{"id":10009,"date":"2026-06-16T07:24:06","date_gmt":"2026-06-16T05:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/mascalvet.com\/?p=10009"},"modified":"2026-06-16T11:36:39","modified_gmt":"2026-06-16T09:36:39","slug":"la-regulacion-de-las-acciones-colectivas-en-espana-una-reforma-pendiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mascalvet.com\/en\/la-regulacion-de-las-acciones-colectivas-en-espana-una-reforma-pendiente\/","title":{"rendered":"La regulaci\u00f3n de las acciones colectivas en Espa\u00f1a: una reforma pendiente"},"content":{"rendered":"\n

por Macarena Murillo<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Art\u00edculo de Macarena Murillo abogada, <\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong>colegiada en el\u00a0Ilustre Colegio de Abogados de Madrid<\/strong>,\u00a0especializada en\u00a0Derecho Procesal Civil<\/a> y <\/strong>Mercantil<\/strong> <\/a>del Bufete Mas y Calvet<\/a><\/strong>, sobre el An\u00e1lisis del estado actual del sistema espa\u00f1ol ante la falta de transposici\u00f3n de la Directiva (UE) 2020\/1828 y la paralizaci\u00f3n de la reforma de <\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong>las acciones colectivas en el \u00e1mbito de la litigaci\u00f3n de consumo. <\/p>\n\n\n\n

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En los \u00faltimos a\u00f1os, las acciones colectivas han pasado de ser una figura pr\u00e1cticamente residual en el Derecho espa\u00f1ol a convertirse en uno de los temas m\u00e1s relevantes en el \u00e1mbito de la litigaci\u00f3n de consumo. Este creciente inter\u00e9s responde a una realidad cada vez m\u00e1s evidente: el modelo tradicional de reclamaciones individuales resulta poco eficaz cuando una misma conducta empresarial afecta a una pluralidad de consumidores.<\/p>\n\n\n\n

El sistema espa\u00f1ol, sin embargo, sigue construido sobre esa l\u00f3gica individual. Cada consumidor debe reclamar por separado, lo que en la pr\u00e1ctica genera importantes disfunciones: dificulta enfrentarse a grandes empresas, multiplica los procedimientos id\u00e9nticos y provoca una sobrecarga notable en los juzgados. Aunque el ordenamiento prev\u00e9 mecanismos de acci\u00f3n colectiva -principalmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil-, su utilizaci\u00f3n ha sido muy limitada debido a dificultades procesales, a la reticencia de los tribunales y a una escasa tradici\u00f3n en este tipo de litigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ante este panorama, la Uni\u00f3n Europea trat\u00f3 de impulsar un cambio mediante la Directiva (UE) 2020\/1828,<\/a> cuyo objetivo es permitir que los consumidores puedan reclamar de forma conjunta cuando sufran un da\u00f1o derivado de una misma conducta. Sin embargo, pese a que el plazo de transposici\u00f3n finaliz\u00f3 el 25 de diciembre de 2022, Espa\u00f1a sigue sin haber incorporado esta normativa a su ordenamiento, situ\u00e1ndose en una posici\u00f3n de retraso respecto a otros Estados miembros.<\/p>\n\n\n\n

El intento m\u00e1s relevante de reforma se produjo con el Proyecto de Ley Org\u00e1nica de Medidas de Eficiencia del Servicio P\u00fablico de Justicia, que inclu\u00eda una regulaci\u00f3n completa de las acciones colectivas. No obstante, en noviembre de 2024 esa regulaci\u00f3n fue suprimida, de modo que la ley finalmente aprobada en 2025 carece de cualquier referencia a esta materia, quedando la reforma en suspenso y generando una evidente incertidumbre sobre el modelo futuro.<\/p>\n\n\n\n

El dise\u00f1o normativo que lleg\u00f3 a plantearse supon\u00eda un cambio significativo. Se pretend\u00eda introducir un procedimiento espec\u00edfico y sistem\u00e1tico para las acciones colectivas, superando la situaci\u00f3n actual de dispersi\u00f3n normativa, y diferenciando claramente entre acciones de cesaci\u00f3n -orientadas a poner fin a conductas il\u00edcitas- y acciones resarcitorias -dirigidas a reparar los da\u00f1os causados-. Adem\u00e1s, se incorporaban elementos propios de sistemas m\u00e1s avanzados, como la denominada audiencia de certificaci\u00f3n, que permitir\u00eda al juez verificar si la acci\u00f3n colectiva es viable antes de su tramitaci\u00f3n, as\u00ed como mecanismos de publicidad y registro para garantizar que los consumidores potencialmente afectados puedan conocer la existencia del proceso.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el aspecto que gener\u00f3 un mayor debate fue el modelo de vinculaci\u00f3n de los consumidores a estas acciones colectivas, es decir, la forma en que una persona pasa a formar parte \u2014o no\u2014 de un proceso colectivo. Aqu\u00ed aparecen dos conceptos clave que conviene explicar de forma clara.<\/p>\n\n\n\n

El sistema denominado opt-in implica que el consumidor solo queda vinculado a la acci\u00f3n colectiva si manifiesta expresamente su voluntad de participar. Es decir, debe adherirse activamente al procedimiento. Si no lo hace, conserva \u00edntegramente su derecho a reclamar de forma individual. Este modelo es el m\u00e1s cercano a la tradici\u00f3n jur\u00eddica espa\u00f1ola y el que predomina en muchos pa\u00edses europeos.<\/p>\n\n\n\n

Frente a ello, el sistema opt-out funciona de manera inversa. En este caso, todos los consumidores afectados quedan autom\u00e1ticamente incluidos en la acci\u00f3n colectiva desde el inicio, sin necesidad de realizar ninguna actuaci\u00f3n. Si un consumidor no quiere participar, debe manifestar expresamente su voluntad de quedar fuera. De lo contrario, quedar\u00e1 vinculado por el resultado del proceso, incluso aunque no haya tenido conocimiento efectivo del mismo. Adem\u00e1s, una vez vinculado, no podr\u00e1 ejercitar posteriormente una acci\u00f3n individual sobre el mismo objeto.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto espa\u00f1ol apostaba de forma general por este segundo modelo -el opt-out-, lo que supon\u00eda una ruptura importante con la tradici\u00f3n jur\u00eddica interna y con la pr\u00e1ctica mayoritaria en Europa. Esta elecci\u00f3n planteaba interrogantes relevantes, especialmente en relaci\u00f3n con el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que existe el riesgo de que consumidores queden vinculados a un proceso sin ser plenamente conscientes de ello.<\/p>\n\n\n\n

Junto a esta cuesti\u00f3n, la reforma tambi\u00e9n preve\u00eda la posibilidad de financiar estos litigios a trav\u00e9s de terceros, lo que introduce nuevas din\u00e1micas en el sistema. Por un lado, puede facilitar el acceso a la justicia en supuestos de elevada complejidad o coste; pero, por otro, plantea el riesgo de que la litigaci\u00f3n colectiva se utilice con fines predominantemente econ\u00f3micos, desplazando el foco de la protecci\u00f3n del consumidor.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, la situaci\u00f3n en 2026 puede definirse con cierta claridad: Espa\u00f1a carece todav\u00eda de un sistema moderno y plenamente operativo de acciones colectivas, pese a la creciente necesidad pr\u00e1ctica de este tipo de instrumentos. En su lugar, contin\u00faan utiliz\u00e1ndose mecanismos limitados, como las acciones de cesaci\u00f3n, y f\u00f3rmulas indirectas que intentan agrupar reclamaciones de forma m\u00e1s o menos eficiente.<\/p>\n\n\n\n

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Macarena Murillo Villamandos<\/a><\/strong> es abogada, colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid<\/strong> desde 2024. <\/p>\n\n\n\n

Estudi\u00f3 en Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), y curs\u00f3 el M\u00e1ster en Corporate Law and International Relations<\/strong> en dicha instituci\u00f3n. Ha realizado pr\u00e1cticas profesionales en el sector legal en tanto despachos nacionales como internacionales, especializ\u00e1da en Derecho Procesal Civil y Mercantil<\/strong>, \u00e1rea que integra actualmente en el despacho.<\/p>\n\n\n\n

Se incorpora al Bufete Mas y Calvet en 2024.<\/p>\n\n\n\n

Perfil en LinkedIn<\/a><\/p>\n<\/div>

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Todo ello pone de manifiesto que el problema no es ya te\u00f3rico, sino pr\u00e1ctico. Existe una presi\u00f3n real derivada del aumento de la litigaci\u00f3n en consumo y de la complejidad de los conflictos actuales. Sin embargo, la respuesta normativa sigue pendiente. El reto, en \u00faltima instancia, no consiste \u00fanicamente en aprobar una ley, sino en encontrar un equilibrio adecuado entre la protecci\u00f3n efectiva de los consumidores, la garant\u00eda de seguridad jur\u00eddica y la prevenci\u00f3n de posibles abusos del sistema.<\/p>\n\n\n\n

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