{"id":10079,"date":"2026-07-16T09:19:09","date_gmt":"2026-07-16T07:19:09","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=10079"},"modified":"2026-07-16T09:50:14","modified_gmt":"2026-07-16T07:50:14","slug":"dieciocho-anos-en-prision-por-una-condena-injusta-absuelto-pero-reparado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/dieciocho-anos-en-prision-por-una-condena-injusta-absuelto-pero-reparado\/","title":{"rendered":"Dieciocho a\u00f1os en prisi\u00f3n por una condena injusta: absuelto pero \u00bfreparado?"},"content":{"rendered":"\n

Por Roc\u00edo Hevia-Aza<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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El Tribunal Supremo fija una indemnizaci\u00f3n de 2,5 millones de euros y reconoce, por primera vez en Espa\u00f1a en un caso de estas caracter\u00edsticas, una responsabilidad patrimonial del Estado de cuant\u00eda m\u00ednimamente proporcional al da\u00f1o sufrido, a favor de un hombre que permaneci\u00f3 cerca de dieciocho a\u00f1os privado de libertad en ejecuci\u00f3n de una condena posteriormente anulada.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

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La Sentencia 762\/2026 dictada por la Secci\u00f3n Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 18 de junio de 2026, no solo destaca por la cuant\u00eda reconocida, sino porque perfila con mayor precisi\u00f3n cu\u00e1ndo una sentencia de revisi\u00f3n penal puede servir de base suficiente para apreciar error judicial indemnizable.<\/p>\n\n\n\n

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1. Introducci\u00f3n<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Pocas situaciones expresan con tanta crudeza los l\u00edmites del sistema penal como aquella en la que una persona es condenada por dos delitos graves, ingresa en prisi\u00f3n y permanece privada de libertad durante casi dieciocho a\u00f1os. A\u00f1os despu\u00e9s, el sistema revisa el caso y concluye que era inocente. La absoluci\u00f3n llega tarde y plantea una pregunta dif\u00edcil: \u00bfc\u00f3mo se repara un da\u00f1o de esa magnitud? \u00bfpuede acaso repararse?<\/p>\n\n\n\n

Una indemnizaci\u00f3n econ\u00f3mica no puede compensar plenamente cerca de dieciocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por delitos que no se cometieron. S\u00ed puede, en cambio, operar como reconocimiento institucional del da\u00f1o causado cuando el sistema judicial incurre en un error cualificado.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, la precitada sentencia responde a esa cuesti\u00f3n desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial por funcionamiento de la Administraci\u00f3n de Justicia. Y lo hace en un terreno especialmente delicado: el de las condenas penales err\u00f3neas corregidas en v\u00eda de revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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2. Supuesto de hecho e \u00edter procesal.<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El recurrente fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona y permaneci\u00f3 privado de libertad<\/strong> \u2014primero en prisi\u00f3n provisional y despu\u00e9s cumpliendo condena\u2013 aproximadamente desde noviembre de 1991 hasta abril de 2009, esto es, casi dieciocho a\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A\u00f1os despu\u00e9s, la Sala Segunda del Tribunal Supremo estim\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n interpuesto contra aquella sentencia firme, declar\u00f3 su nulidad y absolvi\u00f3 al condenado. La decisi\u00f3n revisora se apoy\u00f3 en la relevancia de una prueba pericial biol\u00f3gica sobre restos seminales hallados en la ropa de la v\u00edctima, cuyo resultado exclu\u00eda la correspondencia gen\u00e9tica con el condenado y que, pese a haber sido admitida en la causa, no fue efectivamente valorada por el tribunal sentenciador.<\/p>\n\n\n\n

Tras la absoluci\u00f3n, el afectado formul\u00f3 reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia, invocando tanto el padecimiento de la prisi\u00f3n preventiva como la existencia de error judicial, y solicit\u00f3 una indemnizaci\u00f3n de 3.645.000 \u20ac. La Audiencia Nacional desestim\u00f3 el recurso contencioso-administrativo al entender, por un lado, que no exist\u00eda perjuicio indemnizable derivado de la prisi\u00f3n preventiva y, por otro, que no concurr\u00eda un error judicial craso o evidente en los t\u00e9rminos exigidos por la jurisprudencia.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, el afectado interpuso el correspondiente recurso de casaci\u00f3n contra dicha desestimaci\u00f3n por la Audiencia Nacional, que constituye el objeto de la Sentencia 762\/2026 dictada por la Secci\u00f3n Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el 18 de junio de 2026, que ahora nos ocupa.<\/p>\n\n\n\n

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3. La cuesti\u00f3n jur\u00eddica de fondo.<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El n\u00facleo del litigio no resid\u00eda \u00fanicamente en la gravedad del da\u00f1o sufrido, sino en determinar si la sentencia penal de revisi\u00f3n que anula una condena puede constituir, por s\u00ed misma, t\u00edtulo bastante para reconocer la existencia de error judicial indemnizable, pese a no<\/p>\n\n\n\n

La respuesta exig\u00eda interpretar conjuntamente los art\u00edculos 292 y 293 de la Ley Org\u00e1nica del Poder Judicial y precisar si la previa declaraci\u00f3n del error judicial deb\u00eda ser formal y expresa o si pod\u00eda deducirse de forma clara e inequ\u00edvoca del contenido mismo de la sentencia de revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Supremo recuerda que el error judicial indemnizable no se identifica con cualquier desacierto jurisdiccional. Exige una equivocaci\u00f3n cualificada, patente, manifiesta e injustificada<\/strong>, que no pueda ampararse en una valoraci\u00f3n razonable de la prueba ni en una interpretaci\u00f3n jur\u00eddicamente defendible.<\/p>\n\n\n\n

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4. La doctrina que fija la sentencia.<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La sentencia reafirma, en primer t\u00e9rmino, que la estimaci\u00f3n de un recurso de revisi\u00f3n penal no genera autom\u00e1ticamente un derecho a indemnizaci\u00f3n por error judicial. Revisi\u00f3n penal y error judicial cumplen funciones distintas<\/strong>: la primera permite remover la cosa juzgada cuando aparecen hechos o pruebas nuevas de especial relevancia; el segundo exige una equivocaci\u00f3n t\u00e9cnicamente cualificada a efectos resarcitorios.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el Tribunal Supremo matiza esa afirmaci\u00f3n con una precisi\u00f3n decisiva<\/strong>. La sentencia de revisi\u00f3n s\u00ed puede operar como t\u00edtulo suficiente cuando de su fundamentaci\u00f3n se desprenda de manera directa, clara e inequ\u00edvoca la existencia de una equivocaci\u00f3n cualificada en la resoluci\u00f3n anulada<\/strong>, en particular si pone de manifiesto la omisi\u00f3n o el desconocimiento de una prueba esencial ya incorporada al proceso y determinante del fallo.<\/p>\n\n\n\n

La doctrina que resulta de esta resoluci\u00f3n es, por tanto, doble: no hay automatismo indemnizatorio<\/strong> por el solo hecho de haberse estimado una revisi\u00f3n; pero tampoco es imprescindible una declaraci\u00f3n expresa<\/strong> de error judicial si el contenido de la sentencia revisora revela inequ\u00edvocamente ese error, y, por ende, una condena materialmente injusta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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5. \u00bfPor qu\u00e9 en este caso s\u00ed hubo error judicial indemnizable?<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La clave del caso radica en que la sentencia de revisi\u00f3n no se limit\u00f3 a introducir una duda abstracta sobre la culpabilidad del condenado. Lo que puso de manifiesto fue algo m\u00e1s grave<\/strong>: la existencia de una prueba pericial biol\u00f3gica objetiva, admitida y obrante en la causa, que no fue valorada<\/strong> por el tribunal sentenciador pese a su relevancia exculpatoria.<\/p>\n\n\n\n

Ese dato altera sustancialmente el an\u00e1lisis. No se est\u00e1 ante una mera discrepancia interpretativa ni ante una simple relectura del material probatorio, sino ante la omisi\u00f3n de un elemento objetivo y decisivo<\/strong> que contradec\u00eda la hip\u00f3tesis incriminatoria sobre la que descans\u00f3 la condena.<\/p>\n\n\n\n

Desde esa premisa, la Sala Tercera considera que concurre una quiebra del proceso l\u00f3gico de formaci\u00f3n de la convicci\u00f3n judicial<\/strong>. La falta de valoraci\u00f3n efectiva de esa pericial, ya incorporada al proceso, constituye una equivocaci\u00f3n cualificada y determinante del fallo, suficiente para integrar el concepto de error judicial indemnizable.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, el Tribunal Supremo concluye que, aunque la sentencia de revisi\u00f3n no incluyera una f\u00f3rmula expresa de declaraci\u00f3n de error judicial, de su fundamentaci\u00f3n se desprend\u00eda de forma inequ\u00edvoca la existencia de ese error en el sentido exigido por el art\u00edculo 293 LOPJ.<\/p>\n\n\n\n

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6. La indemnizaci\u00f3n y el alcance de la \u201creparaci\u00f3n\u201d.<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Reconocida la responsabilidad patrimonial del Estado, la Sala fija la indemnizaci\u00f3n en 2.500.000 euros, con intereses legales desde la fecha de la reclamaci\u00f3n administrativa. Para cuantificar el da\u00f1o, pondera la extraordinaria duraci\u00f3n de la privaci\u00f3n de libertad, la intensidad del da\u00f1o moral, las consecuencias personales, familiares y sociales, as\u00ed como la repercusi\u00f3n econ\u00f3mica derivada de la p\u00e9rdida de oportunidades vitales y profesionales.<\/p>\n\n\n\n

Es cierto que, por primera vez en Espa\u00f1a<\/strong>, en un supuesto de privaci\u00f3n de libertad injusta,<\/strong> se reconoce una cuant\u00eda que, sin compensar plenamente el da\u00f1o, resulta m\u00ednimamente razonable<\/strong> atendida la magnitud del perjuicio.<\/p>\n\n\n\n

Pero tambi\u00e9n lo es la singularidad del caso. La resoluci\u00f3n parte de que una privaci\u00f3n de libertad cercana a los dieciocho a\u00f1os en cumplimiento de una condena luego anulada sit\u00faa el supuesto en un plano de excepcional gravedad y exige una respuesta indemnizatoria que no sea meramente simb\u00f3lica.<\/p>\n\n\n\n

Conviene, no obstante, no sobredimensionar el alcance reparador del resarcimiento econ\u00f3mico.<\/strong> Ninguna indemnizaci\u00f3n devuelve el tiempo perdido ni recompone por completo el deterioro biogr\u00e1fico, familiar, laboral y reputacional que una condena err\u00f3nea de tan larga duraci\u00f3n puede producir. Pero s\u00ed constituye una forma institucional de reconocimiento del da\u00f1o y de asunci\u00f3n p\u00fablica de sus consecuencias.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La importancia de esta sentencia no reside solo en la cuant\u00eda concedida, sino en la claridad<\/strong> con la que delimita el paso entre revisi\u00f3n penal y error judicial resarcible<\/strong>. Su principal aportaci\u00f3n es afirmar que, cuando la resoluci\u00f3n revisora pone de manifiesto la omisi\u00f3n de una prueba esencial ya existente en la causa y determinante del fallo condenatorio, el derecho a ser indemnizado no puede quedar frustrado por una concepci\u00f3n excesivamente r\u00edgida o formalista del requisito de previa declaraci\u00f3n del error.<\/p>\n\n\n\n

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Roc\u00edo Hevia-Aza<\/a> es abogada, colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogac\u00eda de Madrid<\/a><\/strong> desde 2024.<\/p>\n\n\n\n

Es tambi\u00e9n licenciada en Ciencias Criminol\u00f3gicas y de la Seguridad<\/strong> por la Universidad CEU San Pablo<\/a> (2023).<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ha realizado pr\u00e1cticas profesionales en el sector legal, especializ\u00e1ndose en Derecho Penal<\/strong>, m\u00e1s concretamente en delitos econ\u00f3micos<\/strong>, \u00e1rea que integra actualmente en el despacho.<\/p>\n\n\n\n

Se incorpora al Bufete Mas y Calvet<\/a><\/strong><\/strong> en 2023.<\/p>\n\n\n\n

Perfil en Linked<\/a>I<\/a>n<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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7. Conclusi\u00f3n: el Estado de Derecho tambi\u00e9n se mide por c\u00f3mo repara sus errores.<\/u><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n no convierte el dinero en reparaci\u00f3n plena \u2014ning\u00fan importe devuelve dieciocho a\u00f1os de libertad\u2014, pero s\u00ed supera la l\u00f3gica de indemnizaciones meramente simb\u00f3licas o insuficientes<\/strong>. Esa es, probablemente, una de sus principales aportaciones<\/strong>. Desde esa perspectiva, la resoluci\u00f3n representa una afirmaci\u00f3n significativa de la funci\u00f3n reparadora del Estado de Derecho: la revisi\u00f3n corrige la condena; la responsabilidad patrimonial asume, al menos en parte, el coste del da\u00f1o causado.<\/p>\n\n\n\n

Queda por ver si esta sentencia impulsar\u00e1 una reflexi\u00f3n m\u00e1s amplia sobre los mecanismos de revisi\u00f3n, la valoraci\u00f3n de la prueba cient\u00edfica y la cultura institucional de reconocimiento del error.<\/p>\n\n\n\n

Nuestro Estado de Derecho tambi\u00e9n se mide por su capacidad para reconocer los errores y reparar, de forma proporcionada, a quienes han sufrido sus consecuencias.<\/p>\n\n\n\n

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