{"id":8181,"date":"2024-06-25T10:01:14","date_gmt":"2024-06-25T08:01:14","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=8181"},"modified":"2024-06-25T10:26:03","modified_gmt":"2024-06-25T08:26:03","slug":"el-recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional-en-la-practica-iv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/el-recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional-en-la-practica-iv\/","title":{"rendered":"El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en la pr\u00e1ctica (IV)"},"content":{"rendered":"\n
<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Este breve art\u00edculo es el cuarto y \u00faltimo de esta serie, dirigido a personas interesadas en la aplicaci\u00f3n de los derechos fundamentales y del recurso de amparo. El prop\u00f3sito de este \u00fatlimo post es informar acerca de cuestiones relacionadas con aplicaci\u00f3n de derechos fundamentales y recurso de amparo.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Cuestiones interesantes en el \u00e1mbito penal, procesal y de derecho administrativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Of Counsel del Bufete Mas y Calvet<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional (UNED. Madrid)<\/a>. Exletrado del Tribunal Constitucional<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

1. En el \u00e1mbito del derecho penal es muy frecuente la invocaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia[1]<\/a>. Se comprende que as\u00ed sea. Porque pocas personas reconocen su culpabilidad y por lo tanto sus abogados se esmeran en invocar este principio. Adem\u00e1s, resulta un poco descarado reconocerse autor y culpable de un delito y defender que no se debe ser castigado por alg\u00fan pretexto m\u00e1s o menos formal, por ejemplo, por prescripci\u00f3n. Sin embargo, hay que comprender que el Tribunal Constitucional pocas veces reconoce la vulneraci\u00f3n de la presunci\u00f3n de inocencia cuando ello supone entrometerse en la funci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, que ha o\u00eddo a las partes y a los testigos y ha examinado la prueba con inmediaci\u00f3n. El Tribunal Constitucional respeta la valoraci\u00f3n de la prueba que hace la jurisdicci\u00f3n ordinaria.<\/p>\n\n\n\n

2. En a\u00f1os relativamente recientes se han producido algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaron a nuestro pa\u00eds por haber investigado insuficientemente las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas. Y como consecuencia de ello se han producido tambi\u00e9n sentencias de nuestro Tribunal Constitucional en este \u00e1mbito. Pero adem\u00e1s este principio se ha extendido a alguna otra materia, como la denuncia de la llamada violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n

\n


Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/em>, ciertamente, exige una investigaci\u00f3n eficaz y suficiente en todos los casos del art. 3 CEDH, esto es, de tortura o trato inhumano o degradante<\/em>, entendiendo por tal no s\u00f3lo la que procede de los agentes del Estado, sino tambi\u00e9n de particulares, encontr\u00e1ndose en este \u00faltimo supuesto los casos de violencia sobre la mujer cuando \u00e9sta alcanza un m\u00ednimo de gravedad[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n eficaz es<\/em>, sin embargo, una mera faceta del deber general de tramitaci\u00f3n diligente que el TEDH impone<\/em> en todos los procedimientos en que se conoce de da\u00f1os a la integridad f\u00edsica. En estos asuntos, y espec\u00edficamente en aqu\u00e9llos en que se conoc\u00eda de actos de violencia, m\u00e1s o menos graves, contra la mujer, los Estados -dice el Tribunal- tienen la obligaci\u00f3n positiva de proteger a quienes se encuentran bajo el riesgo inmediato y conocido de sufrir un da\u00f1o a la vida o a la integridad, protecci\u00f3n que exige, al amparo del art. 2 (derecho a la vida), del art. 3 (trato inhumano), del art. 8 (que consagra el derecho a la vida privada<\/em>, una de cuyas manifestaciones es el derecho a la integridad f\u00edsica y moral de los individuos) o del art. 13 CEDH (en el que se recoge el derecho a un recurso nacional efectivo<\/em> para la protecci\u00f3n de los derechos reconocidos en el Convenio), una diligente y pronta tramitaci\u00f3n procedimental, esto es, no s\u00f3lo realizar una investigaci\u00f3n eficaz de lo sucedido y sus responsables en el sentido que para la tortura policial viene entendi\u00e9ndolo nuestro Tribunal Constitucional, sino, adem\u00e1s y sobre todo, la de alcanzar la decisi\u00f3n pertinente sobre el fondo con la debida diligencia y celeridad, de suerte que la protecci\u00f3n prestada pueda considerarse efectiva<\/em>;<\/strong> el TEDH exige que el procedimiento, en la regulaci\u00f3n normativa y en la pr\u00e1ctica, se presente como disuasorio<\/em> de actos contra la integridad f\u00edsica y moral, disuasi\u00f3n que se consigue a trav\u00e9s de la debida aplicaci\u00f3n del procedimiento legalmente establecido para ello. Procedimiento que debe incluir adem\u00e1s, particularmente en las vulneraciones del derecho a la vida y a la prohibici\u00f3n del trato inhumano, la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o moral<\/em>, la cual no debe resultar impedida por las autoridades[3]<\/a> o la<\/em> reparaci\u00f3n econ\u00f3mica del da\u00f1o<\/em>[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Estas sentencias europeas podr\u00edan dar ocasi\u00f3n al Tribunal Constitucional para aclarar su doctrina<\/em> acerca del contraamparo admitiendo integrar en el fallo del recurso la obligaci\u00f3n de los \u00f3rganos judiciales ordinarios de investigar los hechos con diligencia y eficacia, aun previa anulaci\u00f3n de una sentencia absolutoria, todo ello en la l\u00ednea ya abierta en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el \u00e1mbito de la tortura en el \u00e1mbito policial[5]<\/a> sobre trato inhumano o degradante en el \u00e1mbito castrense[6]<\/a> y sobre violencia de g\u00e9nero[7]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

3. Es interesante recordar que en el \u00e1mbito del Derecho Administrativo, las garant\u00edas que establece el art. 25.2 CE para el proceso penal, han de observarse con ciertos matices en el \u00e1mbito del procedimiento administrativo sancionador (STC 89\/1995, de 6 de junio, por todas).<\/p>\n\n\n\n

Es de se\u00f1alar la existencia de un plazo distinto para recurrir en amparo las vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por actos de las administraciones p\u00fablicas y las vulneraciones en que hayan incurrido resoluciones judiciales. Las de resoluciones judiciales se tienen que recurrir en amparo en el plazo de 30 d\u00edas desde la notificaci\u00f3n de la \u00faltima resoluci\u00f3n reca\u00edda en la v\u00eda judicial previa[8]<\/a>, mientras que las de actos administrativos se han de recurrir en amparo en el plazo de 20 d\u00edas desde la notificaci\u00f3n de la \u00faltima resoluci\u00f3n reca\u00edda la v\u00eda judicial previa[9]<\/a>. Esta diferencia de los plazos no es deliberada, sino que parece haberse producido como consecuencia de una reforma de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional de manera inadvertida por el legislador[10]<\/a>. Tambi\u00e9n en relaci\u00f3n con este punto es de destacar que si en un mismo recurso de amparo denunciamos tanto vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por actos administrativos, como vulneraciones cometidas por resoluciones judiciales, el plazo para el correspondiente recurso de amparo ser\u00e1 de 30 d\u00edas[11]<\/a>.  <\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\n\n\n