{"id":8162,"date":"2024-06-10T22:28:49","date_gmt":"2024-06-10T20:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=8162"},"modified":"2024-06-10T22:28:51","modified_gmt":"2024-06-10T20:28:51","slug":"el-recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional-en-la-practica-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/el-recurso-de-amparo-ante-el-tribunal-constitucional-en-la-practica-ii\/","title":{"rendered":"El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en la pr\u00e1ctica (II)"},"content":{"rendered":"\n
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Este breve art\u00edculo es el segundo de una serie de cuatro dirigidos a personas interesadas en la pr\u00e1ctica de los derechos fundamentales y del recurso de amparo. Como es sabido, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional <\/strong>es un procedimiento que protege solamente los derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas reconocidos en los arts. 14 a 29 de nuestra Constituci\u00f3n<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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CARACTER\u00cdSTICAS GENERALES DEL RECURSO DE AMPARO.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Of Counsel del Bufete Mas y Calvet<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional UNED (Madrid). Exletrado del Tribunal Constitucional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este breve art\u00edculo es el segundo de una serie de cuatro dirigidos a personas interesadas en la pr\u00e1ctica de los derechos fundamentales y del recurso de amparo.<\/p>\n\n\n\n

Como es sabido, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional <\/strong>es un procedimiento que protege solamente los derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas reconocidos en los arts. 14 a 29 de nuestra Constituci\u00f3n<\/a><\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

En este punto vamos a hacer dos observaciones. Por una parte, es de destacar que no tiene protecci\u00f3n mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el derecho de propiedad<\/em>, toda vez que est\u00e1 reconocido en el art. 33 de nuestra Constituci\u00f3n<\/a>. Esto es interesante porque podemos encontrar a un ciudadano que quiera que protejamos sus derechos no ante nuestro Tribunal Constitucional, sino directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/a>[1]<\/a>. En ese caso, podemos extraer de las posibles vulneraciones de derechos solamente las relativas al derecho de propiedad, y no tendremos que agotar los recursos internos presentando recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sino que, una vez concluida la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, podremos plantear nuestra queja directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero en nuestro recurso ante este \u00faltimo Tribunal no podremos plantear ninguna de las quejas que hubiera sido necesario plantear ante el Tribunal Constitucional para agotar los recursos internos.<\/p>\n\n\n\n

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Ejemplo: el caso del principio non bis in idem<\/em><\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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La segunda observaci\u00f3n que quisi\u00e9ramos hacer consiste en destacar que aunque el n\u00famero de derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas es un elenco cerrado, es decir, nuestra Constituci\u00f3n no tiene una cl\u00e1usula abierta que permita a la jurisprudencia constitucional reconocer m\u00e1s derechos fundamentales de los expresamente reconocidos en nuestra Constituci\u00f3n, nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido alg\u00fan derecho fundamental enlaz\u00e1ndolo o poni\u00e9ndolo en conexi\u00f3n con alguno de los derechos expresamente reconocidos por el texto constitucional. Por poner un ejemplo, es el caso del principio non bis in idem[2]<\/strong><\/a><\/em>.<\/p>\n\n\n\n

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El recurso de amparo protege solamente los derechos reconocidos por nuestro texto constitucional<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Conviene tambi\u00e9n tener en cuenta que el recurso de amparo protege solamente los derechos reconocidos por nuestro texto constitucional, no siendo posible la protecci\u00f3n de un derecho reconocido tan solo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, aunque en virtud del art. 10 de nuestra Constituci\u00f3n el Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene gran importancia en la interpretaci\u00f3n de los derechos reconocidos por nuestra Constituci\u00f3n, no cabe que dicho Convenio o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ampl\u00eden el elenco de derechos susceptibles de ser protegidos por recurso de amparo ante nuestro Tribunal Constitucional.<\/p>\n\n\n\n

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El recurso de amparo protege solamente contra actos de las autoridades espa\u00f1olas<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Asimismo, tiene inter\u00e9s destacar que el recurso de amparo protege solamente contra actos de las autoridades espa\u00f1olas, no contra actos de autoridades de la Uni\u00f3n Europea[3]<\/a>. Pero s\u00ed se pueden impugnar en el recurso de amparo actos espa\u00f1oles que convaliden actos extranjeros[4]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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Legitimaci\u00f3n para interponer recurso de amparo <\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Tienen legitimaci\u00f3n para interponer recurso de amparo tanto las personas f\u00edsicas como las personas jur\u00eddicas[5]<\/a>. El Tribunal Constitucional ha declarado que las personas jur\u00eddicas tienen los derechos fundamentales conformes a su naturaleza.<\/p>\n\n\n\n

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Pedro Tenorio S\u00e1nchez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

D. Pedro Tenorio<\/strong>, nuevo Of Counsel<\/strong> de nuestra firma Bufete Mas y Calvet<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

El Catedr\u00e1tico aporta una vasta experiencia en el \u00e1mbito del Derecho Constitucional. Desde el 29 de enero de 2015 hasta su disoluci\u00f3n el 5 de marzo de 2024, desempe\u00f1\u00f3 el rol de Of Counsel en el Despacho Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Arribas Abogados, S.L.P., donde dej\u00f3 una huella significativa con su profundo conocimiento y habilidades jur\u00eddicas.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente es Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional<\/em> en la Universidad Nacional de Educaci\u00f3n a Distancia de Madrid<\/a><\/strong><\/em>, posici\u00f3n que ha ocupado desde el 6 de diciembre de 2011. <\/p>\n\n\n\n

Su carrera es larga y destacada, con una trayectoria que incluye su labor como Letrado del Tribunal Constitucional<\/strong> de Espa\u00f1a del 1 de septiembre de 2001 al 2 de junio de 2011. <\/p>\n<\/div>

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Regulaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de las resoluciones judiciales firmes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Tiene gran importancia pr\u00e1ctica para el ejercicio de la abogac\u00eda la regulaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de las resoluciones judiciales firmes. Hay que subrayar que la interposici\u00f3n del recurso de amparo no suspende la ejecuci\u00f3n la resoluci\u00f3n judicial recurrida, si bien en el recurso de amparo se puede solicitar la repetida suspensi\u00f3n. El art. 56 de la LOTC regula la cuesti\u00f3n. El Tribunal Constitucional, si se admite el recurso de amparo, puede abrir pieza separada de suspensi\u00f3n, dando un plazo de 3 d\u00edas al recurrente para alegar lo que convenga a su derecho en relaci\u00f3n con la suspensi\u00f3n. Solo se concede la suspensi\u00f3n cuando el no concederla suponga que el amparo pierde su finalidad. Siempre que el derecho fundamental reconocido puede quedar satisfecho decretando una obligaci\u00f3n de car\u00e1cter econ\u00f3mico se niega la suspensi\u00f3n. Excepcionalmente (pero puede solicitarse), el Tribunal Constitucional concede la suspensi\u00f3n cautelar\u00edsima, es decir, simult\u00e1neamente a la admisi\u00f3n del recurso de amparo, sin abrir pieza de suspensi\u00f3n[6]<\/a>. Por tanto, las resoluciones judiciales que recurramos en amparo deber\u00e1n ser ejecutadas. No obstante, en la pr\u00e1ctica, los abogados que interponen recurso de amparo ponen este extremo en conocimiento del \u00f3rgano judicial que dict\u00f3 la resoluci\u00f3n recurrida, con el objeto de que no la ejecute hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisi\u00f3n. Los \u00f3rganos judiciales no suelen posponer la ejecuci\u00f3n de resoluciones cuando se trate de casos de relevancia medi\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

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C\u00f3mo agotar la v\u00eda judicial previa<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Con relativa frecuencia, los abogados no habituados a redactar recursos de amparo preguntan a los que est\u00e1n especializados en dicho recurso c\u00f3mo agotar la v\u00eda judicial previa, pensando que se trata de un detalle meramente formal y de f\u00e1cil soluci\u00f3n. Sin embargo, la cuesti\u00f3n del agotamiento de la v\u00eda judicial previa es bastante dif\u00edcil. <\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Constitucional ha hecho esfuerzos considerables para aliviar la dificultad. As\u00ed por ejemplo, es jurisprudencia consolidada que si el incidente de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo es desestimado (no inadmitido), no cabe considerarlo luego manifiestamente improcedente por parte del Tribunal Constitucional (SSTC 66\/2011, de 16 de mayo, FJ 2 y 74\/2013, de 8 de abril, FJ 1<\/strong>). A ello debemos a\u00f1adir que, habida cuenta de la orientaci\u00f3n antiformalista de nuestro Tribunal Constitucional, si la resoluci\u00f3n de inadmisi\u00f3n del incidente de nulidad de actuaciones entra en el fondo, podremos intentar sostener que, materialmente, es una desestimaci\u00f3n (a\u00fan cuando el \u00f3rgano judicial pueda calificarlo como inadmisi\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

Pero el Tribunal Constitucional es bastante exigente; si la v\u00eda judicial previa no est\u00e1 agotada, el Tribunal Constitucional considerar\u00e1 el recurso de amparo prematuro; si el recurrente gozaba de alguna posibilidad de recurso y no la ha ejercido, el Tribunal considerar\u00e1 que no ha agotado la v\u00eda judicial previa; si se presentan m\u00e1s recursos ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria de los que claramente se derivan de la ley, el Tribunal Constitucional calcular\u00e1 el plazo para presentar el recurso de amparo desde la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n que deb\u00eda de haberse recurrido en amparo, porque considerar\u00e1 que se ha alargado indebidamente la v\u00eda judicial previa, con lo que el recurso normalmente resultar\u00e1 extempor\u00e1neo; la dificultad del problema no se puede resolver interponiendo ad cautelam <\/em>recurso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria y recurso de amparo, pues en tal caso el Tribunal Constitucional considerar\u00e1 el recurso de amparo prematuro.<\/p>\n\n\n\n

A todo ello hay que a\u00f1adir que los recursos que claramente proceden de la ley dependen de la estrategia procesal que se adopte[7]<\/a>. En suma, la cuesti\u00f3n del agotamiento de la v\u00eda judicial previa, no es un peque\u00f1o detalle, sino, podr\u00edamos decir, la tercera parte o la mitad del recurso de amparo.<\/p>\n\n\n\n

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Requisito de la invocaci\u00f3n del derecho fundamental<\/h3>\n\n\n\n
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En cambio, el Tribunal Constitucional no es muy exigente con el requisito de la invocaci\u00f3n del derecho fundamental, siguiendo en este punto una orientaci\u00f3n que podr\u00edamos llamar \u201cespiritualista\u201d. No es necesario que se califique correctamente el derecho fundamental vulnerado, ni que se cite el precepto exacto de la Constituci\u00f3n, sino que es suficiente someter el hecho en que se fundamenta la queja al an\u00e1lisis del \u00f3rgano judicial, d\u00e1ndole la oportunidad de reparar la lesi\u00f3n[8]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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[1]<\/a> El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con base en el art. 1 del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) protege la propiedad de personas f\u00edsicas y de personas jur\u00eddicas (SSTEDH de 24 de octubre de 1986, caso Agosi c. Reino Unido <\/em>y de 8 de julio de 1986, caso Lithgow y otros c. Reino Unido<\/em>, entre otras).<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> Nuestro Tribunal Constitucional lo considera impl\u00edcitamente reconocido por el art. 25 CE desde la STC 2\/1981, de 30 de enero.<\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a> Nuestro Tribunal Constitucional no puede controlar actos de entes p\u00fablicos no espa\u00f1oles y en particular de autoridades de la Uni\u00f3n Europea: STC 64\/1991, de 22 de marzo<\/p>\n\n\n\n

[4]<\/a> El Tribunal Constitucional puede controlar actos de los poderes p\u00fablicos espa\u00f1oles que vengan a reconocer, homologar o dar validez a resoluciones de poderes p\u00fablicos extranjeros, como en el caso de la extradici\u00f3n o el \u201cexequatur\u201d (STC 91\/2000, de 30 de marzo, FFJJ 5 a 7). Las resoluciones judiciales espa\u00f1olas en materia de extradici\u00f3n pasiva son revisables desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), puesto en relaci\u00f3n con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE). El Tribunal Constitucional ha otorgado amparo en supuestos en que se hab\u00eda concedido extradici\u00f3n (STC 32\/2003, de 13 de febrero) cuando el recurrente aporte indicios de que en el pa\u00eds del solicitante de amparo peligra su vida o integridad f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n

[5]<\/a> Pueden recurrir en amparo tanto a las personas f\u00edsicas como las jur\u00eddicas (STC 189\/1993, de 14 de junio). Incluso las personas jur\u00eddico-p\u00fablicas tienen legitimaci\u00f3n para recurrir en amparo (STC 99\/1989, de 5 de junio).<\/p>\n\n\n\n

[6]<\/a> En este sentido, pueden encontrarse supuestos de medidas cautelares decididas por providencia  en  el  momento  de  la  admisi\u00f3n del recurso, en los siguientes supuestos: AATC 18\/2012, de 30 de enero; 19\/2012, de 30 de enero;  115\/2012,  de  4  de  junio;  149\/2012,  de  16  de  julio;  150\/2012,  de  16  de  julio; 151\/2012, de 16 de julio; 174\/2013 , de 9 de septiembre; y 119\/2015, de 6 de julio.<\/p>\n\n\n\n

[7]<\/a> No es necesario promover incidente de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo si queda salvaguardado el principio de subsidiariedad del recurso de amparo: STC 11\/2013, de 28 de enero, FJ 2.<\/p>\n\n\n\n

[8]<\/a> SSTC 95\/1983, de 14 de noviembre, FJ 1 y 132\/2006, de 27 de abril, FJ 2.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este breve art\u00edculo es el segundo de una serie de cuatro dirigidos a personas interesadas en la pr\u00e1ctica de los derechos fundamentales y del recurso de amparo. Como es sabido, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional es un procedimiento que protege solamente los derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas reconocidos en los arts. 14 a 29 de nuestra Constituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":8164,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-8162","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-derecho-penal-compliance"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8162"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8162\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8167,"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8162\/revisions\/8167"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8164"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}