00f1ala el referido Voto que, de las 44 Sentencias del Tribunal Constitucional que cita la STC 93\/2024, en su FJ 3, para recapitular la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio de legalidad penal, solamente 14 se refieren a supuestos en que, como en el caso planteado en la demanda de amparo, se cuestiona la subsunci\u00f3n del hecho probado en la parte objetiva del tipo penal (excluyendo los supuestos relativos a sanciones administrativas). De ellas, en once se desestim\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n del principio de legalidad penal. \u00danicamente se estim\u00f3 la vulneraci\u00f3n de dicho derecho fundamental en tres casos. Pero ninguna de las condenas de estos tres casos hab\u00edan sido pronunciadas por el Tribunal Supremo. De modo que, hasta donde hemos alcanzado a ver, no hemos encontrado precedentes en que el Tribunal Constitucional haya anulado la interpretaci\u00f3n de la parte objetiva del tipo penal realizada por el Tribunal Supremo.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

4. Conclusi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Ya antes de la STC 93\/2024, un recurso de amparo que denunciara vulneraci\u00f3n del derecho a la legalidad penal pod\u00eda cuestionar la interpretaci\u00f3n de la parte objetiva de un tipo penal, pudiendo invocar al respecto las SSTC 111\/1993,142\/1999 y 262\/2006.<\/p>\n\n\n\n

Desde la STC 93\/2024, un recurso de amparo que denuncie vulneraci\u00f3n del derecho a la legalidad penal puede cuestionar la interpretaci\u00f3n de la parte objetiva de un tipo penal, aunque dicha interpretaci\u00f3n sea avalada por el Tribunal Supremo, pudiendo invocar en tal sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 93\/2024.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n