{"id":10394,"date":"2026-11-10T08:04:00","date_gmt":"2026-11-10T07:04:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=10394"},"modified":"2026-11-10T09:05:53","modified_gmt":"2026-11-10T08:05:53","slug":"modificacion-de-las-obligaciones-de-las-fundaciones-y-asociaciones-para-prevenir-el-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-menos-burocracia-versus-atencion-prioritaria-a-las-actividad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/modificacion-de-las-obligaciones-de-las-fundaciones-y-asociaciones-para-prevenir-el-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo-menos-burocracia-versus-atencion-prioritaria-a-las-actividad\/","title":{"rendered":"Modificaci\u00f3n de las obligaciones de las fundaciones y asociaciones para prevenir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Menos burocracia versus atenci\u00f3n prioritaria a las actividades de riesgo real."},"content":{"rendered":"\n

\u00c1rea de econom\u00eda social y entidades sin fin de lucro<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Cristina Sterling<\/a> en colaboraci\u00f3n de Fernando Moreno<\/a> y Vicente Trelles<\/a>, miembros del \u00c1rea de Econom\u00eda social y entidades sin \u00e1nimo de lucro <\/a>en el Bufete Mas y Calvet<\/a>, explican en este art\u00edculo que el Real Decreto 813\/2026, de 7 de octubre<\/strong>, marca un cambio de paradigma en la normativa espa\u00f1ola de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales al sustituir el r\u00edgido e indiferenciado modelo de obligaciones que asfixiaba a las entidades sin \u00e1nimo de lucro por un sistema proporcional basado en el riesgo real<\/strong>. La reforma elimina la hist\u00f3rica obligaci\u00f3n de identificar a los donantes a partir de los 100 euros \u2014una traba burocr\u00e1tica desproporcionada para las peque\u00f1as organizaciones\u2014 y alinea los umbrales de control con los est\u00e1ndares internacionales del GAFI y el resto del sistema financiero. De este modo, la inmensa mayor\u00eda de las fundaciones y asociaciones espa\u00f1olas ver\u00e1n reducidas dr\u00e1sticamente sus cargas administrativas, permitiendo que los esfuerzos de supervisi\u00f3n se concentren exclusivamente en los escenarios verdaderamente expuestos a actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

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I.- UN CAMBIO LARGAMENTE ESPERADO<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, cualquier fundaci\u00f3n o asociaci\u00f3n espa\u00f1ola, desde una gran organizaci\u00f3n internacional hasta una peque\u00f1a entidad cultural local, ha estado obligada a identificar y comprobar la identidad de toda persona que realizara una aportaci\u00f3n de 100 euros o m\u00e1s, as\u00ed como de quienes recibieran fondos o recursos de la entidad. As\u00ed lo exig\u00eda el antiguo art\u00edculo 42 del Reglamento de la Ley 10\/2010 de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304\/2014.<\/p>\n\n\n\n

La obligaci\u00f3n se impon\u00eda de forma uniforme, con independencia de la dimensi\u00f3n de la entidad, la naturaleza de sus actividades o su nivel real de exposici\u00f3n al riesgo. En la pr\u00e1ctica, una peque\u00f1a fundaci\u00f3n o asociaci\u00f3n con un \u00e1mbito de actuaci\u00f3n local en Espa\u00f1a y una organizaci\u00f3n que realizase actividades en otros pa\u00edses declarados zonas de conflicto quedaban sometidas a las mismas exigencias documentales.<\/p>\n\n\n\n

El Real Decreto 813\/2026, de 7 de octubre, rompe con este planteamiento y sustituye el modelo de obligaciones generalizadas por un sistema basado en el riesgo. Su objetivo declarado es adaptar la normativa espa\u00f1ola a los est\u00e1ndares internacionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), centrando las medidas preventivas all\u00ed donde el riesgo es realmente mayor.<\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos sencillos, se abandona la l\u00f3gica de la “talla \u00fanica” para adoptar un sistema proporcional a las circunstancias de cada entidad.<\/p>\n\n\n\n

II.- LA PRINCIPAL NOVEDAD: DESAPARECE LA OBLIGACI\u00d3N GENERAL DE IDENTIFICAR DONANTES DESDE 100 EUROS<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

La modificaci\u00f3n m\u00e1s relevante consiste en la supresi\u00f3n de la disposici\u00f3n contenida en la anterior redacci\u00f3n del art\u00edculo 42.2 del Reglamento de la Ley, que obligaba a toda fundaci\u00f3n o asociaci\u00f3n a identificar y verificar la identidad de cualquier donante que aportara 100 euros o m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

En la nueva redacci\u00f3n del apartado 1 del citado art\u00edculo se limita la obligaci\u00f3n de registrar y conservar determinada informaci\u00f3n sobre donantes y beneficiarios a supuestos mucho m\u00e1s concretos.<\/p>\n\n\n\n

En lo sucesivo, para que esa obligaci\u00f3n exista deber\u00e1n concurrir simult\u00e1neamente tres requisitos:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Que la entidad presente un riesgo inherente superior al medio seg\u00fan el an\u00e1lisis sectorial de riesgos, o que realice actividades en jurisdicciones con riesgo de financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n
  2. Que la operaci\u00f3n supere los 1.000 euros.<\/li>\n\n\n\n
  3. Que los fondos no hayan sido canalizados a trav\u00e9s de sujetos obligados, como entidades de cr\u00e9dito o entidades de pago.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    En estos casos la entidad deber\u00e1 proceder a la identificaci\u00f3n formal del interviniente (ya sea donante o beneficiario), comprobar la titularidad real del mismo, y conservar durante el plazo de 10 a\u00f1os la documentaci\u00f3n que acredite que se han cumplido estas obligaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones contractuales entre ambos.<\/p>\n\n\n\n

    Por otra parte, cuando la naturaleza de la actividad realizada impida razonablemente la identificaci\u00f3n individual de cada donante, bastar\u00e1 con identificar el colectivo dl que proceden las donaciones y sus caracter\u00edsticas generales.<\/p>\n\n\n\n

    III.- EL FIN DE UNA ANOMAL\u00cdA REGULATORIA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    La exigencia de identificar donantes desde 100 euros constitu\u00eda una singularidad dif\u00edcilmente justificable dentro del propio sistema espa\u00f1ol de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

    Mientras una fundaci\u00f3n deb\u00eda solicitar y conservar documentaci\u00f3n identificativa de quien realizaba una donaci\u00f3n a partir de 100 euros, una entidad financiera no estaba obligada a efectuar una identificaci\u00f3n formal equivalente en una operaci\u00f3n ocasional de ese importe.<\/p>\n\n\n\n

    El desequilibrio resultaba especialmente llamativo si se comparaba con otros umbrales normativos, todos ellos situados en los 1.000 euros.<\/p>\n\n\n\n

    Pi\u00e9nsese en la prohibici\u00f3n de pagar en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes act\u00fae en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera del art. 7.1 de la Ley 7\/2012, de 29 de octubre, de modificaci\u00f3n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci\u00f3n de la normativa financiera para la intensificaci\u00f3n de las actuaciones en la prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude,<\/em> o en la medida normal de diligencia debida del propio art. 4.1 del Reglamento de la ley de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo<\/em>, consistente en identificar y comprobar, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros.<\/p>\n\n\n\n

    Las consecuencias pr\u00e1cticas eran evidentes: cargas administrativas especialmente gravosas para entidades peque\u00f1as, dificultades en campa\u00f1as de captaci\u00f3n de fondos, problemas en colectas y eventos ben\u00e9ficos, o el rechazo o la incomprensi\u00f3n por parte de los donantes.<\/p>\n\n\n\n

    Como suele ocurrir, cuando la exigencia normativa no se ajusta a la realidad operativa de las entidades, su cumplimiento efectivo se resiente inevitablemente.<\/p>\n\n\n\n

    La reforma corrige en buena medida esta situaci\u00f3n y acerca el r\u00e9gimen aplicable a las entidades sin fines lucrativos al resto del sistema preventivo.<\/p>\n\n\n\n

    IV.- UN NUEVO SISTEMA DE PREVENCI\u00d3N ADAPTADO AL RIESGO REAL DE LA OPERACI\u00d3N REALIZADA<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    La reforma distingue ahora entre dos grandes grupos de entidades.<\/p>\n\n\n\n

    A.- Entidades con actividad en jurisdicciones de riesgo de financiaci\u00f3n de terrorismo o con riesgo superior al medio.<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    Estas entidades contin\u00faan sujetas a obligaciones reforzadas.<\/p>\n\n\n\n

    Deber\u00e1n registrar y conservar informaci\u00f3n sobre determinados donantes y beneficiarios cuando concurran los requisitos previstos en el art\u00edculo 42.1 del Reglamento, y podr\u00e1n ser objeto de actividades supervisoras por parte del SEPBLAC.<\/p>\n\n\n\n

    En estos casos, canalizar los fondos a trav\u00e9s de entidades financieras adquiere una especial relevancia, ya que puede eliminar la obligaci\u00f3n espec\u00edfica de registro prevista en dicho precepto.<\/p>\n\n\n\n

    B.- El resto de las fundaciones y asociaciones.<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

    Para la inmensa mayor\u00eda de las entidades del sector, la reforma supone una reducci\u00f3n muy significativa de cargas administrativas.<\/p>\n\n\n\n

    La mayor parte de las fundaciones y asociaciones presentan niveles de riesgo medio-bajo o bajo, lo que encaja con el nuevo planteamiento normativo.<\/p>\n\n\n\n

    En consecuencia, para estas entidades la identificaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n justificativa se remite a lo previsto en las normas contables, fiscales y sustantivas a las que est\u00e1n sujetas.<\/p>\n\n\n\n

    V.- OBLIGACIONES QUE DESAPARECEN<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    La reforma no se limita a eliminar el umbral de los 100 euros para la determinaci\u00f3n de donantes y beneficiarios.<\/p>\n\n\n\n

    Tambi\u00e9n desaparecen varias obligaciones que hasta ahora se impon\u00edan con car\u00e1cter general:<\/p>\n\n\n\n