{"id":10404,"date":"2026-11-11T08:00:00","date_gmt":"2026-11-11T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=10404"},"modified":"2026-11-11T10:15:38","modified_gmt":"2026-11-11T09:15:38","slug":"duelo-sin-exposicion-datos-personales-e-imagen-de-las-victimas-en-las-tragedias-colectivas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/duelo-sin-exposicion-datos-personales-e-imagen-de-las-victimas-en-las-tragedias-colectivas\/","title":{"rendered":"Duelo sin exposici\u00f3n: datos personales e imagen de las v\u00edctimas en las tragedias colectivas"},"content":{"rendered":"\n

Por Efr\u00e9n D\u00edaz D\u00edaz<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Efr\u00e9n D\u00edaz D\u00edaz<\/a><\/strong>, responsable del \u00e1rea de tecnolog\u00eda <\/a>y espacial <\/a>del Bufete Mas y Calvet, en el presente art\u00edculo cuestiona como tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, \u00bfqu\u00e9 normas protegen a las v\u00edctimas y a sus familias cuando la informaci\u00f3n corre m\u00e1s deprisa que el duelo?<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Resumen<\/h2>\n\n\n\n

Una tragedia colectiva genera en muy poco tiempo una cantidad abrumadora de informaci\u00f3n personal: listas de pasajeros, partes m\u00e9dicos y datos de salud, muestras gen\u00e9ticas para identificar a los fallecidos, fotograf\u00edas y v\u00eddeos que circulan por las redes antes incluso de que terminen las labores de rescate. Este an\u00e1lisis examina el marco jur\u00eddico espa\u00f1ol y europeo que se proyecta sobre esa informaci\u00f3n \u2014los derechos del art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n, la protecci\u00f3n civil del honor, la intimidad y la propia imagen, la normativa de protecci\u00f3n de datos, las reglas sectoriales de asistencia e identificaci\u00f3n de v\u00edctimas y el Reglamento de Servicios Digitales\u2014, distingue lo que corresponde a cada uno de los actores implicados y sugiere algunas pautas de actuaci\u00f3n. La conclusi\u00f3n es f\u00e1cil de enunciar y quiz\u00e1 dif\u00edcil de practicar: proteger a las v\u00edctimas no impide informar; es lo que permite hacerlo con dignidad.<\/p>\n\n\n\n

1. Dos tragedias, una misma pregunta<\/h2>\n\n\n\n

El 18 de enero de 2026, un tren de alta velocidad que hac\u00eda el trayecto M\u00e1laga\u2013Madrid descarril\u00f3 a la altura de Adamuz (C\u00f3rdoba) y choc\u00f3 con otro que circulaba en sentido contrario, con destino a Huelva. Murieron 45 personas y decenas resultaron heridas. Nueve meses m\u00e1s tarde, el 28 de octubre, en la misma l\u00ednea Madrid\u2013Andaluc\u00eda, un AVE alcanz\u00f3 entre Los Y\u00e9benes y Urda (Toledo) a otro tren que permanec\u00eda detenido ante una se\u00f1al. El informe preliminar de la autoridad investigadora cifra en 69 los fallecidos y en m\u00e1s de doscientos los heridos.<\/p>\n\n\n\n

Cada una de esas cifras es una persona, y alrededor de cada persona hay una familia que, en cuesti\u00f3n de horas, pas\u00f3 de la espera a la incertidumbre y de la incertidumbre al duelo, con el respeto que se requiere y se merece. Es en ese tiempo, el m\u00e1s fr\u00e1gil, cuando surge una pregunta que el Derecho no puede eludir: \u00bfqu\u00e9 puede hacerse \u2014y qu\u00e9 no\u2014 con la informaci\u00f3n y la imagen de quienes han padecido la tragedia?<\/strong> No es una cuesti\u00f3n te\u00f3rica ni lejana. En ambos casos las im\u00e1genes del siniestro se propagaron masivamente por las redes en minutos; algunas grabadas en Adamuz reaparecieron despu\u00e9s como si fueran de Urda, y esa misma semana de enero una cadena de televisi\u00f3n emiti\u00f3 en directo, sin advertencia alguna, el v\u00eddeo de una persona atrapada entre los restos de otro accidente ferroviario. Protecci\u00f3n Civil lo dijo entonces con una sencillez dif\u00edcil de mejorar: \u201cel morbo no informa, solo a\u00f1ade dolor innecesario\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo no pretende juzgar a nadie de ninguna manera, sino ofrecer un mapa claro de las normas aplicables en estas situaciones y de las buenas pr\u00e1cticas que permiten informar, asistir e investigar sin infligir a las v\u00edctimas una segunda herida.<\/p>\n\n\n\n

2. Qu\u00e9 normas aplican<\/h2>\n\n\n\n

2.1 Derechos fundamentales: el punto de partida<\/h3>\n\n\n\n

El punto de partida necesario es el art\u00edculo 18 de la Constituci\u00f3n, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (apartado 1) y ordena a la ley limitar el uso de la inform\u00e1tica para proteger esos derechos (apartado 4). De este \u00faltimo precepto el Tribunal Constitucional extrajo, en su paradigm\u00e1tica Sentencia 292\/2000, de 30 de noviembre, un derecho fundamental aut\u00f3nomo a la protecci\u00f3n de datos personales. Enfrente se sit\u00faa el art\u00edculo 20.1.d), que reconoce el derecho a comunicar y recibir libremente informaci\u00f3n veraz. Nadie discute que un accidente con decenas de muertos tenga relevancia p\u00fablica. Pero conviene precisar sobre qu\u00e9 recae ese inter\u00e9s: sobre el hecho<\/strong>, sus causas y las responsabilidades que puedan derivarse, y no necesariamente sobre la identidad, el cuerpo o el sufrimiento de cada una de las personas afectadas, y al margen de la inercia de los actuales canales digitales. La ponderaci\u00f3n entre ambos derechos, que debe hacerse caso por caso, suele resolverse precisamente en ese matiz.<\/p>\n\n\n\n

En el plano civil, la norma de referencia es la Ley Org\u00e1nica 1\/1982, de 5 de mayo, de protecci\u00f3n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Su art\u00edculo 7.5 califica como intromisi\u00f3n ileg\u00edtima<\/em> la captaci\u00f3n, reproducci\u00f3n o publicaci\u00f3n de la imagen de una persona, salvo en los casos previstos en el art\u00edculo 8.2. De esas excepciones, la que suele invocarse en un siniestro es la del art\u00edculo 8.2.c): la informaci\u00f3n gr\u00e1fica sobre un suceso o acaecimiento p\u00fablico cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria<\/strong>. Y ah\u00ed est\u00e1 la clave: el primer plano de un herido o de un cuerpo no es accesorio, es el centro de la imagen. La ley se ocupa tambi\u00e9n de la memoria de quienes han fallecido, cuya defensa atribuye a la persona designada en testamento y, en su defecto, al c\u00f3nyuge, descendientes, ascendientes y hermanos que vivieran al tiempo del fallecimiento y, a falta de todos ellos, al Ministerio Fiscal (art. 4). Por \u00faltimo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 27\/2020, de 24 de febrero, dej\u00f3 sentado que subir una fotograf\u00eda propia a una red social no equivale a autorizar que un medio la reproduzca: cada nuevo uso de la imagen necesita su propia justificaci\u00f3n y, en su caso, un nuevo consentimiento expreso y concreto.<\/p>\n\n\n\n

2.2 Protecci\u00f3n de datos: RGPD y LOPDGDD<\/h3>\n\n\n\n

El Reglamento (UE) 2016\/679, General de Protecci\u00f3n de Datos (RGPD), protege a supervivientes, heridos y familiares, pero no se aplica a los datos de las personas fallecidas (considerando 27), si bien deja a los Estados libertad para regularlos. El legislador espa\u00f1ol aprovech\u00f3 ese margen y ha cubierto el vac\u00edo existente en el RGPD: el art\u00edculo 3 de la Ley Org\u00e1nica 3\/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), permite a las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, y a sus herederos, dirigirse al responsable para acceder a sus datos y solicitar su rectificaci\u00f3n o supresi\u00f3n, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente o as\u00ed lo establezca una ley. El art\u00edculo 96 completa ese r\u00e9gimen con el llamado \u201ctestamento digital\u201d, referido a los contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n, redes sociales incluidas.<\/p>\n\n\n\n

Buena parte de los datos que se manejan tras una tragedia pertenecen a las categor\u00edas especiales<\/strong> del art\u00edculo 9 del RGPD: lesiones, ingresos hospitalarios, perfiles gen\u00e9ticos utilizados en la identificaci\u00f3n. Es importante subrayar que su tratamiento est\u00e1 prohibido y esta prohibici\u00f3n est\u00e1 fortificada salvo que concurra alguna de las excepciones del apartado 2 \u2014la protecci\u00f3n de intereses vitales cuando el interesado no puede consentir, la asistencia sanitaria, un inter\u00e9s p\u00fablico esencial amparado en una norma o la formulaci\u00f3n y defensa de reclamaciones, entre otras\u2014, y exige adem\u00e1s una base de licitud del art\u00edculo 6 y garant\u00edas reforzadas de acceso, confidencialidad y conservaci\u00f3n. Hay un matiz que no conviene perder de vista en la pr\u00e1ctica: cuando los datos se tratan por la polic\u00eda judicial o por los servicios forenses con fines de investigaci\u00f3n penal, el marco aplicable no es el RGPD, sino la Ley Org\u00e1nica 7\/2021, de 26 de mayo, que traspone la Directiva (UE) 2016\/680. Si entre las v\u00edctimas hay menores, la protecci\u00f3n se intensifica, tanto por el art\u00edculo 84 de la LOPDGDD como por el art\u00edculo 4 de la Ley Org\u00e1nica 1\/1996, de protecci\u00f3n jur\u00eddica del menor, que encomienda al Ministerio Fiscal actuar frente a cualquier intromisi\u00f3n en su imagen o intimidad.<\/p>\n\n\n\n

Una advertencia importante para el ciudadano: la llamada excepci\u00f3n dom\u00e9stica del art\u00edculo 2.2.c) del RGPD, que deja fuera del Reglamento las actividades exclusivamente personales, no ampara la difusi\u00f3n de im\u00e1genes o datos a un n\u00famero indeterminado de personas. El Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea lo record\u00f3 en su sentencia de 14 de febrero de 2019, asunto Buivids<\/em> (C-345\/17): quien publica un v\u00eddeo en una plataforma abierta queda sometido a la normativa de protecci\u00f3n de datos, en la l\u00ednea ya marcada en el asunto Lindqvist<\/em> (C-101\/01).<\/p>\n\n\n\n

2.3 Normativa sectorial de asistencia e identificaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito ferroviario, el Real Decreto 627\/2014, de 18 de julio, de asistencia a las v\u00edctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, obliga a las empresas ferroviarias y a los administradores de infraestructuras a contar con planes de asistencia que incluyan, entre otros extremos, la gesti\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre los pasajeros y la atenci\u00f3n a las familias. La identificaci\u00f3n de los fallecidos se rige por el Real Decreto 32\/2009, de 16 de enero, que aprob\u00f3 el Protocolo nacional de actuaci\u00f3n m\u00e9dico-forense y de polic\u00eda cient\u00edfica en sucesos con v\u00edctimas m\u00faltiples. El Protocolo, que act\u00faa bajo la direcci\u00f3n de la autoridad judicial, canaliza la informaci\u00f3n ante mortem<\/em> y post mortem<\/em> a trav\u00e9s de un centro de integraci\u00f3n de datos; fue ese mecanismo el que permiti\u00f3 confirmar, el 2 de noviembre, la identidad de las 69 v\u00edctimas de Urda. Los perfiles de ADN obtenidos para identificar restos cadav\u00e9ricos pueden incorporarse a la base de datos policial regulada por la Ley Org\u00e1nica 10\/2007, de 8 de octubre, siempre vinculados a esa finalidad.<\/p>\n\n\n\n

Cuando los hechos dan lugar a un procedimiento penal, como es habitual ante posibles imprudencias con resultado de muerte, entra en juego la Ley 4\/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la v\u00edctima del delito. Su art\u00edculo 22 obliga a jueces, fiscales, funcionarios y a cuantos intervienen en el proceso a proteger la intimidad de las v\u00edctimas y de sus familiares, con especial cuidado de impedir que se difunda informaci\u00f3n que permita identificar a v\u00edctimas menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protecci\u00f3n; y el art\u00edculo 681.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al tribunal prohibir la divulgaci\u00f3n de la identidad o de im\u00e1genes de las v\u00edctimas. Las ayudas p\u00fablicas, como las previstas en el Real Decreto-ley 1\/2026 para las v\u00edctimas de Adamuz y Gelida o las aprobadas despu\u00e9s por las comunidades aut\u00f3nomas, generan a su vez tratamientos de datos que cada administraci\u00f3n debe reflejar en su registro de actividades (art. 30 RGPD y art. 31 LOPDGDD). Por \u00faltimo, el Reglamento (UE) 2022\/2065, de Servicios Digitales, exige a todos los prestadores de servicios de alojamiento de datos, y no solo a las grandes plataformas, mecanismos accesibles de notificaci\u00f3n y acci\u00f3n frente a contenidos il\u00edcitos (art. 16), y a\u00f1ade obligaciones de evaluaci\u00f3n y reducci\u00f3n de riesgos sist\u00e9micos para las plataformas y buscadores de muy gran tama\u00f1o (arts. 34 y 35). El Reglamento, conviene recordarlo, no define qu\u00e9 es il\u00edcito: esa calificaci\u00f3n procede del Derecho nacional o de la Uni\u00f3n, es decir, de las normas que acabamos de repasar.<\/p>\n\n\n\n

3. C\u00f3mo se deben cumplir: qui\u00e9n hace qu\u00e9<\/h2>\n\n\n\n

La tabla siguiente sintetiza, para cada actor, el margen de actuaci\u00f3n leg\u00edtimo, sus l\u00edmites principales y las normas de referencia. Los apartados que la siguen desarrollan los matices que una tabla no puede recoger.<\/p>\n\n\n\n

Actor<\/strong><\/td>Puede<\/strong><\/td>Debe evitar<\/strong><\/td>Referencia<\/strong><\/td><\/tr><\/thead>
Operadores y Adif<\/strong><\/td>Facilitar listas de pasajeros a autoridades y atender a familias acreditadas<\/td>Confirmar datos por tel\u00e9fono sin verificar identidad; accesos internos innecesarios<\/td>RD 627\/2014; arts. 5, 6, 9 y 32 RGPD<\/td><\/tr>
Administraciones y forenses<\/strong><\/td>Tratar datos gen\u00e9ticos y de salud para identificar a las v\u00edctimas y asistir a las familias<\/td>Usos ajenos a la identificaci\u00f3n; conservar muestras y perfiles m\u00e1s all\u00e1 de lo previsto legalmente<\/td>RD 32\/2009; LO 10\/2007; art. 9 RGPD; LO 7\/2021<\/td><\/tr>
Hospitales<\/strong><\/td>Informar a familiares y personas vinculadas, en los t\u00e9rminos del art. 5 de la Ley 41\/2002 (La informaci\u00f3n a familiares depende de la voluntad o capacidad del paciente)<\/td>Comunicar a terceros o medios el estado de los pacientes<\/td>Ley 41\/2002 (arts. 5 y 7); art. 9 RGPD<\/td><\/tr>
Medios de comunicaci\u00f3n<\/strong><\/td>Informar del hecho, sus causas y responsabilidades<\/td>Im\u00e1genes reconocibles de heridos o fallecidos; fotos de redes sin consentimiento<\/td>Arts. 18 y 20.1.d) CE; LO 1\/1982; STC 27\/2020<\/td><\/tr>
Ciudadanos y redes<\/strong><\/td>Avisar a emergencias; compartir informaci\u00f3n oficial verificada<\/td>Grabar y difundir a v\u00edctimas; reenviar bulos o datos personales<\/td>LO 1\/1982; RGPD (STJUE C-345\/17)<\/td><\/tr>
Plataformas digitales<\/strong><\/td>Habilitar canales de notificaci\u00f3n y retirar con diligencia<\/td>Mantener el contenido il\u00edcito tras tener conocimiento efectivo de \u00e9l. La exenci\u00f3n de responsabilidad decae con el conocimiento efectivo (art. 6 DSA)<\/td>Reglamento (UE) 2022\/2065 (arts. 6, 16, 34 y 35)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

3.1 Operadores, administraciones y servicios de emergencia<\/h3>\n\n\n\n

Las primeras horas son las que m\u00e1s pesan y resultan decisivas. Las listas de pasajeros deben circular \u00fanicamente entre quienes de verdad las necesitan \u2014servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridad judicial, centros de atenci\u00f3n a familiares\u2014 y siempre por canales seguros, nunca por correo sin cifrar ni por aplicaciones de mensajer\u00eda personales. Quien atiende el tel\u00e9fono de informaci\u00f3n debe comprobar la identidad y el v\u00ednculo de quien llama antes de confirmar si alguien viajaba en el tren o cu\u00e1l es su estado: un error o una indiscreci\u00f3n en ese momento deja una huella que no se borra. Las muestras de ADN que entregan los familiares solo pueden servir para identificar a las v\u00edctimas; cumplida esa finalidad, deben destruirse o cancelarse los perfiles conforme a la Ley Org\u00e1nica 10\/2007, y es de justicia informar de ello a quienes las aportaron.<\/p>\n\n\n\n

Estos episodios son, adem\u00e1s, terreno abonado para las brechas de seguridad: picos de accesos, personal de refuerzo, hojas de c\u00e1lculo compartidas a toda prisa. La emergencia no suspende el deber de notificar la brecha a la autoridad de control en el plazo de 72 horas, salvo que sea improbable que entra\u00f1e un riesgo para los afectados (art. 33 RGPD), ni el de comunic\u00e1rsela a estos cuando el riesgo sea alto (art. 34). Y conviene saber ante qui\u00e9n: si el responsable es una administraci\u00f3n auton\u00f3mica, como en estos casos la andaluza o manchega, como el respectivo Servicio de Salud, la autoridad competente es el Consejo de Transparencia y Protecci\u00f3n de Datos de Andaluc\u00eda o el equivalente en Castilla La Mancha; en los dem\u00e1s supuestos que aqu\u00ed interesan, la Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos.<\/p>\n\n\n\n

3.2 Medios de comunicaci\u00f3n y periodistas<\/h3>\n\n\n\n

La libertad de informaci\u00f3n no est\u00e1 en cuesti\u00f3n; lo que se discute es la manera de ejercerla. La identidad de un fallecido no deber\u00eda hacerse p\u00fablica antes de que su familia haya recibido la noticia por los cauces oficiales, y las fotograf\u00edas extra\u00eddas de perfiles personales exigen, cuando menos, contar con el parecer de los allegados. Pixelar un rostro no basta si la ropa, la voz o el lugar permiten reconocer a la persona. La Agencia Espa\u00f1ola de Protecci\u00f3n de Datos ha sancionado ya a medios de comunicaci\u00f3n por difundir sin distorsionar la voz de una v\u00edctima de un delito, y el C\u00f3digo Deontol\u00f3gico de la Federaci\u00f3n de Asociaciones de Periodistas de Espa\u00f1a pide evitar la intromisi\u00f3n gratuita en situaciones de aflicci\u00f3n o dolor. El sufrimiento ajeno no es ni debiera ser un recurso narrativo.<\/p>\n\n\n\n

3.3 Ciudadanos, redes sociales y plataformas<\/h3>\n\n\n\n

Ante una tragedia, el impulso de grabar es casi un reflejo. Pero difundir esas im\u00e1genes puede lesionar la imagen y la intimidad de personas que en ese momento no pueden defenderse y, en los supuestos m\u00e1s graves, generar responsabilidad civil por intromisi\u00f3n ileg\u00edtima e incluso penal, por ejemplo por un atentado contra la integridad moral (art. 173.1 del C\u00f3digo Penal) o, si se graba en lugar de auxiliar pudiendo hacerlo, por omisi\u00f3n del deber de socorro (art. 195). Lo razonable es sencillo: llamar al 112, ayudar si se puede, compartir solo informaci\u00f3n oficial y contrastada y borrar las publicaciones con datos de personas buscadas en cuanto dejen de ser necesarias. Las familias pueden acudir al Canal prioritario<\/strong> de la AEPD para pedir la retirada urgente de contenidos sensibles o violentos difundidos sin consentimiento, y a los mecanismos de notificaci\u00f3n que el Reglamento de Servicios Digitales impone a los prestadores. Una vez notificados de forma suficientemente precisa, estos pierden la exenci\u00f3n de responsabilidad si no act\u00faan con diligencia (art. 6).<\/p>\n\n\n\n

4. Aspectos pr\u00e1cticos que conviene tener en cuenta<\/h2>\n\n\n\n

Para administraciones, empresas, despachos y asociaciones de afectados, la experiencia de estos meses sugiere algunas pautas:<\/p>\n\n\n\n