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Actualizado: hace 1 hour 11 min

La Audiencia Nacional confirma que existen indicios para juzgar el caso SGAE

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez José de la Mata que ponía fin a la instrucción de la pieza principal del caso SGAE y proponía que fueran juzgadas once personas, entre ellas el expresidente de la entidad, Eduardo Teddy Bautista, por poner en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE” a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a Microgénesis de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores.

En un auto, los magistrados desestiman los recursos presentados contra el auto de transformación a procedimiento abreviado y rechazan de manera "tajante" los epítetos peyorativos que en algunos de esos recursos se emplean contra el instructor, el fiscal o la Guardia Civil "llegando a imputar al Ilmo. sr. juez el actuar de forma delictual, parcial e injusta, lo que excede del legítimo derecho de defensa para adentrarse en una rechazable falta de lealtad para con el órgano judicial e incluso en el insulto".

El Tribunal considera que el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 5 contiene un detallado y pormenorizado relato de hechos que, a juicio del instructor y apreciando lo actuado, imputa a las personas que entiende responsables, tanto en la esfera penal como civil, haciendo una calificación previa a los efectos de determinación del procedimiento.

Veredicto de culpabilidad contra el acusado de matar a un hombre en un bar de Portocristo (Mallorca)

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial ha emitido un veredicto de culpabilidad contra A.M.N. acusado por la Fiscalía de un delito de asesinato y de tenencia ilícita de armas. El Jurado ha considerado probado que en junio del año 2014, en Portocristo (Mallorca), el acusado acudió a un bar regentado por la víctima, que al parecer mantenía una relación sentimental con la esposa del acusado y de manera sorpresiva el acusado le disparó dos tiros con un revólver provocándole la muerte. Los miembros del Jurado se han mostrado no favorables al indulto.

Tras la lectura del veredicto, la acusación pública ha mantenido su petición de pena de 22 años de cárcel para el acusado y una indemnización de 250.000 euros para la mujer e hija de la víctima. La acusación particular se ha adherido a la petición de la Fiscalía. Por otra parte, la defensa del acusado ha pedido la imposición de la pena mínima de 15 años por el delito de asesinato y 1 año por el delito de tenencia ilícita de armas.

El juicio ha quedado visto para sentencia. El magistrado-presidente del Tribunal del Jurado dictará la resolución durante los próximos días.

 

El Tribunal Supremo rechaza suspender la intervención de las cuentas de la Generalitat de Cataluña

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, del pasado 15 de septiembre, y la orden del Ministerio de Hacienda, de 20 de septiembre, que declararon la no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad catalana para el año 2017. La medida cautelar desestimada fue solicitada por la Generalitat de Catalunya mientras se resuelve sobre el fondo de los dos recursos que tienen planteados en el Supremo contra dicho acuerdo y orden, respectivamente.

En dos autos, el Supremo no acepta ninguno de los argumentos esgrimidos por la Generalitat para lograr que se suspendiese cautelarmente la decisión del Gobierno y Hacienda. Así, destaca que no existe riesgo de que la no suspensión provoque la pérdida de la finalidad legítima del recurso ni que vaya a causar perjuicios irreparables. “Ni se producen efectos irreversibles, ni es imposible ejecutar una hipotética sentencia anulatoria del acuerdo impugnado”, señalan los magistrados.

Resaltan además que el destino de los fondos públicos obtenidos a través del Fondo de Liquídez Autonómico debe ser ajustado a Derecho, “y no es ajustado a Derecho que se destinen a financiar una actividad inconstitucional –el mencionado referéndum ilegal-”, lo que refuerza la apariencia de legalidad del Acuerdo ahora impugnado.

“Ni el perjuicio es irreparable, ni la recurrente prueba esta circunstancia y, porque las medidas adoptadas garantizan el interés general y de terceros al asegurar la prestación de los servicios públicos, y no se impide la reversión de la situación y la ejecución de una hipotética sentencia estimatoria”, debe rechazarse la medida cautelar, resume uno de los autos. La Sala añade que el interés general y el de terceros, “al asegurar la prestación de los servicios públicos y preservar la estabilidad presupuestaria, exigen que el Acuerdo se cumpla y suspender este Acuerdo perturbaría gravemente y de forma posiblemente irreparable el interés general”.

El Supremo indica además que en el juicio limitado que es propio del examen de la medida cautelar (donde no se prejuzga el fondo del asunto planteado en los recursos) no se aprecia a primera vista de forma clara los alegatos hechos por la Generalitat contra los acuerdos del Gobierno y Hacienda, como una falta de motivación, desproporción y arbitrariedad de las medidas, falta de cobertura legal o sustracción de competencias al Tribunal Constitucional, ni vulneración de la autonomía financiera de la Generalitat.

El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el despido colectivo en RTVV de 2014

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo considera ajustado a Derecho el Despido Colectivo de 2014 en la Radio Televisión Valenciana. En su deliberación, ha acordado por unanimidad desestimar los recursos presentados frente a la Sentencia de la Audiencia Nacional que ya había desestimado la demanda de CGT.

Se adjunta nota de la Sala.

El jurado declara por unanimidad culpable al acusado del crimen de Gil de Gárate de Logroño

El jurado ha declarado por unanimidad culpable al acusado del crimen de la logroñesa calle de María Teresa Gil de Gárate.

El Tribunal Popular considera probado que el 9 de noviembre de 2015 el acusado se dirigió al número 7 de la logroñesa calle María Teresa Gil de Gárate, donde vivía su expareja con la que tuvo una hija.

El acusado, tras entregar unas ropas de la menor, requirió la presencia del marido de su expareja. Cuando bajó al portal de la vivienda, el acusado le pidió explicaciones por un supuesto “comportamiento inadecuado con la niña”. Éste lo negó y le dijo que le iba a denunciar. El acusado entonces sacó un cuchillo que llevaba escondido y le asestó varias cuchilladas en el cuello produciéndole la muerte.

Poco después el homicida, ya en la calle, vio a una patrulla de la Policía Local y se entregó diciendo “creo que acabo de matar a una persona”.

El fiscal, que en un principio pedía 12 años de prisión, ha rebajado la pena en la vista oral a 11 años de cárcel, 150.000 euros de indemnización para la mujer y 50.000 euros para cada una de sus dos hijos.

Antes de que se retirase el Jurado, el acusado ha perdido perdón y ha asegurado que no es un peligro ni una mala persona.

El Tribunal Supremo avala el Real Decreto de autoconsumo eléctrico y rechaza que exista un "impuesto al sol"

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha desestimado el recurso presentado por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

En primer término, la sentencia considera importante poner de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada. “No hay por tanto, y frente a la expresión que ha hecho fortuna, "impuesto al sol" propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso -como es lo habitual-, la consume efectivamente”, subraya el Supremo.

El alto tribunal estudia la alegación de la entidad recurrente de que el Real Decreto impugnado, en particular los artículos 17 y 18, vulneran el artículo 9.3 de la Ley del Sector Eléctrico, el cual establece que los autoconsumidores ha de pagar "los mismos peajes de acceso a las redes, cargos asociados a los costes del sistema y costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema que corresponden a un consumidor no sujeto a ninguna de las modalidades de autoconsumo". En opinión de los recurrentes, los citados preceptos imputan a los autoconsumidores dos cargos adicionales: cargo variable transitorio y cargo fijo, por la energía consumida y la potencia instalada (en ciertos supuestos). Según las citas y explicación de esa parte, se trata de que los autoconsumidores pagarían más que los restantes sujetos por el ahorro de energía que pudieran alcanzar.

La Sala contesta: “No tiene razón la recurrente cuando afirma que se imponen a los autoconsumidores cargos que no pagan los consumidores ordinarios. La cuestión es que la metodología adoptada para los cargos debidos a los costes del sistema y la función de respaldo del sistema incluye como factor de cálculo la totalidad de la energía consumida, incluyendo por tanto la autoconsumida. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley, que prevé la posibilidad de que el Gobierno establezca reglamentariamente reducciones en los peajes, cargos y costes no peninsulares "cuando las modalidades de autoconsumo supongan una reducción de los costes de dichos sistemas", posibilidad que se reitera en los artículos 17.6 y 18.5 del Reglamento impugnado”.

“En cuanto a la potencia contratada, lo que ocurre es que según las características técnicas del sistema del autoconsumidor, éste podrá contratar o no una potencia (inferior) que no incluya la energía autoconsumida, pero ello depende en último extremo del sistema técnico, en concreto del equipo de medida y del carácter gestionable o no de la instalación de autogeneración que instale el propio sujeto”, agrega la Sala.

Lo anterior -indica la sentencia- evidencia que “no tiene razón la entidad recurrente cuando afirma que los referidos artículos 17 y 18 imponen a los sujetos sometidos a las diversas modalidades de autoconsumo a más cargos que a los usuarios comunes. En efecto, no puede calificarse así el hecho de que la metodología básica aprobada por el Gobierno en dichos preceptos tenga en cuenta como uno los factores de cálculo el total de la energía consumida, incluida por tanto la energía autoconsumida que, como resulta evidente, es un elemento que sólo existe en los usuarios autoconsumidores.

El criterio empleado por el Real Decreto impugnado puede resultar objetable para la Asociación recurrente, pero no supone infracción alguna de la previsión legal del artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico pues no es cierto que el autoconsumo pague más cargas o peajes que el consumidor ordinario”.

El Supremo también descarta que suponga discriminación a los autoconsumidores porque el Gobierno haya eximido de los cargos asociados a los costes del sistema hasta el 31 de diciembre de 2019 los sistemas de cogeneración. “Se trata de usuarios distintos con regímenes diferenciados en función de sus características y que el Gobierno decida por razones de oportunidad o de otro género tal exención, no puede ser objetado como discriminatorio por sujetos de características y problemática distinta”, indican.

Asimismo, la sentencia desestima que los artículos 17 y 18 del Real Decreto sean arbitrarios o generen inseguridad jurídica, y también que el Real Decreto sea contrario al derecho comunitario en materia de fomento de las energías renovables, el mercado interior de la electricidad o la eficiencia energética.

 

La Audiencia de Asturias confirma el embargo cautelar del patrimonio del exlider sindical minero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias, ha desestimado el recurso subsidiario de apelación interpuesto por la representación del ex dirigente sindical minero José Ángel Fernández Villa contra el auto de 29 de mayo de 2017 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo, por el que se acordaban medidas cautelares de carácter patrimonial.

Por tanto se confirman las medidas dictadas por dicho juzgado consistentes en el embargo y bloqueo de las cuentas y demás productos financieros pertenecientes al recurrente y a los restantes investigados, en cuantía superior a 6.000 euros; la prohibición de disponer enajenar o gravar, respecto de los bienes inmuebles que figuran inscritos a nombre del recurrente, así como la prohibición de disponer del vehiculo del que figura como titular.

Este auto, es firme, pues contra el no cabe recurso ordinario alguno.

El exsindicalista está siendo investigado por dicho Juzgado en el marco de la denominada "Operación Hulla" junto a casi medio centenar de personas por distintas irregularidades en la construcción del Montepío de la Minería, en el concejo de Aller, que les podría haber proporcionado un supuesto enriquecimiento personal.

Condenado un jugador del Valencia CF por circular a 148 km/h en un tramo limitado a 50

El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha condenado a A.P., jugador del Valencia por circular a 148km/h en una vía urbana con velocidad limitada a 50 km/h.

El Juez le impone 3.600 euros de multa y le priva del derecho a conducir durante 8 meses después de que el jugador reconociera los hechos.

Se trata de una sentencia de conformidad, después que el futbolistas se declarara culpable de un delito contra la seguridad vial del artículo 379.1 del Código Penal.

 

El juicio por la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016 será a puerta cerrada

El juicio por la supuesta violación grupal denunciada durante los Sanfermines de 2016 se celebrará íntegramente a puerta cerrada. Así lo ha establecido la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra para proteger “el derecho fundamental a la intimidad” de la denunciante, así como para salvaguardar a ella y a los cinco acusados de una “indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual” que pertenecen a la esfera personal.

La Audiencia, además, prohíbe la publicación de información relativa a la identidad de la denunciante o de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, así como la obtención, divulgación o emisión de imágenes de ella o de sus familiares.

Estas dos prohibiciones, según exponen los magistrados, se refieren expresamente a la información incluida en el acta del juicio, que se grabará, y cuyos DVD se entregarán a las partes con el contenido de todas las sesiones de la vista oral, que se va a desarrollar entre el 13 y el 24 de noviembre.

Respecto a los acusados, la Audiencia también prohíbe la obtención, divulgación o publicación de sus imágenes.

El tribunal ha adoptado estas decisiones tras haber solicitado a las partes su parecer sobre la publicidad del juicio. La acusación particular, ejercida por la mujer denunciante, que en el momento de los hechos tenía 18 años, reclamó que todas las sesiones fueran a puerta cerrada y, además, rogó que se prohibiera la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o sus familiares. A esta postura se adhirió la acción popular ejercitada por el Ayuntamiento de Pamplona.

Por su parte, la fiscal del caso planteó que la declaración de la víctima y la reproducción de los vídeos y fotogramas relativos a los hechos debían realizarse a puerta cerrada, y dejó a criterio de los magistrados la presencia de los medios de comunicación y la grabación por estos de imágenes del juicio, un planteamiento al que se unió el letrado del Gobierno de Navarra, personado también en la causa como acción popular.

Las defensas de dos de los cinco procesados, por su parte, demandaron que la vista oral fuera completamente a puerta cerrada, mientras que los otros tres encausados propusieron que el juicio fuera en audiencia pública, salvo la declaración de la denunciante y la emisión de las imágenes, pero requirieron que se impidiera tanto su grabación como la de la denunciante con el fin de garantizar la protección de la intimidad y la propia imagen.

Según expone el tribunal, en virtud de la decisión decretada “para nada se afectan las garantías procesales de los acusados”, ni su derecho de defensa, ya que, entre otras consideraciones, habrá publicidad interna total.

Condenados a 14 años de prisión los agresores del párroco de Santa Rita de Vigo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 14 años de prisión a cada uno de los agresores del párroco de Santa Rita (Vigo) por un delito de robo con violencia y otro de lesiones agravadas. Además de los cuatro años por el primer delito y diez por el segundo, se les prohíbe aproximarse a la víctima, que arrastra importantes secuelas, por un periodo de ocho años una vez cumplida la condena de mayor duración y a indemnizarla con más de 429.000 euros por sus secuelas y lesiones, y con 9500 euros más anuales por gastos de rehabilitación. La hermana del párroco, que ahora se encarga de cuidarlo, también recibirá una indemnización fijada en 60.000 euros.

La sentencia recoge como hechos probados que en la tarde del 8 de octubre de 2016 los dos condenados, guiados "por un ánimo de enriquecimiento ilícito", entraron en la iglesia de Santa Rita de Vigo con el pretexto de solicitar una confesión del párroco. Cuando estaban en el despacho del sacerdote, uno de los hombres le agarró por detrás, mientras que el otro cogía las llaves de la caja de caudales, donde se apoderó de 700 euros. También se hicieron con joyas y el reloj y las gafas de la víctima. Dado que el párroco, octogenario, se resistió, los agresores lo zarandearon y lo arrojaron al suelo, donde "le propinaron varias patadas y golpes en la cabeza".

Los golpes recibidos provocaron al párroco un hematoma subdural agudo que le ha causado múltiples secuelas, como la incapacidad de andar o realizar actividades básicas para la vida, así como "alteración de funciones cerebrales superiores en grado moderado-grave", según se recoge en el fallo judicial.

La Audiencia de Cantabria confirma la condena al hombre que mató a un perro a patadas

  • El Juzgado le sustituyó la pena de ocho meses de prisión por 240 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad
  • La Audiencia estima en parte su recurso para eximirle del pago de las costas procesales de la acción popular, que ejerció la Asociación El Refugio

 

 

Santander, 18 de octubre de 2017.-

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la condena a ocho meses de prisión a un hombre por patear hasta la muerte a un perro con el que su can se había enzarzado.

 

El hombre, condenado por un delito de maltrato a animal doméstico, no tendrá que cumplir la pena de cárcel, ya que su pena fue sustituida por 240 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

 

Además, se le condenó a inhabilitación especial para ejercer profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales durante dos años, y a una indemnización de 4.000 euros para la dueña del perro fallecido, por el valor del animal –un macho de raza Gos D’Atura de siete años de edad- y por los daños morales sufridos.

 

Frente a esta sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penan nº 3 de Santander, el condenado presentó recurso de apelación y ahora la Audiencia resuelve en sentencia firme rechazando su pretensión de  ser absuelto o de que le fuera rebajada la indemnización.

 

Sí prospera, sin embargo, su petición de ser eximido del pago de las costas procesales de la acción popular, que ejerció la Asociación para el bienestar de los animales El Refugio.

 

Explica la resolución que el Tribunal Supremo “ha venido manteniendo la general exclusión de las costas de la acción popular””.

 

Y continúa: “El ejercicio de la acción popular por un ente no imbricado en la dinámica delictiva nunca puede, cuando existe una acusación pública oficial ejercitada por el ministerio fiscal, dar origen a tal forma de resarcimiento que repercutiría sobre el acusado condenado”.

 

Por ello, considera la Audiencia que procede excluir la condena al pago de las costas de la acción popular, “máxime cuando en el presente caso junto a ella ha concurrido activamente tanto la acción penal del fiscal como por la propia perjudicada, que ha ejercitado la acusación particular”.

 

Una pelea entre perros

 

Según relataba la sentencia de instancia, el hombre paseaba con su perro por una calle de Santander cuando éste se encontró con otro can que estaba suelto en la acera, en la puerta de un establecimiento en el que compraba su dueña.

 

Ante la situación de pelea mutua, el hombre, que vestía calzado de montaña, se dirigió al otro perro y “a sabiendas de que podía generarle un grave menoscabo a su integridad física o incluso la muerte”, le propinó varias patadas hasta separarlo de su perro, que no llegó a sufrir lesión alguna.

 

“El acusado, sin embargo, no cesó en su comportamiento”, añade la sentencia, que relata cómo “continuó propinándole repetidas patadas en la zona comprendida entre las patas delanteras y traseras”.

 

Cuando la dueña del animal salió del establecimiento, el perro se dirigió a ella pero “únicamente fue capaz de avanzar escasos metros, cayendo al suelo, convulsionando y falleciendo a continuación”.

 

La resolución que ahora dicta la sala confirma este relato de hechos y concluye que la condena está basada en la “numerosa prueba practicada que se analiza de forma minuciosa a lo largo de la fundamentación de la sentencia”.

 

 

 

 

Credibilidad de los testigos

 

La sala de apelación subraya el cambio de versión por parte del acusado, que en instrucción reconoció que había dado una o dos patadas al perro mientras que en la vista oral negó que le golpeara, y señala que “goza de mayor credibilidad la primera de las versiones dada su mayor cercanía con los hechos”.

 

Por otro lado, en contra de lo que afirmaba el condenado en su recurso, en la versión de la dueña “no se aprecia contradicción”.

 

“Ha venido relatando de forma persistente que al escuchar y apreciar tumulto salió rápidamente del supermercado, pudiendo comprobar cómo el acusado tenía arrinconado a su perro y le propinaba numerosas patadas en la zona abdominal”, añade.

 

Junto a ello, otorga “plena credibilidad” al testimonio de un testigo que presenció los hechos y que describió “con toda claridad” las dos secuencias: una primera en la que el acusado propinó patadas a ambos animales para separarles, y una segunda en la que actuó “con una gran violencia” contra el otro perro pese a que ya se encontraba separado del suyo.

 

Una indemnización ajustada a derecho

 

En cuanto a la petición de que la indemnización sea minorada, entiende la sala que es ajustada a derecho: tanto la que corresponde al valor del animal fallecido como la que responde al daño moral.


En este punto, indica la sala que el perro tenía casi siete años de vida y que su dueña lo había adquirido cuando era cachorro, “lo que hace pensar en la existencia de un fuerte lazo o vínculo afectivo” entre ambos.

 

Además, la mujer “se vio obligada a presenciar cómo el acusado agredía violentamente a su perro, y cómo éste a su llamada acudió hacia ella desplomándose, escena que a buen seguro le generó un impacto emocional relevante que merece ser resarcido por esta vía”, añade la sentencia.

 

La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad de la ley de financiación de RTVE 8/2009 y si se ajusta del Derecho Comunitario

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha preguntado a las partes sobre la procedencia de elevar una consulta al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si determinados aspectos de la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) se ajustan a la Constitución y al Derecho Europeo.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso acuerda preguntar a las partes antes de resolver el recurso presentado por Telefónica Móviles contra una resolución del TEAC que denegaba a la operadora la devolución de una cantidad de dinero que, según Telefónica, constituía ingresos indebidos.

En una providencia, los magistrados dejan sin efecto el señalamiento previsto para votación y fallo de este recurso y dan un plazo de diez días para que las partes se pronuncien.

El Supremo abre causa a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro

La Sala de lo Penal de Tribunal Supremo ha acordado abrir un procedimiento a Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, por presuntos delitos de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho. La Sala designa instructora de esta causa a la magistrada Ana María Ferrer.

En su auto, notificado hoy, la Sala recoge los hechos imputados a la aforada en la exposición razonada enviada por el entonces juez del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
En la misma, exponía que Pilar Barreiro ante las noticias negativas que se publicaban sobre ella en las redes sociales relativas a su participación en delitos de corrupción urbanística se puso en contacto con Alejandro de Pedro para que su empresa realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales, costeando el erario público los trabajos personales de la alcaldesa.

Para la Sala, los hechos más relevantes imputados a la aforada se refieren a la existencia de un supuesto concierto para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y de otro para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.

Respecto al primero, el juez de la Audiencia Nacional recogía en su exposición los indicios incriminatorios que revelaban que Pilar Barreiro asistió a reuniones donde germinó con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena, el plan defraudador, con la puesta en marcha de sus redes sociales y la creación de un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio subrepticiamente. Sobre la existencia del diario y su finalidad, añadía que se refería a la intervención de correos que prueban indiciariamente que Pilar Barreiro conocía el diario digital utilizado para introducir noticias que le favoreciesen.

Según la exposición razonada, los datos incriminatorios obtenidos demuestran que la concertación llegó a ejecutarse mediante la adjudicación a la mercantil MADIVA de un contrato menor que simulaba la contratación de publicidad institucional y el pago, por los responsables del dinero público, de las facturas que iban mes a mes presentándose al cobro bajo el concepto no real de “campaña de publicidad turismo de Cartagena”.

En Cartagena, explicaba el juez Eloy Velasco, la concertación para defraudar se tradujo, con el abuso por Pilar Barreiro de sus funciones al frente del Consistorio, en una lesión efectiva del patrimonio público al culminar el pacto fraudulento con la efectiva apropiación de los caudales destinados a la promoción turística (malversación de caudales públicos).

En relación con la concertación para defraudar a la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el juez daba cuenta de los indicios que revelaban que la aforada participó en la elaboración concordada de un nuevo plan criminal para que esta consejería sufragase subrepticiamente el gasto por los trabajos de reputación más completos que la EICO iba a realizarle a ella y a Pedro Antonio Sánchez por la adjudicación de un contrato de cobertura, con el objeto simulado de “formación”.

En dicha exposición razonada, el juez afirmaba que Pilar Barreiro intervendría directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con la anuencia de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de su jefa, la apoyaron y encubrieron enmascarando el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de educación.

Tras reproducir lo que recoge la exposición razonada en relación con la senadora del PP, la Sala Segunda concluye que la valoración jurídica de los hechos posibles y atribuidos a la aforada “son susceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho”.

 

El juez finaliza la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo y propone juzgar a 45 personas

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo, en el que se investiga la presunta existencia en esa empresa de una actividad planificada dirigida a adjudicarse contratos públicos por medios fraudulentos, y considera que hay indicios para juzgar a 45 personas por las actividades que llevaron a cabo sus directivos y comerciales, así como su red de proveedores. Además, señala a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios.

Según explica que el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento en el sumario), los hechos investigados en esta pieza constituirían los delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

De la Mata señala que la dirección de Fitonovo SL creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.

Relata el juez que la constitución de Fitonovo como empresa legalmente constituida que trabaja en un sector comercial legal puede llevar a considerarla como una empresa que actúa en el tráfico jurídico con normalidad. Sin embargo, indica De la Mata, la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, llevan a concluir que "las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal".

Añade que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal, apunta, desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.

Así, continúa, crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se ocupaba de acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés público en una adecuada prestación de los servicios, además de un grave daño al orden socioeconómico, al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contratación pública, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las prácticas corruptas de la trama.

Las acusaciones disponen a partir de ahora de un plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

 

El Tribunal Supremo rechaza un recurso de RTVE para no informar de los gastos en Eurovisión por perjuicio comercial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Corporación RTVE contra las sentencias de la Audiencia Nacional que confirmaron la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 24 de septiembre de 2015, que instó a dicha Corporación a proporcionar a un ciudadano la información sobre todos los gastos derivados de la participación de España en el concurso Eurovisión 2015, incluyendo las partidas correspondientes a viajes, alojamientos, dietas, vestuario, gastos de delegaciones y acompañantes.

El particular presentó una reclamación contra la desestimación presunta por silencio de su petición de información a RTVE ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, quien dio traslado para alegaciones a la Corporación. Ésta dujo que la petición de información concernida estaba incursa en la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por tratarse de una información que requería una acción previa de reelaboración; y alegó también que la información solicitada no podía ser proporcionada por aplicación del artículo 14.1.h/ de la misma Ley, que limita el acceso a la información cuando el acceso a la misma suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales.

En su sentencia, el Supremo destaca que RTVE no ha justificado que el suministro de la información solicitada exigiese una labor previa de reelaboración específica o un tratamiento previo de la información, más allá de constatar las distintas partidas en que se contengan los datos de los gastos efectuados para participar en el festival de Eurovisión 2015, y en su caso la mera suma de las mismas.

En todo caso, la parte recurrente no ha aportado prueba o justificación alguna de que resultase necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información, añade el alto tribunal.
En cuanto a la limitación del acceso a la información que suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, el Supremo subraya que esas limitaciones “deben ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas”.

Por tanto, añaden los magistrados, “la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración –o, en este caso, de la Corporación RTVE-, pues hemos visto que aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley”. Y, según la sentencia, “lo cierto es que en el caso que nos ocupa no ha quedado justificado que el acceso a la información solicitada pudiese suponer perjuicio para los intereses económicos y comerciales”.

No se cuestiona por el Supremo que la Corporación RTVE sea un operador que concurre en un mercado competitivo como es el audiovisual; “pero, aceptando ese dato, no ha quedado justificado que facilitar información sobre los gastos efectuados para participar en el festival de Eurovisión 2015 pueda acarrear un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, teniendo en cuenta que no se pide información sensible sobre el funcionamiento interno de la Corporación, ni sobre su sistema de producción de programas o estructura de costes; y la solicitud ni siquiera se refiere a un programa de producción propia. En definitiva, no se alcanza a comprender, ni se ha intentado justificar por la recurrente, en qué forma la facilitación de esa información puede perjudicar los intereses comerciales de RTVE o favorecer a sus competidores en el mercado audiovisual”. Siendo esto así, no cabe aceptar una limitación que supondría “un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”.

Los recursos de RTVE contra la decisión del Consejo de Transparencia fueron rechazados sucesivamente por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6, por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia, y ahora por el Supremo. La resolución del Consejo ratificada daba un plazo de 15 días a RTVE para facilitar la información al ciudadano solicitante, con copia al propio Consejo.

 

El Supremo confirma la condena de tres años y seis meses prisión a un empresario de Zaragoza por defraudar más de 1,5 millones a la Seguridad Social

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado contra la sentencia dictada por la Sección III de la Audiencia Provincial de Zaragoza y confirma la condena a tres años y seis meses de prisión, además de una multa de 800.000 euros, a un empresario por defraudar más de 1,5 millones a la Seguridad Social.

El empresario tendrá que abonar una indemnización de 481.113 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. Los hechos considerados probados recogen que el acusado, como propietario y administrador de las empresas Franquicias Silvassa SL, Barca Patrimonio SL, Universal Royal Bussines SL, Anciafrica SL, Cirebon SL, Araouane Hogar SL . conscientemente dejó de abonar las deudas con la Seguridad Social, organizando una sucesión de empresas y una confusión patrimonial mediante la presentación de documentos en los que ocultaba y alteraba datos contables para obstruir la labor de inspección de dicho organismo.

Causas judiciales abiertas en los juzgados catalanes relacionadas con la convocatoria del 1 de octubre

A las 14h del día de hoy, en los juzgados de Guardia de Cataluña constan abiertas las siguientes diligencias previas relacionadas con la convocatoria del día 1 de octubre:

PROVINCIA BARCELONA
• El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha abierto diligencias previas por:
o denuncias de particulares contra Mossos d’Esquadra por inactividad en colegios abiertos para votar
o denuncias por lesiones contra la policía
o Denuncia de la Generalitat de Catalunya contra las actuaciones que la Policía Nacional y la Guardia Civil ha llevado a cabo por todo el territorio catalán durante todo el día.
** La cifra de heridos que tiene contabilizada el juzgado es, por el momento, de 218 personas:
IES Jaume Balmes, c/Pau Claris 121 7
Escola Prosperitat, c/del Molí núm. 59 7
Centre de Formación d'adults Freire, c/Via Favencia núm.254 2
Escola Oficial de Idiomas, Av. Jordá núm. 18 4
Escola Mediterrànea, Paseo Marítimo núm. 5 27
CEIP Tibidabo, c/Joaquím Valls 21-23 2
CEIP Estel, c/Felip II 49-51 18
IES Joan Fuster, Pz. Ferran Reyes núm. 2 10
CAP El Guinardo, c/Teodoro Llorente 26 11
CEIP Ramón Llull, c/ Consell de Cent 490 28
Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament, c/Via Augusta 202 11
CEIP Aiguamarina, c/Casals i Cubero 265 5
CEIP Victor Català, c/De la Font de Canyelles núm. 28 2
IES Pau Claris, C/Passeig de Lluis Companys núm. 18 15
CEIP Els Horts, Rambla Prim 217 2
CEIP Marenostrum, Passeig Valldaura 12 8
Centre Educatiu Prejecte, c/Yebra núm. 10 11
Escoles Pies de Sant Antoni, Ronda de Sant Pau 72 5
CEIP Àgora, c/ del Marne 2 11
Escola de Joves Trinitat Vella, c/Sunyol i Gras 3 2
IES Joan Boscà, Av.Esplugues 40 /Ausias March, Av. Esplugues 38 4
CEIP Mas Casanovas, c/Mas Casanovas 61-63 1
CEIP Tomás Moro, c/Miguel Hernández 7-11 0
CEIP Dolors Monserda - Santa Pau, Av. Vallvidrera 5
CEIP Pau Romeva, c/Pisuerga 1 12
Escola Infant Jesús, c/Avenir núm. 19 5
IES Santa Caterina de Siena/Fedac Horta, carrer Campoamor 49 3

• El Juzgado de Instrucción número 7 de Cerdanyola del Vallès ha abierto diligencias previas por :

o Una causa abierta a raíz de tres denuncias de particulares contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar
o La causa está abierta por un delito de desobediencia y la magistrada ha solicitado información a los Mossos d’Esquadra

• El Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Coloma de Gramenet ha abierto diligencias previas por:
o Una denuncia de un particular contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar

• El Juzgado de Instrucción 4 d’El Prat de Llobregat ha abierto diligencias previas por:
o Una causa abierta a raíz de dos denuncias de particulares contra Mossos d’Esquadra por inactividad en un colegio abierto para votar
o La causa está abierta por un delito de desobediencia y la magistrada ha solicitado información a los Mossos d’Esquadra

• El Juzgado de Instrucción número 4 de Granollers ha abierto diligencias previas por:
o Denuncia de particular por uso de datos personales
o Las diligencias se han mandado a Reparto

• El Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró ha abierto diligencias previas por:
o Revelación de secretos por denuncia de un particular por uso de sus datos
o Una denuncia de un particular contra los Mossos por inactividad en el colegio de votación
o Se han recibido varios informes médicos de los que se han abierto diligencias por delitos leves teniendo en cuenta la entidad de las lesiones.

• El Juzgado de Instrucción número 6 de Rubí ha abierto diligencias previas por:
o Una causa por desobediencia y lesiones a raíz de una detención. El detenido pasó a disposición judicial y se acordó su libertad provisional.

• El Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa ha abierto diligencias previas por:
o Una denuncia por lesiones contra la Guardia Civil

• El Juzgado de Instrucción número 3 de Gavá ha abierto diligencias previas por:
o 4 denuncias por inactividad Mossos por denuncias de cuatro particulares

• El Juzgado de Instrucción número 5 de l’Hospitalet de Llobregat ha abierto diligencias previas por:
o Una causa abierta por lesiones contra la Policía Nacional. La causa se archiva por autor desconocido.

• El Juzgado de Instrucción número 2 de Vilanova y la Geltrú ha abierto diligencias previas por:
o 1 causa por denuncia de dos particulares por acceso a la aplicación web de votación
o 1 causa por denuncia de particular por inactividad Mossos.

• El Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró ha abierto diligencias previas por:
o 8 diligencias previas por delito de lesiones
o 1 diligencias previas por desobediencia contra Mossos
o 1 diligencias previas por revelación secreto
o 1 diligencias previas por atentado contra Guardia Civil
• El Juzgado de Instrucción número 1 de Terrassa ha abierto diligencviaqs previas por:
o 1 denuncia de particular por revelación de secreto por uso de sus datos personales
• El Juzgado de Instrucción número 2 de Berga ha abierto diligencias previas por:
o 2 denuncias de ciudadanos por obtención de sus datos personales

• El Juzgado de Instrucción número 1 de Martorell ha abierto diligencias previas por:
o 1 denuncia de ciudadano por uso de datos personales

• El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha abierto diligencias previas por:
o 1 diligencias previas abiertas por desobediencia por denuncia de particular contra los Mossos por inactividad

PROVINCIA TARRAGONA

• El Juzgado de Instrucción número 3 de El Vendrell ha abierto diligencias previas por:
o Una denuncia contra Mossos d’Esquadra por inactividad
o Dos denuncias contra la Generalitat por permitir la votación

• El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha abierto diligencias previas por:
o 8 diligencias previas abiertas por lesiones

• El Juzgado de Instrucción número 1 de Reus ha abierto diligencias previas por:
o 1 diligencia abiertas por desobediencia por inactividad de los Mossos
o 1 diligencia abierta por uso de datos personales

• El juzgado de Gandesa ha abierto diligencias por:
o 1 Denuncia contra Mossos por unactividad
o Causa secreta
o Entrada al 112 Reus para practicar diligencias acordadas (secretas)

PROVINCIA LLEIDA

• El Juzgado de Instrucción número 2 de La Seu d’Urgell
o Ha abierto diligencias por desobediencia a las medidas acordadas por la magistrada instructora de la sala Civil y Penal en el marco de la querella presentada por Fiscalía contra el Gobierno (que indicaba en auto dictado el viernes 29 de septiembre que se debía “impedir hasta el 1 de octubre la utilización de los locales o edificios públicos –o aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público- para la preparación de la celebración del referéndum” y “requisar todo el material relacionado con el referéndum que, en su caso, estuviera en disposición de introducirse, o fuera hallado de dentro de dichos locales o edificios, incluyendo los ordenadores que constituyan el objeto o instrumento de los delitos que se investigan”) al permitirse la votación, al menos, en siete emplazamientos. Se ha pedido información a Mossos d’Esquadra

• El Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida
o 4 querellas presentadas por particulares por varias actuaciones policiales

o Ha abierto diligencias por los mismos motivos que el Juzgado de Instrucción número 2 de La Seu d’Urgell en relación con los espacios designados en Lleida como colegios electorales por la Generalitat. Se ha pedido información a Mossos d’Esquadra

PROVINCIA GIRONA

• El Juzgado de instrucción número 1 de Sant Feliu de Guíxols ha abierto diligencias previas por:
o 1 denuncia de particular por lesiones por las cargas de Barcelona. El atestado se ha remitido al juzgado de Barcelona.

• El Juzgado de instrucción número 3 de Figueres ha abierto diligencias previas por:
o 1 denuncia de particular por uso de sus datos personales
o 1 denuncia de particular contra alcaldesa Roses por decisiones relacionadas con el 1 octubre

La Audiencia Nacional condena a penas de hasta cuatro años de prisión a cuatro exdirectivos de la CAM

Enviamos sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal que condena a penas de entre 2 años, 9 meses y un día y 4 años de prisión para 4 exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por delito societario continuado de falsedad contable y delito de falsedad en la información a los inversores, por realizar conductas “tendentes a distorsionar las cuentas y balances de la entidad, contribuyendo así a la vulneración del principio de imagen fiel de la CAM, en momentos de grave crisis económica y financiera que se intentó esconder o al menos maquillar”. Los exdirectores generales de la entidad financiera, Roberto L.A. y Maria Dolores A., resultan condenados a 3 años de prisión por el delito societario continuado de falsedad contable.

Al exdirector general de Planificación y Control Teófilo S. se le condena a cuatro años de cárcel por delito societario continuado de falsedad contable (3 años) y delito de falsedad en la información a los inversores (1 año). Respecto al exdirector General de Inversiones y Riesgos Francisco José M.G., la Sala le impone dos años, nueve meses y un día por el delito societario continuado de falsedad contable. El tribunal absuelve a los otros 4 acusados, Modesto C., Vicente S., Juan Luis S. y Salvador O. y absuelve de los delitos societario continuado de falsedad de cuentas, estafa agravada, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad documental formulados por las acusaciones.

El tribunal acuerda también absolver a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo (Fundación CAM) Banco Sabadell S.A. y Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (CASER) de las reclamaciones dinerarias que se les venían formulando.
La sentencia, de 310 folios, considera probado que los 4 condenados son responsables de reflejar en los estados financieros de la entidad una situación económica de beneficios en lugar de las pérdidas que realmente estaba generando dicha entidad de manera que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidad Pública de Banco CAM en el primer trimestre de 2011 presentada ante el Banco de España arrojaba un resultado positivo del ejercicio ( beneficio) de 39 ‘771 millones de euros que no reflejaban en modo alguno la situación real económica de la Caja cuyos resultados a 30 de junio de 2011, preparados por el FROB fijaban en 1.163,493 millones de euros de pérdidas y un ratio de morosidad del 19%.

Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros, según relata el tribunal en su sentencia, resultaban “irreales y espurias” y esa disparidad de cifras, añade el tribunal, “constituyó uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad, por los riesgos que suponía tal situación para el sistema financiero en su conjunto, aparte de la contravención del principio de seguridad jurídico-contable que ello implicaba”.

Respecto a las cuotas participativas emitidas en 2008 la Sala considera que no ha quedado acreditado que algún concreto inversor- personado o no en el procedimiento- haya adquirido, en el período comprendido entre el 1 de marzo del 22 de julio de 2011, cuotas participativas de la CAM fiándose de la supuesta e irreal situación económica normalizada de la entidad emisora de esos valores cotizables y “menos aún, señala la Sala, que los acusados o alguno de ellos, haya maniobrado artificiosamente para , en su propio beneficio, de la entidad CAM o de terceros, determinar la voluntad de algún inversor concreto de adquirir o mantener cuotas participativas en su perjuicio”.

Respecto a Teófilo S., se le condena también por el delito de falsedad en la información contable a los inversores del artículo 282 bis del C.P. porque se le considera responsable del envío desde la CAM a la CNMV de información falsa sobre resultados positivos intermedios para ser publicada como hecho relevante.

En relación con los delitos que venían siendo acusados de estafa a gravada, apropiación indebida administración desleal y falsedad en documento mercantil por las remuneraciones obtenidas como componentes del Comité de Dirección, la Sala les absuelve por una “total ausencia de prueba del acto engañoso, especialmente cuando llama la atención que ninguno de los supuestos engañados ha acudido al juicio a explicar aquel o aquellos supuestos actos de disposición que realizaron por el engaño previo a que fueron supuestamente sometidos”.

Los magistrados destacan el caso de uno de los únicos posibles perjudicados, el Sr. P.S., que compareció al plenario y que a propuesta de su defensa no pudo finalmente prestar declaración testifical por sobrevenida renuncia por parte de su defensa, única proponente. Y ningún otro posible perjudicado, continúa argumentando el tribunal, ha sido llamado al juicio oral para que diera sus explicaciones del supuesto mecanismo de engaño del que fue víctima. Tampoco las partes han podido acreditar ni demostrar actos de apropiación indebida de dinero ajeno, por parte de los acusados.

Absueltos los acusados de responsabilidad civil

La Sala también exonera de la responsabilidad civil a la Fundación CAM, Banco Sabadell y CASER. El tribunal recuerda que en el orden jurisdiccional penal no pueden declararse responsabilidades civiles derivadas de conductas delictivas si éstas no han sido probadas, lo que ocurre en este caso con todas aquellas relacionadas con los delitos patrimoniales y falsarios que no han quedado probados, “quedando –indica la sentencia- a la vía civil correspondiente, si procediere”.

La razón de este vacío probatorio, argumentan los jueces, “estriba en que, al contrario de lo que sostienen las acusaciones, con una gran dosis de incongruencia discursiva, este tribunal tiene el convencimiento de que la crisis y definitiva desaparición de la CAM como negocio financiero no se debió sólo a la actuación irregular de los acusados, sino que deriva de un entorno de crisis económica general, donde muchas entidades financieras- no únicamente bancarias- no superaron sus problemas de liquidez, inestabilidad y expansión”.

Por ello, la Sala concluye que “huelga realizar cualquier pronunciamiento, inmediato o de futuro, sobre responsabilidades civiles a satisfacer por los acusados dimanantes de los delitos cometidos. Y en consecuencia, no procede efectuar declaraciones sobre las responsabilidades civiles que, desde distintas perspectivas, han pretendido las partes personadas”. Por tanto, debe ser la vía civil ordinaria la que habrá de dilucidar la patente controversia existente entre la Fundación CAM y el Banco de Sabadell

 

El Tribunal Supremo confirma que un periodista vulneró el derecho al honor de Pablo Iglesias al criticarle con términos insultantes

El Pleno de Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha resuelto el recurso de casación interpuesto por el periodista Alfonso Rojo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró vulnerado el derecho al honor del dirigente de Unidos Podemos Pablo Iglesias por las expresiones empleadas por el primero en el programa de televisión “La Sexta Noche”, reiteradas en su cuenta personal de Twitter y en el programa “El Cascabel” («chorizo» y «mangante» y «gilipollas»).

El alto tribunal confirma la vulneración del derecho al honor apreciada en la sentencia y casa exclusivamente el pronunciamiento relativo al importe de la indemnización concedida, que reduce de 20.000 euros a 6.000 euros.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro José Vela Torres, tras recordar la jurisprudencia sobre la colisión entre el derecho fundamental al honor y las libertades de expresión e información, considera que el uso de términos insultantes es completamente innecesario para la crítica política y no está justificado por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, que no ampara ninguna facultad para insultar, humillar y escarnecer, tampoco en el caso de que el destinatario del insulto ostente un cargo público y los insultos se realicen con ocasión de polémicas de carácter político.

Añade que las expresiones objeto de enjuiciamiento ni siquiera pueden quedar amparadas por un ius retorquendi [derecho de réplica] consecuencia de la polémica o discusión, con cruce de acusaciones, en la tertulia televisiva, porque tales expresiones fueron repetidas varias veces más por el recurrente, en días sucesivos, en frío, cuando ya no existía ese ambiente de polémica y contradicción. A criterio de la Sala, resulta determinante la desconexión temporal y la reiteración de las expresiones insultantes.

Aunque los dirigentes políticos deben tolerar un nivel de crítica superior a las demás personas, porque con su actividad se exponen voluntariamente a un mayor control, esta mayor tolerancia a la crítica no tiene justificación cuando las expresiones proferidas en su contra son ajenas al fin legítimo de una comunicación vinculada a la disputa y a la crítica de las actividades públicas.

La Sala entiende que estas conclusiones no quedan alteradas por la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 14 de junio de 2016 (caso Jiménez Losantos), porque en dicha resolución se enjuicia esencialmente la reprensión de los hechos por vía penal, circunstancia que no concurre en este caso, y porque el TEDH considera, como también lo ha hecho la Sala Primera, que son admisibles las críticas ácidas e hirientes, pero no afirma que los puros insultos deban ser amparables.

La sentencia desestima el segundo motivo del recurso con el argumento de que, limitado el enjuiciamiento a si tienen amparo constitucional y legal las expresiones controvertidas «chorizo», «mangante» y «gilipollas», la falta de veracidad se refiere solo a los hechos, pero no afecta a las expresiones denigrantes o vejatorias, porque atacan al honor directamente y por sí mismas, con independencia de su veracidad.

Sí se estima el motivo tercero, relativo a la indemnización y, en atención a que no existe una prueba mínima de los parámetros que justificarían la indemnización concedida en la sentencia recurrida y que tampoco es procedente una indemnización meramente simbólica, considera adecuada una indemnización de 6.000 euros. En primer lugar, porque es discutible que alguien que tiene una gran facilidad de acceso a la opinión pública y voluntad de hacerlo en una determinada contienda, pretenda el mismo nivel de protección jurídica de su derecho al honor que quienes carecen de tal posibilidad de autotutela; y en segundo término, porque la ofensa, en sí misma considerada y en el marco en el que se produjo, no fue de especial intensidad.

Se adjunta nota de la Sala.

Ocho y seis años de prisión y multas millonarias a un mediador inmobiliario y a un abogado por defraudar a Hacienda

Otras nueve personas relacionadas con los anteriores han sido condenadas a penas menores por un delito de falsedad, al no haberse podido acreditar que su defraudación alcanzara los 120.000 euros

 

Solo cumplirán tres años de cárcel al aplicarse el artículo del Código Penal que regula la acumulación de condenas

 

 

Santander, 17 de octubre de 2017.-

 

 

La titular del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander ha condenado a un mediador inmobiliario y a un abogado a un total de ocho y seis años de prisión, respectivamente, así como al pago de multas millonarias -1,92 millones de euros en el caso del primero y 1,52 millones en el caso del segundo- por eludir durante años el pago de impuestos como el IVA, el IRPF o el de Sociedades.

 

En una sentencia que ha sido notificada hoy, la magistrada les considera autores de ocho y seis delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y aplica la atenuante de dilaciones indebidas a la hora de fijar las condenas.

 

El cumplimiento de las penas de prisión, en ambos casos, será de un máximo de tres años al aplicarse la regulación en materia de acumulación de condenas.

 

Según el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave, de modo que al imputárseles delitos contra la Hacienda Pública penados con doce meses de prisión cada uno, el cumplimiento efectivo será del triple de dicha pena, esto es, tres años.

 

Indemnizaciones y retirada del derecho a obtener subvenciones

 

Junto a las penas de prisión y a las multas, la sentencia les condena a indemnizar a Hacienda en las cantidades defraudadas.

 

En el caso del mediador inmobiliario, deberá hacer frente a una indemnización de 403.587 euros por defraudaciones por las que sólo él ha sido condenado, mientras que deberá pagar junto al abogado otra de 1,52 millones de euros, por los impagos de impuestos que ambos tramaron.

 

La sentencia también les inhabilita para su ejercicio profesional durante un año y medio, y les retira el derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y tres meses.

 

Otros nueve acusados por defraudar

 

Además de estas dos personas, otras nueve han sido condenadas por delitos de falsedad en documento mercantil, con penas de seis meses de prisión y multas de 720 euros en el caso de siete de ellos, y condenas de dos meses de cárcel y multas de 480 euros en el caso de otros dos.

 

Tal y como explica la sentencia, son personas relacionadas con los dos principales acusados cuya actuación también tenía por finalidad ocultar al fisco beneficios obtenidos en su actividad inmobiliaria pero, sin embargo, no se ha podido acreditar que sus defraudaciones alcanzasen el montante de 120.000 euros.

 

Un “entramado defraudatorio”

 

La sentencia explica en sus hechos probados que el abogado ahora condenado creó en 2003 un “entramado defraudatorio” que ofrecía a particulares y empresas que se dedicaban al tráfico inmobiliario.

 

Según el relato, empleaba “instrumentos de ocultación de los reales partícipes y de las rentas obtenidas” con el fin de “eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el pago de los impuestos derivados de dicha actividad”.

 

Con tal fin, proporcionaba “sociedades instrumentales fantasma, a través de la constitución, reactivación o adquisición de otras existentes carentes de actividad mercantil, infraestructura o patrimonio, dotándolas de administradores que asumen la representación formal en las mismas como testaferros”.

 

De esta forma, lograba mantener “ocultos para el fisco los auténticos beneficiarios de los negocios inmobiliarios”.

 

Para la ejecución de este plan, el abogado logró la cooperación de una persona con escasos recursos económicos, que se convirtió en su hombre de confianza y que no ha sido juzgada en este procedimiento.

 

Esta persona llegó a aparecer como administrador de catorce sociedades y acudía a las notarías para la firma de documentación así como a las entidades bancarias a realizar las gestiones necesarias.

 

 

Así, el abogado santanderino es responsable del impago del IRPF en los años 2003 y 2005, el IVA de los ejercicios 2003 y 2006, y el Impuesto de Sociedades de 2005 y 2006, una defraudación cifrada en 1,52 millones de euros, que es la cuantía de la multa y también de la indemnización que debe pagar junto con el mediador inmobiliario.

 

Por su parte, el otro acusado se dedicaba desde el año 2002 a la compraventa de inmuebles, adquisición y cesión de derechos sobre los mismos e intermediación en dichas transacciones.

 

Con la finalidad de ocultar rendimientos económicos obtenidos o modificar la cuantía de los mismos, desde 2003 este profesional inmobiliario acudió al otro condenado, el abogado creador de la trama.

 

La sentencia condena al mediador por eludir el pago de los siguientes tributos: IRPF de 2003, 2005 y 2007, IVA de 2003, 2006 y 2007, y Sociedades de 2005 y 2006, lo que hace un total de 1,92 millones de euros, la cuantía de la multa que debe abonar así como de la indemnización a la que debe hacer frente -403.587 euros en solitario y el resto junto al citado abogado.

 

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

 

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