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Actualizado: hace 2 hours 42 min

El TS confirma la pena de 19 años y 5 meses prisión a un hombre por lesiones a su mujer que saltó por la ventana tras recibir una paliza y amenazas de muerte

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 19 años y 5 meses de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Santander a un hombre cuya mujer quedó parapléjica al saltar por una ventana, situada a cuatro metros y medio del suelo, para escapar del acusado que amenazaba con matarla tras darle una paliza.

Según los hechos probados, aquella madrugada del 30 de mayo de 2015, el acusado bajó al jardín de la vivienda donde había caído la víctima, y pese a que esta le advirtió que no podía moverse, continuó dándole patadas y golpes por todo el cuerpo, advirtiéndole en todo momento que “la iba a matar”, delante del hijo menor que abrazaba a su madre. A pesar de todo, el acusado la arrastró por el suelo varios metros y continuó golpeándola reiterándole que de ahí no salía viva, que la iba a matar. Después entró en la casa, donde se acostó a dormir, dejando a su pareja y al menor en el exterior.

La Sala considera proporcionada la pena impuesta al acusado que sometió a su pareja “desde los 27 a los 32 años a un clima de terror, hasta el punto de que ella prefirió arrojarse por la ventana buscando el fin de su vida que permanecer en la misma situación, con los resultados que ya se han expresado. No parece razonable hablar de desproporción de la pena impuesta”.

“No se trata de las amenazas previas que pudieron integrar el escenario de terror que provocaron que la víctima tuviera que huir por la ventana para evitar perder la vida a manos de su pareja, sino que estamos en presencia de otras amenazas, que se producen cuando la víctima se encuentra postrada en el suelo, malherida, estando en consecuencia las amenazas desligadas de la agresión y teniendo sustantividad propia”, concluye la Sala.

El tribunal rechaza la aplicación de la atenuante de alcoholismo –que sólo aplicó la sentencia de instancia en las agresiones ocurridas en 2015. De acuerdo con su doctrina, afirma que los problemas relacionados con el alcohol del acusado no alteraron sus facultades psíquicas, salvo en el mencionado, como declaró la víctima, que dijo que la conducta de su marido se producía a cualquier hora por lo que no estaba asociada al consumo de bebidas alcohólicas, o los informes médicos que hablaban de un consumo de alcohol sin dependencia, y sin que se observe ningún tipo de enfermedad psiquiátrica ni episodios de intoxicación patológica.

Respecto a la atenuante de reparación parcial del daño, que había solicitado el recurrente alegando que ingresó 30.000 euros en la cuenta del juzgado el día que comenzó el juicio- , el tribunal rechaza su aplicación al considerar, de acuerdo con el fiscal, que la cantidad consignada es muy exigua teniendo en cuenta la solicitada como responsabilidad civil por las acusaciones, que no eran cifras desproporcionadas ni faltas de un sustento objetivo como acredita la proximidad de la cifra de 792.702 euros para la víctima y 18.900 para su hijo que fue, finalmente, concedida por el tribunal de instancia.

La Sala de lo Penal rechaza el recurso interpuesto por el condenado contra la sentencia recurrida que le impuso la citada pena como autor de un delito de maltrato habitual en concurso real con diversos delitos relacionados con la violencia sobre la mujer, dos delitos de maltrato de obra, dos delitos de amenazas y un delito de lesiones, con la concurrencia de la agravante de parentesco y la atenuante de embriaguez. Por este último delito, el de lesiones, se le impuso la pena más alta, once años de prisión, privación de la patria potestad del hijo menor y prohibición de aproximarse a la víctima y su hijo y comunicar con ellos.

La Audiencia de Valencia rechaza el recurso del exconseller Blasco, que seguirá investigado por el amaño de contratos informáticos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado los recursos presentados por el exconseller de Inmigración y Solidaridad, Rafael Blasco, y el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, y ha confirmado la decisión de la jueza de Instrucción 21, Nieves Molina, de investigarles en la pieza quinta del “Caso Cooperación”, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de dicha Conselleria

En la causa, abierta por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se investiga el amaño de contratos para que esos servicios, adjudicados a Fujitsu y a otras dos empresas, terminaran siendo subcontratados a las sociedades de Augusto Tauroni, empresario que se encuentra en prisión, junto al exconseller Blasco, tras ser condenado por el desvío de las ayudas destinadas a la Cooperación y Desarrollo.

Además de Blasco y Llinares, en esta pieza separada figuran como investigados la exsecretaria de la Conselleria, Tina Sanjuan, el empresario Augusto Tauroni y otras tres personas: el jefe de área de informática, un comercial de Fujitsu y un empleado de Tauroni.

Según consta en la causa, al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

El juzgado pide a la Guardia Civil que identifique a las personas que se concentraron ante la vivienda de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Lliria ha recibido la denuncia de la Fiscalía contra varias personas por un delito leve de amenazas a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.

El Juzgado ha abierto el procedimiento para la celebración del juicio y acuerda, antes del señalamiento del mismo, oficiar a la Guardia Civil para que identifique a las personas que el pasado mes de octubre participaron en la protesta ante el domicilio particular de Oltra, ya que en la denuncia sólo se identifica a una.

La jueza considera que los hechos denunciados como delito leve de amenazas se encuadran en el artículo 171.7 del Código Penal, según el cual “el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.
Al tratarse de un delito leve (lo que antes eran las faltas) el juicio se celebrará en el mismo juzgado de instrucción sin necesidad de realizar una investigación. El día del juicio, los denunciados pueden estar asistidos por un abogado si lo desean y acudir con los medios de prueba que consideren oportunos para defenderse.

El Tribunal Supremo deniega los permisos de salida solicitados por el responsable de ANC Jordi Sánchez para hacer campaña

El magistrado Pablo Llarena ha rechazado los permisos de salida solicitados por el responsable de ANC Jordi Sánchez para participar en la campaña electoral, así como los contactos con los medios de comunicación que no se inserten en el ordinario régimen interno de la prisión en la que está ingresado, y el uso de internet fuera del régimen de control fijado por el mismo centro.

En un auto, que ha sido notificado hoy, el magistrado se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los derechos subjetivos de voto y de elegibilidad que estableció que no son derechos absolutos, por importante que sean, y que “cada Estado contratante puede modular siempre que la participación democrática no pierda su efectividad y que las limitaciones respondan a fines legítimos y guarden adecuada correspondencia con los motivos que las impulsan”.

El juez precisa que el sistema de elección está basado en listas cerradas de candidatos, en donde la defensa del ideario de la candidatura está atendida por sus otros integrantes, así como por la agrupación de electores, el partido político, o la agrupación de partidos que presten soporte a la candidatura en esa misma circunscripción electoral o, incluso, en otros territorios en los que la formación concurra a las elecciones con un mismo programa o ideario, por estar orientado a integrar un sólo órgano común de representación.

En este caso, el magistrado afirma que la privación de libertad de Jordi Sánchez, que figura como número dos en una lista de 85 candidatos, a la que se incorporó estando ya privado de libertad, “por más que comporte una limitación evidente para su participación en la campaña electoral, ni supone la imposibilidad de ser elegido ni entraña una pérdida o una alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática de quienes comparten el proyecto político que defiende su agrupación de electores o del propio encausado, pues el investigado no tiene hoy completamente anulada su capacidad para dirigirse al electorado y, de otro lado, su elegibilidad va engarzada de manera favorable a la de otros integrantes de la misma candidatura, que sí abordan plenamente las actividades de campaña”.

Pablo Llarena recuerda que acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza de Jordi Sánchez por el riesgo de que el investigado pudiera impulsar movilizaciones públicas violentas, semejantes a las que se le atribuyen en este procedimiento. De esta forma, indica el juez, las autorizaciones que reclama para salir del centro penitenciario o de participación en los medios de comunicación, “precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar, pues no sólo facultarían el impulso de movilizaciones inmediatas, sino que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios, o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo que rechaza el ideario del encausado, tal y como los hechos investigados sugieren que ya aconteció”.

La magistrada desestima la conformidad parcial y manda a juicio el caso de las ITV en Cataluña

La magistrada que preside el juicio con jurado popular por el conocido como caso de las ITV no admite el acuerdo de conformidad al que habían llegado varios de los acusados. Cuatro de los seis acusados habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía pero al no haber sido formado por todos los procesados esta conformidad no tiene validez y, por tanto, la magistrada resuelve en su auto mandarlos todos a juicio que, por la naturaleza de los delitos, se celebrará con jurado popular.

Condenada a un año de prisión una médica de Oviedo por homicidio imprudente de una menor de 19 meses que se asfixió con una palomita de maíz

El magistrado titular del juzgado de lo Penal 1 de Oviedo ha condenado a un año de prisión y tres de inhabilitación profesional a la médica del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) que atendió a una niña de 19 meses que días después falleció por axfisia con un grano de palomita de maíz. Además, la médica deberá indemnizar a los padres de la menor con 130.000 euros, cuantía que según la sentencia "pretender reparar un daño, sin duda alguna irreparable, como es el fallecimiento de una niña".

El magistrado, José María Serrano, considera que la facultativa médica cometió "una imprudencia grave" y que la profesional sanitaria "minusvaloró el episodio de atragantamiento y la hipoventilación pulmonar" que presentaba la niña en el momento de su consulta, siendo su conducta "constitutiva de un delito de homicidio imprudente por imprudencia grave profesional".

La resolución, que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Oviedo, señala, de acuerdo con los motivos expuestos por las acusaciones, que la médica "no atendió a la niña con el arreglo de 'lex artis', puesto que tuvo ocasión de acordar una broncoscopia y no lo hizo". Para el magistrado esa prueba, aun con riesgos, hubiese permitido certificar la existencia del grano de maíz e incluso habría permitido su extracción y, por tanto, evitar la muerte posterior de la menor.

Condenada a dos años de prisión una pediatra de Valencia que inyectaba suero a los pacientes en lugar de las vacunas

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión por un delito de estafa y otro de falsedad a una pediatra que inyectaba suero fisiológico a los niños engañando a sus padres, a quienes hacía creer que eran vacunas por las que les cobraba cantidades que oscilan entre los 60 y los 1.200 euros.

La doctora, funcionaria pública que engañó a los pacientes cuando trabajaba en el centro de Salud de Carlet y en el Hospital de La Ribera de Alzira, ha sido inhabilitada para ejercer cualquier profesión relacionada con la medicina durante dos años y tres meses.

La sentencia es el resultado del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa de la médico, que hizo innecesaria la convocatoria del jurado popular para la celebración del juicio previsto para esta semana.

Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2011. La doctora recomendaba las vacunas a los padres de los menores para prevenir la varicela, el sarampión o el virus del papiloma humano. Le ofrecía la medicina a un precio inferior del que pagarían si tenían que adquirirla en una farmacia.

En otras ocasiones les prescribía el fármaco para mejorar afecciones que padecían los niños como bronquitis o asma.

La Audiencia Nacional condena a dos internautas por humillación a la víctima terrorismo Pilar Manjón por mensajes vejatorios en redes sociales

La Audiencia Nacional ha condenado a dos internautas, Luis Fernando de R.R y a Tomás S.M., a un año y un año y medio de cárcel, respectivamente, por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas por difundir a través de las redes sociales mensajes vejatorios contra Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal condenan a Luis Fernando de R.R, además, al pago a Manjón de 3.000 euros y de 6.000 euros en el caso de Tomás S.M. por los daños morales causados, atendiendo el dolor ocasionado a la víctima y a la afectación de su vida personal y familiar.

El Tribunal, analizada la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en esta materia, considera que los mensajes publicados por los acusados “objetivamente, encierran una evidente carga de desprecio, vejación o humillación a la persona de Pilar Manjón, víctima del terrorismo por ser madre de una de las personas que fueron asesinadas en los atentados del 4 marzo de 2004 en Madrid, que ha tenido una cierta relevancia pública por su condición de presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo”.

En su relato de hechos probados la resolución explica que Luis Fernando de R. R., el día 29 abril 2014, desde el perfil de Twiter “ tannhuser 1 tannauser” del que era administrador, envió tanto a un foro de dicha plataforma como a doña Pilar Manjon Gutiérrez el comentario “¿qué se puede esperar de una mala madre que hace negocio apoyando la impunidad de los asesinos de su hijo?. Dicha manifestación la remitió, dicen, de manera pública a sabiendas de que con ello ofendía gravemente y ocasionaba una pública humillación a doña Pilar Manjón Gutiérrez en su calidad de víctima del terrorismo como madre de uno de los fallecidos en los atentados del 11 marzo 2004 en Madrid.

A juicio de la Sala, pese a que el acusado señaló que envió el mensaje con precipitación y que no rectificó porque no sabía dónde había ido a parar y no quería ofender, no se puede “minimizar la relevancia de una manifestación en la que se acusa abiertamente a la querellante de ser mala madre, hacer negocio con su condición de víctima, y apoyar la impunidad nada menos que de los asesinos de su hijo”. Añaden que “es verdad que no se recogen expresiones groseras, pero los hechos que se imputan a la víctima por su gravedad revisten suficiente entidad para ofender gravemente su dignidad y ocasionarle un sufrimiento añadido al natural dolor que es consecuencia de la pérdida trágica de su hijo único en un atentado terrorista. Es difícil imaginar una acusación más grave, más hiriente, más ofensiva, que la de imputar a una madre, que tanto ha sufrido, ser mala madre, hacer negocio, o apoyar la impunidad de los asesinos”.

Respecto al otro acusado, la Sala considera probado que Tomás S.M., en mayo de 2004, desde el perfil de Twiter “ÅRRIBA-AE ¡ ARRIBA ESPAÑA¡ “ del que era administrador con 6056 seguidores, a sabiendas de que con ello ofendía gravemente y ocasionaba una pública humillación a doña Pilar Manjón Gutiérrez en su calidad de víctima del terrorismo, difundió los siguientes mensajes:
-“A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta.” -“Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no se sabe quién es….”.
-“Me alegra saber que pese a tu problema ortográfico apoyas a la puta prototerrorista de Manjón”.

Estos mensajes, en opinión de los magistrados, son ”manifiestamente ofensivos, e incluso se extienden y afectan a la dignidad del progenitor del hijo asesinado, cuya paternidad se cuestiona. Es difícil imaginar un contenido más hiriente y ofensivo”, concluyen.

En el caso de este acusado, pese a que argumentó no ser el autor de los mensajes, la Sala entiende que existe prueba suficiente para acreditar que sí fue quien los remitió. Le impone una pena mayor dada la reiteración de los tuits, el fuerte contenido vejatorio, el elevado número de seguidores, así como su condición de usuario habitual y no esporádico de las redes sociales.

 

El Tribunal Supremo archiva la denuncia del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra los exconsellers de la Generalitat Santiago Vila y Lluís Puig

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, ha acordado el archivo de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) por supuestos delitos de apropiación indebida y de desobediencia contra los exconsellers de Economía y de Conocimiento y Cultura de la Generalitat de Cataluña, Santiago Vila y Lluís Puig, respectivamente.

En su resolución, los magistrados explican que la pérdida de la condición de aforados de ambos, tras la publicación en el BOE de la Orden por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, la Sala deja de ser el órgano jurisdiccional competente para la instrucción y el enjuiciamiento de esta causa.

Por todo ello, acuerda el archivo de la denuncia sin perjuicio del derecho que asiste al denunciante a reproducir su petición ante el órgano correspondiente.

El Tribunal Supremo establece que Hacienda no puede cobrar el IRPF a estudiantes becados que pasen más de 183 días al año en el extranjero

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido que la permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo de un año como consecuencia del disfrute de una beca de estudios no puede considerarse como una ausencia esporádica de las que, según el artículo 9.1.a de la Ley del IRPF, computan como periodo de permanencia en territorio español a efectos de ser considerado contribuyente como residente habitual en España.

En cinco sentencias dictadas en los últimos días, el Supremo rechaza otros tantos recursos del abogado del Estado contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que dieron la razón a cinco estudiantes becados en el extranjero por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), y obligaron a Hacienda a devolverles con intereses el dinero que el ICEX les retuvo en su día a cuenta del IRPF (entre 2.000 y 10.000 euros, según cada caso) por ejercicios en los que estuvieron más de 183 días anuales becados en el extranjero.

El Supremo ha fijado en sus sentencias la interpretación correcta de los artículos 8.1.a) y 9.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el primero de los cuales establece que son contribuyentes por dicho impuesto las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, y el segundo que indica que se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, y añade que “para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país”.

La interpretación del Supremo es, primero, que “la permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo del año natural como consecuencia del disfrute de una beca de estudios, no puede considerarse como una ausencia esporádica a los efectos del artículo 9.1.a) de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, esto es, a fin de determinar la permanencia en España por tiempo superior a 183 días durante el año natural y, con ello, su residencia habitual en España”.

Y segundo, que “el concepto de ausencias esporádicas debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio español, sin que para su concurrencia pueda ser vinculado a la presencia de un elemento volitivo o intencional que otorgue prioridad a la voluntad del contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera del territorio español, con clara intención de retorno al lugar de partida”.

Condenado a 15 años de prisión por matar a golpes a su padre en Real de Gandía

La Audiencia de Valencia ha condenado a 15 años de prisión por un delito de asesinato a un hombre que mató a golpes a su padre de 84 años de edad en la vivienda de la víctima en Real de Gandía. La sentencia, emitida tras un veredicto de culpabilidad por parte de un jurado popular, contempla la atenuante de intoxicación etílica y la agravante de parentesco.

Los hechos sucedieron en junio de 2016 cuando, según el relato de hechos probados, el condenado fue a casa de su padre, que vivía solo, y le dio numerosos puñetazos y golpes sobre todo en la cabeza. El anciano, que sufrió fractura craneal con hundimiento óseo y fractura de nariz, murió días después de la paliza a causa de una hemorragia cerebral causada por los golpes.

El TSXG confirma la condena de cuatro años de prisión para un hombre que atacó con un cuchillo a su pareja

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a cuatro años y cuatro meses de prisión por un delito de lesiones con instrumento peligroso, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco, a un hombre que atacó con un cuchillo a su compañera sentimental.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia consideró probado que el procesado había agredido a su pareja cuando ambos se encontraban en el domicilio de una persona mayor que cuidaba la mujer, después de que él se pusiese “nervioso y celoso” cuando la víctima recibió unos mensajes en su teléfono móvil.

El TSXG desestima el recurso de apelación interpuesto por el condenado y concluye que "de ninguna de las maneras" se puede atender al alegato del recurrente, que adujo que fue la propia víctima quien se clavó "un cuchillo accidentalmente sin que concurriera ánimo alguno de lesionar".

La Audiencia de Castellón rechaza archivar la causa contra cuatro médicos por la muerte de un paciente en el Hospital General

La Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción número 4 que da por concluida la investigación y deja preparado para juicio el caso contra cuatro médicos por la muerte de un paciente en el Hospital General de Castellón en 2014.

La Sección Segunda rechaza así el recurso interpuesto por el abogado de los facultativos, que solicitó el archivo de la causa.

Los médicos serán juzgados por un delito de homicidio por imprudencia profesional por la muerte de un paciente que falleció en el verano de 2014 de una meningitis bacteriana tras acudir varias veces a Urgencias donde fue tratado de una lumbalgia.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicita a la Guardia Civil la práctica de varias diligencias en relación con el proceso secesionista de Cataluña

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este lunes una providencia en la que solicita a la Guardia Civil, como policía judicial actuante, la práctica de determinadas diligencias para determinar la eventual responsabilidad de los investigados, así como la posible participación de otras personas, en los hechos que se investigan en el alto tribunal por delitos de rebelión, sedición prevaricación o malversación de caudales públicos.

En concreto, solicita al grupo de policía judicial actuante que practique diligencias tendentes a esclarecer y justificar si hubo un eventual concierto inicial entre los partidos políticos CDC, ERC y las asociaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) y que hayan podido estar orientados a compartir una estrategia para lograr la independencia de Cataluña. Del mismo modo, el magistrado pregunta si estas entidades han sufragado actuaciones acordadas por alguno de estos partidos políticos.

El magistrado quiere que la Guardia Civil recabe los elementos objetivos que puedan existir que indiquen que estos partidos políticos y asociaciones o cualquiera de sus principales integrantes impulsaron, sostuvieron o conocieron sin alterar después sus planes las movilizaciones sociales que se llevaron a cabo como instrumento para lograr o facilitar la declaración de independencia.

El juez reclama también a la Guardia Civil un informe individualizado y secuencial sobre los distintos actos de agresión, daño, así como de grave resistencia o amedrentamiento sufridos en Cataluña con ocasión del proceso secesionista, principalmente los días 20 y 21 de septiembre, 1 de octubre, 3 de octubre y 8 de noviembre, para esclarecer la participación de cada uno de los investigados.

Además, pide al instituto armado un informe sobre las actuaciones concretas desarrolladas por los llamados “Comités de Defensa del Referéndum” y “Comités de Defensa de la República” y por sus responsables, así como un informe sobre los integrantes del Comité Estratégico definido en el documento “Enfocats”.

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos de los que se haya podido disponer para iniciativas administrativas que hubieran sido anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.

Por último, solicita a la Guardia Civil que indague sobre las órdenes dadas por el consejero de Interior catalán en relación con las prohibiciones acordadas por los tribunales sobre los hechos investigados o sobre la inexistencia de ellas.

El magistrado reclama también al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona diversas actuaciones practicadas en relación con el proceso secesionista y que puedan resultar de interés para la causa especial que investiga por los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación de caudales públicos contra los exmiembros de la Mesa del Parlament, los exconsellers y los representantes de ANC y Ómnium.

La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell en el que solicitaba salir de prisión, donde se encuentra desde el pasado 25 de mayo por su presunta implicación en el blanqueo de comisiones ilícitas de los derechos de la selección brasileña de fútbol.

En un auto, los magistrados confirman la situación de prisión incondicional acordada por la juez instructora Carmen Lamela dado que el riesgo de fuga de Rosell, dicen, no ha disminuido y continua investigado por delito de blanqueo de capitales, penado con hasta seis años de cárcel, y corrupción entre particulares. Sin olvidar, apunta la Sala, que los hechos provisionalmente llevan aparejada una subsunción por organización criminal al concurrir en la secuencia que se dilata en el tiempo con varias personas instrumentando sociedades. "Por tanto, el corto periodo de tiempo transcurrido implica que el objetivo o finalidad constitucional pervive, siendo ésta la de imponer al investigado la sujeción al procedimiento y al objeto de conseguir que no se fugue, por lo que el binomio: recurso económicos en el extranjero y tiempo transcurrido obliga a ratificar" la medida de prisión.

El Tribunal considera que las objeciones al recurso podrían haberse visto minoradas con un ofrecimiento económico que afiance la disponibilidad plena del recurrente, "de modo que el quantum de la garantía podría dar lugar a modificar la situación, lo que no es desdeñable en atención a la previsibilidad penológica. Entre tanto, concurriendo los presupuestos y elementos exigidos por los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede mantener la medida de prisión provisional combatida", argumenta la resolución judicial.

El TSJCV condena a 7 años de prisión a un hombre que mató a golpes a su padre en Gilet (Valencia)

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a 7 años de prisión por un delito de asesinato a un hombre que mató a golpes a su padre en noviembre de 2015 en la vivienda de la familia en Gilet (Valencia). El Alto Tribunal Valenciano confirma así la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia, dictada tras un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular. La sentencia aprecia la eximente incompleta de anomalía mental y la agravante de parentesco.

Los hechos sucedieron en el garaje de la vivienda familiar cuando padre e hijo se enzarzaron en una discusión durante la que el condenado golpeó a la víctima varias veces con un bastón en la cara y le rompió todos los huesos nasales. Cuando el padre, de 70 años de edad, cayó al suelo, el penado le dio puñetazos y patadas, e intentó ahogarle, hasta que le propinó el golpe final, junto a la cicatriz que la víctima tenía en el estómago por una intervención quirúrgica que había sufrido.

Tras el asesinato, el condenado lavó la ropa y el calzado que llevaba y limpió el suelo y las paredes del garaje. De madrugada, se fue a un bar, donde pasó varias horas. Al día siguiente llamó a un amigo, a quien le confesó los hechos y acudió a un centro hospitalario de Valencia para que le curaran las heridas que tenía en los nudillos de la mano derecha. El hombre fue detenido durante las curas.

Condenado por estafa a dos años de prisión el administrador de Sara Montiel

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel al administrador de la actriz fallecida Sara Montiel, como responsable en concepto de autor de un delito continuado de estafa.

En cuanto a la responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a los herederos de la actriz en algo más de 344.000 euros.

El Tribunal Supremo confirma las penas a 16 de los condenados por alijo de cocaína en las costas gallegas en 2007

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas impuestas a 16 de los 18 personas condenadas por formar parte de un grupo criminal que intentó introducir en dos planeadoras, a través de las costas gallegas, 2.500 kilos de cocaína en 2007. La sentencia ha absuelto al acusado que construyó las dos embarcaciones que transportaban la droga al considerar que no se ha probado que conociese la operación que se iba a desplegar y, en consecuencia, ha anulado la condena a 10 años de prisión que le impuso por un delito contra la salud pública la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Para el tribunal, no puede mantenerse el argumento de la sentencia recurrida cuando considera indicio de su participación en el tráfico de drogas organizado por el hecho de que en el astillero se construyan embarcaciones que podrían dedicarse a tal delito, porque, con tal razonamiento, la práctica totalidad de astilleros que construyan embarcaciones tipo semirrígidas sufrirían tal acusación de sospecha.

Por otra parte, la Sala Segunda también ha acordado condenar como autor y no como cómplice de dicho delito a uno de los condenados que aceptó figurar como propietario adquirente de las dos embarcaciones que iban a ser utilizadas para el alijo de la droga, por lo que, en su caso, ha elevado de dos años y tres meses a cinco años de prisión su condena. La sentencia incluye un voto particular discrepante del magistrado Julián Sánchez Melgar y otro voto particular concurrente con la decisión de la mayoría del magistrado Alberto Jorge Barreiro.

 

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena deja sin efecto las euro-órdenes contra Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en Bélgica

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este martes retirar las Ordenes Europeas De Detención (euro-órdenes) dictadas contra el expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y que se comunique su decisión a las autoridades belgas, a fin de que dejen sin efecto la colaboración solicitada en su día y solicitándoles la devolución del formulario. Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas porque está investigando un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias.

El juez recuerda que la orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y que una vez emitida, el juez instructor puede ponderar en cualquier momento la conveniencia u oportunidad de su mantenimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que le prestan soporte conforme con su derecho interno y los efectos que esa orden de detención pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en España.

Un delito de naturaleza plurisubjetiva que requiere una respuesta homogénea

En un auto notificado hoy, Llarena explica que los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las oportunas órdenes europeas de detención y entrega se emitieron el 3 de noviembre de 2017 y describe el nuevo escenario que se presenta en este momento. De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes, señala, “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente”.

De otro lado, Llarena recuerda que, una vez acumulada la causa, los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva: “Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.

Según el magistrado, el actual mantenimiento de las órdenes de detención no facilitaría el adecuado desarrollo del proceso “pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco) deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilita una restricción del título de imputación para los que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en ‘peor derecho’ que quienes se encuentran fugados”.

Por ello, en el estado actual de las actuaciones, el magistrado considera oportuno, ponderando los intereses en juego, retirar las órdenes de detención objeto de análisis y renunciar a la petición de colaboración que comportan. Además, el juez entiende que esta retirada no genera ningún gravamen a los afectados por ella, “pues, en la medida en que los encausados se opusieron a que se ejecutara por el Estado requerido el acto de colaboración que analizamos, eso es lo que esta resolución les aporta”.

Contra el auto de Llarena se puede interponer recurso de reforma y/o de apelación.

El juez de Huesca ordena el traslado a Aragón de los Bienes de Sijena

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca ha dictado esta mañana una providencia en la que dispone que se proceda a la entrega de los Bienes de Sijena el próximo día 11 de diciembre de 2017, en caso de que no hubieran sido entregados antes.

En su providencia el juez autoriza al personal técnico y de la mercantil contratada por el Gobierno de Aragón a acceder a las instalaciones del Museo Diocesano de Lérida, donde se encuentran depositadas las piezas, para analizar las operaciones necesarias para su entrega y traslado.

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